El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo dio vía a 13 nuevas intervenciones en edificaciones afectadas por el terremoto: 11 demoliciones totales, una parcial y una mixta. Con estas decisiones, el municipio alcanza 33 estructuras que deberán ser atendidas de manera gradual, priorizando los casos con mayor riesgo para la comunidad y aquellos que inciden en la movilidad vehicular y peatonal.
La recuperación de Dosquebradas entra en una etapa en la que los diagnósticos empiezan a convertirse en decisiones sobre el territorio. Después de semanas de inspecciones y valoraciones especializadas, el reto ahora es intervenir aquellos inmuebles cuyas condiciones pueden comprometer a las comunidades, las edificaciones vecinas o el funcionamiento cotidiano de algunos sectores.
Ese proceso dio un nuevo paso durante la sesión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, donde fueron presentados conceptos correspondientes a estructuras ubicadas en Campestre C, La Graciela, Filo Bonito, Vallarta, Guadalupe, La Unión, La Carmelita, Portal del Parque, La Capilla y La Badea.
Cada concepto establece el tipo de actuación requerida según las características particulares del inmueble. A partir de esta evaluación, los casos deberán continuar con los procedimientos administrativos correspondientes antes de que pueda programarse su ejecución.
La siguiente tarea será ordenar las intervenciones. El nivel de amenaza, la exposición de peatones y viviendas cercanas, la incidencia sobre corredores viales y las necesidades de otros servicios públicos serán algunos de los factores que determinarán qué estructuras serán atendidas primero.
El alcalde Roberto Jiménez Naranjo señaló que la capacidad financiera del municipio obliga a concentrar inicialmente los recursos en los casos más urgentes: “Desafortunadamente, los recursos son pocos para atenderlas, pero vamos a avanzar con las intervenciones que requieren mayor prioridad. Empezaremos con el edificio del sector de La Capilla y con la panadería ubicada en Guadalupe, diagonal al colegio, para poder avanzar lo más pronto posible y permitir que nuestros estudiantes regresen a las aulas de clase de manera presencial”.
Puntualmente, La Capilla presenta una prioridad asociada a una edificación de cinco niveles que presenta afectaciones estructurales severas y pérdida de verticalidad. Su fachada tiene riesgo de colapso hacia la avenida Simón Bolívar, situación que llevó a recomendar una demolición total y controlada. En Guadalupe, por su parte, la intervención adquiere un componente adicional, avanzar sobre la estructura ubicada cerca de la institución educativa permitirá despejar una de las condiciones que actualmente inciden en el regreso presencial de los estudiantes.
De esta manera, las demoliciones empiezan a tener efectos que van más allá del retiro de estructuras deterioradas. Algunas permitirán recuperar seguridad sobre vías y zonas residenciales; otras ayudarán a reactivar actividades que permanecen limitadas por las condiciones posteriores al terremoto.
Cabe aclarar, que las demoliciones las adelanta la Administración Municipal con recursos propios y no representan ningún cobro para los propietarios de las edificaciones. También es importante señalar que antes de iniciar cada trabajo es necesario establecer el método de demolición más adecuado, delimitar las áreas de influencia, implementar los controles de seguridad y coordinar el posterior retiro de escombros. La programación avanzará progresivamente conforme se completen los procedimientos requeridos y exista disponibilidad operativa y presupuestal.
Finalmente, Dosquebradas continúa transformando los resultados de las evaluaciones técnicas en actuaciones concretas, priorizando aquellas capaces de eliminar riesgos y devolver condiciones de funcionamiento a sectores que todavía sienten directamente los efectos del terremoto.
Dato de interés
Una demolición no comienza únicamente con la identificación de un daño. Cada inmueble debe contar con valoración técnica, concepto que determine el alcance de la intervención, revisión dentro de la ruta de gestión del riesgo y las actuaciones administrativas correspondientes antes de que pueda programarse su ejecución.
