A la cárcel siete presuntos integrantes del ala criminal de la organización ilegal La Inmaculada
- editora
- abril 20, 2024
- Generales, Nacionales
- Álvaro Restrepo Arenas, Cargos, Cauca, Dávinson, Delitos, FEBRERO, ILEGAL, Integrantes, múltiples, OFICINA, Organización, Responsabilidad
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La Fiscalía General de la Nación judicializó a siete presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizada ‘San Pacho 2’, que delinque para la estructura criminal La Inmaculada o La Oficina; y a la cual se le atribuyen múltiples delitos cometidos en Tuluá (Valle del Cauca).
De acuerdo con la investigación, liderada por un fiscal especializado de la Seccional Valle del Cauca, los procesados estarían implicados en la venta de estupefacientes, constreñimiento a comerciantes y en dos homicidios ocurridos en febrero y mayo del 2023.
Las labores de policía judicial, adelantadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín evidenciaron que ‘San Pacho 2’ también controlaría la venta de estupefacientes al menudeo en dicho municipio.
Las acciones ilegales estarían coordinadas por cabecillas del grupo ilegal quienes vendrían delinquiendo desde las penitenciarías en las que están privados de la libertad por distintos delitos.
Nueve diligencias de registro y allanamiento realizadas en los barrios La Inmaculada, Bosques de Maracaibo y en la invasión Peñaranda fueron capturados: Manuel Alejandro Castro Piñeres, alias Oso T; Jhon Nicolás Ramírez Echeverry, alias Nicolás; Dávinson Javier Granados Rengifo, alias Dávinson; Óscar Alirio Herrera Salazar, alias Alirio; Julián Andrés Ortiz, alias Care Puño; Héctor Estiven Naranjo, alias Soldado; y Jhon Jader Granados Lugo, alias Granados.
La Fiscalía General de la Nación logró establecer que ‘San Pacho 2’ es una estructura criminal asociada al grupo delincuencial La Inmaculada.
Los procesados fueron imputados, según sus responsabilidades individuales, con delitos como: homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, constreñimiento ilegal y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Ninguno de los investigados aceptó su responsabilidad frente a los cargos.
Por petición de la Fiscalía el juez del caso impuso a los investigados medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.