Auge y caída de Francisco Ricaurte, el primer expresidente de la Corte Suprema acusado por corrupción

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El país amaneció con el primer expresidente en la historia de la Corte Suprema de Justicia tras las rejas, luego de la anticipada presentación de Francisco Javier Ricaurte al bunker de la Fiscalía General de la Nación, en la tarde de ayer. El exmagistrado de la Sala Laboral del alto tribunal uno de los dignatarios más reconocidos dentro del escándalo por la supuesta venta de decisiones judiciales a aforados constitucionales investigados.

Ricaurte es abogado de la Universidad de Cartagena y tiene dos posgrados en derecho laboral de las universidades Nacional y Javeriana.

Inició su trayectoria en la Rama Judicial en 1982, como citador y escribiente de juzgado en la capital de Bolívar, así como auxiliar judicial de la Procuraduría en esa misma ciudad. También fue juez civil municipal y juez laboral del circuito, magistrado de la sala de descongestión laboral del Tribunal Superior de Barranquilla y magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia.

En el 2004 fue elegido magistrado titular de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y llegó a la presidencia del alto tribunal el 30 de enero del 2008. Ostentando esta alta dignidad calificó de inconveniente la reforma a la justicia impulsada por el Gobierno de Álvaro Uribe y señaló que había una estrategia para deslegitimar las decisiones de la corporación. En ese momento indicó que la justicia era el soporte de la democracia en el país, pero que estaba amenazada “por la estrategia sistemática que, desde otro poder, se viene utilizando para desprestigiarla y, por ese camino, deslegitimar sus decisiones”.

Pero también condenó las interceptaciones de las que fueron víctimas algunos magistrados y reclamó resultados a la Fiscalía General sobre los autores, partícipes y coautores de lo que calificaba como conductas que erosionan la estabilidad de las instituciones.

A finales del 2012, la máxima corporación de la jurisdicción ordinaria, a la que había pertenecido y presidido, lo eligió magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Sin embargo, su elección fue anulada por la Sala Plena del Consejo de Estado a mediados del 2014, por haberse configurado la prohibición constitucional consagrada en el artículo 126 de la Constitución Política, que impide a los servidores públicos intervenir en la elección de quien los designó; la conocida puerta giratoria o “yo te elijo, tú me eliges”, lo cual significó, además, el precedente en la anulación de la reelección de Alejandro Ordóñez Maldonado como procurador.

Estas providencias establecieron que cuando el acceso a los cargos públicos se da por una vía distinta a la elección popular directa, se debe responder a estrictas exigencias de objetividad y transparencia que garanticen, en todo caso, que el acceso al cargo se efectuó en condiciones de igualdad, equidad y mérito y al margen del favoritismo sustentado en prácticas indebidas como el conflicto de intereses y el clientelismo.

Investigación por corrupción

Recientemente, y a solicitud del Fiscal Tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el juez segundo de control de garantías libró orden de captura contra el expresidente de la Corte Suprema, a las 7:20 p. m. La medida se cumplió por comparecencia del mismo abogado a la sede de la Fiscalía General de la Nación.

Así pues, será imputado en las próximas horas  en el complejo judicial de Paloquemao de Bogotá como posible responsable de los siguientes delitos:

  • Concierto para delinquir agravado
  • Cohecho
  • Tráfico de influencias
  • Uso abusivo de información privilegiada

Esta investigación tiene que ver, presuntamente, con una serie de casos de corrupción en la administración de justicia; si bien el ente acusador ha sido cauto al referirse a los hechos que produjeron esta orden de captura, el país conoce que existen acusaciones contra Ricaurte por hacer parte de un entramado que ofrecía congelar decisiones judiciales para favorecer a congresistas, como el senador Musa Besaile, quien ha denunciado que a través del exfiscal Luis Gustavo Moreno recibió presiones de Ricaurte y Leonidas Bustos para que pagará para evitar una orden de captura en su contra, por una investigación por parapolítica, proceso que llevaba el actual magistrado de la Sala Penal, Gustavo Malo.

Es la primera vez que se investiga penalmente a un expresidente de la Corte Suprema y se llega al nivel de su detención, y en este punto es bueno aclarar por qué no fue la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes la encargada de seguir con este caso.

Ayer, el representante investigador Edward Rodríguez anunció la ruptura procesal en este caso, en razón a que las conductas denunciadas y supuestamente cometidas por Ricaurte lo fueron cuando ya no era magistrado, por lo cual se consideró que es la justicia ordinaria la encargada de llevar el proceso.

Para finalizar esta decepcionante semana para Ricaurte, el Comité de Escogencia de la Jurisdicción Especial para la Paz anunció una preselección de los importantes juristas que harán parte de la JEP, a la cual aspiraba el detenido, pero no fue incluido.

Así pues, se espera que la actuación de la justicia en sus diversas instancias le dé al país claridad sobre uno de los escándalos por corrupción que más ha afectado la credibilidad la Rama Judicial en toda su historia.

Fuente: Ámbito Juridico.