Gustavo Petro fue demandado penalmente ante la Comisión de Acusaciones por concierto para delinquir y financiación ilegal de campaña
- editora
- junio 15, 2023
- Generales, Nacionales, Politica
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En medio del escándalo nacional por la supuesta financiación ilegal de la campaña presidencial de Gustavo Petro, el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, presentó la primera denuncia penal contra el mandatario ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
“Por solicitud reiterada de la ciudadanía, incluidos veedores y veedurías ciudadanas incoamos la presente solicitud de investigación para que se determine si es responsable o no, conforme a las disposiciones legales respectivas en las esferas disciplinaria, penal, y política”, dice el oficio de la denuncia, citado por Revista Semana.
Pablo Bustos establece que uno de los objetivos de su denuncia es lograr que inicien procesos separados de investigación disciplinaria, penal y juicio político de responsabilidad, derivados de la posible recepción de dinero ilegal para la financiación ilegal de la campaña presidencial del jefe de Estado.
Lo anterior, parte de las múltiples denuncias que ha hecho el medio en mención sobre Laura Sarabia y Armando Benedetti, que les costó sus puestos como jefa de gabinete presidencial y embajador de Colombia en Venezuela, respectivamente. En los casos se habla de la captación ilegal de 15 mil millones de pesos para la contienda electoral del 2022 y de 3 mil millones de pesos en efectivo en la casa de Sarabia, que supuestamente le pertenecían a Petro.
Cronología del escándalo
La tormenta alrededor de Gustavo Petro y su gabinete inició con una denuncia hecha por Marelbys Meza en Revista Semana el pasado 29 de mayo. En una entrevista la exniñera de Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete presidencial, dijo que se había sentido secuestrada, pues la sometieron al polígrafo en la Casa de Nariño tras ser culpada de robar 7 mil dólares de la casa de la funcionaria gubernamental.
“Yo sentía que me iban a dejar ahí, que no iba a volver a salir (…). Me hicieron el polígrafo y me dijeron: ‘Usted se puede burlar de ese aparato, pero de nosotros no. Esta noche no va a su casa, de aquí va presa, y le vamos a hacer un allanamiento a todos sus hermanos y a usted’”, dijo Meza.
El uso irregular del polígrafo a una persona que no hacía parte de los funcionarios estatales causó revuelo nacional. Posteriormente el medio mencionado reveló que la exniñera viajó a Venezuela con el embajador Armando Benedetti, exjefe de Sarabia, quien intentó convencerla para que no ventilara el caso a los medios de comunicación.
El segundo capítulo de esta novela lo protagonizó el fiscal Francisco Barbosa, quien reveló que el teléfono de Marelbys Meza y la empleada doméstica de Sarabia, Fabiola Perea, fueron interceptados ilegalmente en la búsqueda de los responsables del robo.
Barbosa dijo además que desde la Dijín inventaron expedientes contra Meza y Perea, sindicándolas de ser allegadas a alias Siopas, cabecilla del clan del Golfo. Las dos mujeres fueron denominadas como alias la cocinera y alias la Madrina, quienes estaban infiltradas en el círculo cercano del presidente y suministraban información al grupo armado.
“Volvieron miembros del Clan del Golfo a dos personas para escucharlas ilegalmente en Colombia. Para resolver un problema de la señora Laura Sarabia de un hurto en su casa”, declaró el fiscal general de la Nación.
Posteriormente explotó una guerra entre Benedetti y Sarabia, en la que el uno acusaba al otro de filtrar información a la prensa sobre sus vidas privadas y el escándalo de Meza. En el marco de ese nuevo alboroto se filtraron unos audios en los que el embajador le reclama a su exsubalterna por una supuesta indiferencia del presidente hacia él.
“Yo llevo cuatro horas sentado en una silla, me estaba muriendo de rinitis, tú no saliste nunca a un culo, yo llegué a las cinco y a las ocho es que tú haces la llamada (…) Si tú fuiste tan leal a mí, por qué me dejas tirado cuatro horas en una silla, sin irme a preguntar: ¿quiere un café, cómo está usted? Discúlpeme”, le dijo el embajador a Sarabia.
