Ocupados bienes de ‘Los Tierreros’ o ‘Los Topos’, la organización delictiva señalada de arrasar con zonas de protección ambiental para vender lotes y desarrollar proyectos urbanísticos

El trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio; la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional y el Ejercito Nacional permitió impactar el patrimonio ilegal de la organización delincuencial ‘Los Tierreros’ o ‘Los Topos’, que estaría involucrada en la agresiva deforestación del denominado cordón verde de Villavicencio y la venta ilegal de lotes en esta zona protegida.

En ese sentido, fueron ocupados 25 inmuebles rurales, 11 urbanos y 3 vehículos, cuyo valor supera los 2.500 millones de pesos. Las diligencias se cumplieron de manera simultánea en Bogotá, Hobo (Huila), Combita (Boyacá), Manizales (Caldas) y Cali (Valle del Cauca); y Villavicencio, Restrepo y Barranca de Upía (Meta).

‘Los Tierreros’ o ‘Los Topos’ habrían generado modificaciones al terreno y contaminado las fuentes hídricas, entre otros graves daños al ecosistema de la región. Según la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormarcarena), el área afectada asciende a 7,1 hectáreas, en la que fueron talados 1.164 árboles.

Los terrenos deforestados, al parecer, fueron invadidos, loteados y vendidos fraccionadamente con promesas de redes de servicios públicos. Esta actividad ilícita comercial, presuntamente, era impulsada por una supuesta asociación sin ánimo de lucro que publicitaba y ofrecía los predios para intentar dar apariencia de legalidad al proyecto.

En varias inspecciones se constató el uso de maquinaria amarilla y la presencia de topógrafos, arquitectos y otros trabajadores. Adicionalmente, en el curso de la investigación fue identificado un abogado que sería el encargado de las maniobras fraudulentas en notarias de Villavicencio para concretar la venta de los lotes; y quedó en evidencia un componente armado señalado de intimidar a las personas que se oponían o hacían reclamos al darse cuenta de las irregularidades.

Los bienes afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

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