Como parte de las acciones permanentes para proteger el orden territorial, la movilidad y el entorno rural, la Secretaría de Gobierno de Dosquebradas adelantó un operativo de inspección, vigilancia y control en la vereda La Rivera Baja, en la Serranía Alto del Nudo, donde se realizó el desmonte de parqueaderos improvisados construidos sobre la vía pública.

Estas estructuras habían sido instaladas frente a varias viviendas y estaban generando afectaciones directas sobre el espacio público y el tránsito por este corredor rural. La intervención se desarrolló tras la alerta de la comunidad, que puso en conocimiento de las autoridades la ocupación indebida y el impacto sobre la circulación de peatones y vehículos.

En este contexto, el corregidor del Alto del Nudo, Brayan Estiven Salazar Mejía, reiteró que cualquier intervención debe ajustarse a la norma y contar con los permisos correspondientes: “Toda persona que vaya a realizar una construcción debe solicitar previamente la licencia ante la Curaduría correspondiente. No está permitido ocupar el espacio público y, además, las zonas de protección forestal deben ser respetadas y no intervenidas bajo ninguna circunstancia”.

De acuerdo con el artículo 135 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), construir sin licencia constituye un comportamiento que afecta la integridad urbanística. Por ello, este tipo de actuaciones pueden derivar en medidas correctivas, multas e incluso en la demolición, dependiendo de la afectación generada. Para estos casos la sanción económica puede ascender hasta 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, un poco más de $1800.

Por su parte, el director operativo de la Secretaría de Gobierno, José Alexander Muñoz Duque, subrayó que estos operativos buscan anticiparse a riesgos y garantizar el interés colectivo: “Nuestro compromiso y el del alcalde Roberto Jiménez Naranjo es velar por el respeto al espacio público y atender las denuncias ciudadanas. Estos operativos se realizan para prevenir riesgos, mejorar la movilidad y garantizar que el desarrollo urbano y rural se haga conforme a la ley”.

Finalmente, la Administración municipal informó que continuará desarrollando intervenciones de control en zonas priorizadas, tanto urbanas como rurales, con el fin de preservar los corredores viales, proteger áreas ambientales y garantizar que el crecimiento del municipio se dé con legalidad, responsabilidad y respeto por la comunidad.

El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana faculta a las autoridades para ordenar la suspensión inmediata de obras ilegales, incluso en predios privados, cuando afecten el espacio público, el ambiente o la seguridad de la comunidad.