En otro de los audios, Benedetti arremete contra la exjefa de gabinete presidencial y le pide que lo nombren jefe de un ministerio. “Yo no sé como tú no entiendes de que ustedes van en el 30 por ciento en las encuestas y creo que van en 10 (…) no arrancan un culo, no gobiernan, no hacen nada, todo hermético, todo una mierda. Yo estoy reclamando un espacio político y verán que haces con ese reclamo. Que es muy en serio”, expresó Arando Benedetti en una de las grabaciones filtradas por Semana.
La parte más fuerte de las revelaciones de Benedetti es cuando dice que Petro es presidente por él e insinúa que consiguió dinero ilegal para la campaña. “Conseguí 15 millones de barras, te llevé a ti, llevé al hijueputa de Prisa, hicimos 100 reuniones (…) es más, si no es por mí no ganan”, afirmó. Tras eso, el presidente Gustavo Petro decidió remover a Laura Sarabia de su cargo y pedirle la renuncia a Armando Benedetti.
El embajador le dio una entrevista a la periodista Vicky Dávila en la que volvió a insinuar que los 15 mil millones de pesos que mencionaba no eran legales. Cuando la periodista le preguntó que si quienes habían dado el dinero eran narcotraficantes, el embajador dijo: “No eran emprendedores”. En esa misma entrevista reconoció que tenía problemas con el alcohol y la cocaína y dio a entender que el jefe de Estado también tenía incidentes con el consumo de drogas.
Acto seguido, distintas el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría general de la Nación y la Fiscalía General de la Nación citaron a Benedetti y a Sarabia para que declararan en investigaciones que cursan contra la supuesta financiación ilegal de la campaña de Gustavo Petro.
La investigación de la Fiscalía dio un giro inesperado cuando murió el coronel Óscar Dávila, subjefe de seguridad de la Casa de Nariño y encargado del polígrafo, quien había expresado su deseo de declarar respecto al caso de Sarabia y su exniñera.
El oficial de la Policía había enviado una carta a la Fiscalía pidiendo que tomara su versión de los hechos, pero ese requerimiento no fue cumplido de inmediato. Días después el coronel apareció muerto dentro su camioneta mientras su conductor se encontraba en una tienda; inicialmente se habló de un suicidio.
Sin embargo, Miguel Ángel del Río, abogado de Dávila, dijo que antes de la muerte de su protegido, este le había comentado que se sentía perseguido por la Fiscalía, que estaba siendo vigilado y que no quería aparecer en un informe periodístico por corrupción.
El coronel Dávila también había sido contactado por una periodista para que hablara del escándalo, pero se negó a revelar información. No obstante, horas antes de su muerte el policía llamó a la periodista, pero ella no pudo contestar la llamada, dejando en incógnitas lo que le quería contar.
En medio de las investigaciones por la muerte del subjefe de seguridad de la Casa de Nariño, apareció un testigo anónimo citado por Revista Semana, que reveló que el oficial le contó algunos detalles de lo sucedido en el caso Sarabia. “A él (el coronel Dávila) lo contacta el coronel (Carlos) Feria (jefe de Casa Militar de la Presidencia) porque, cuando se sabe lo del monto del dinero, Laura (Sarabia) llama a Feria, y Feria contacta a Óscar (Dávila) y él empieza a hacer todas las actividades. Lo primero que hacen es empezar a hacer las pruebas de poligrafía”, le dijo el testigo anónimo al medio mencionado.
Además la fuente anónima indicó que en la casa de Sarabia habían 3 mil millones de pesos y que ese dinero era del jefe de estado. “La plata era de Petro, eran cinco maletas y 3.000 millones de pesos (…) Dávila me dijo que Petro mandó a Laura a guardarle la plata en el apartamento, ese dinero se perdió, entonces necesitaban que apareciera antes de tener que informarle al presidente que se había perdido”, agregó.
Hasta la fecha se adelantan labores de investigación para establecer si la muerte de Dávila fue un suicidio o un homicidio como dicen algunas partes del caso. Entre tanto, Pablo Bustos marcó un precedente al entablar la primera demanda penal contra el presidente Gustavo Petro por la supuesta financiación ilegal de su campaña.