Contralor General suspendió al Alcalde de Sincelejo

Por un presunto sobrecosto del 100% en la adquisición de 1 millón 322 mil 700 tapabocas convencionales por parte de la Armada Nacional, la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $992 millones de pesos contra el Comandante de la Base Naval ARC Bogotá, Capitán de Navío Jaime Gómez González; la directora de Seguridad y Salud en el Trabajo de esta misma unidad, Capitán de Fragata Magda Constanza Moreno Doncel; y el representante legal de la empresa contratista Medivalle SF SAS, Anderson Gaminera Angulo.

Adicionalmente, el organismo de control abrió procesos de responsabilidad fiscal contra 6 mandatarios territoriales: por casi $312 millones contra la Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González; por más de $942 millones contra el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle; por $1.051 millones contra el Alcalde de Sincelejo (Sucre), Andrés Eduardo Gómez Martínez; por $1.107 millones contra el Alcalde del Municipio de Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve Álvarez; y otro por más de $229 millones contra el Alcalde del Municipio de Coveñas (Sucre), Rafael Antonio Ospina Toscano.

Todos estos procesos se abren por presuntos sobrecostos en la ejecución de contratos que suscribieron sus administraciones como consecuencia de declaratorias de Urgencia Manifiesta realizadas a raíz del Covid-19.

Al mismo tiempo, el organismo de control anunció la apertura de 40 indagaciones preliminares también por el tema de posibles sobrecostos, en contrataciones por el Covid-19.

Las decisiones fueron adoptadas por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal y algunas Gerencias Departamentales Colegiadas de la CGR.

Proceso Fiscal contra Alcalde de Sincelejo, suspendido por el Contralor General

Aplicando el principio de verdad sabida y buena fe guardada, el Contralor General de la República suspendió al Alcalde de Sincelejo, Andrés Eduardo Gómez Martínez.

La CGR abrió proceso de responsabilidad fiscal en cuantía de $1.051.748.446 contra este mandatario como consecuencia del daño al patrimonio del Municipio de Sincelejo derivado de sobreprecios y la entrega incompleta de algunos elementos que conformaban los 26.666 kits que debían ser entregados a población vulnerable a través de los contratos 003 de 2020 y 004 de 2020.

Estos contratos tenían por objeto entregar kits de alimentos no perecederos a la población vulnerable para contrarrestar los efectos económicos que generó la cuarentena declarada por el Gobierno Nacional para evitar la propagación del virus Covid-19

Se encontraron sobreprecios en los productos que conforman los kits, que oscilan entre el 28% y 164% (dando un promedio de 52,36%).

Así mismo, en relación con la entrega incompleta de productos, se tiene que no fueron entregadas 66.665 libras de fríjol dejando a 13.333 familias que recibieron los kits sin dicho alimento. Así mismo en 906 kits no se entregó el aceite, así como tampoco se entregaron 18.644 libras de lenteja y 3666,5 libras de sal.

Dentro de este proceso de responsabilidad fiscal, fueron vinculados como presuntos responsables fiscales: el alcalde del municipio de Sincelejo, Andrés Eduardo Gómez Martínez; el supervisor del contrato, Leonardo Beltrán Pinto; la gerente de Estrategia Covid-19, María Teresa Vergara Merlano; así como los contratistas Surtiviveres Comercializadora y Distribuidora SAS. y Abastos y Fruver el Paraíso SAS.

Los contratos 003 de 2020 y 004 de 2020 fueron   celebrados entre la Alcaldía de Sincelejo y las empresas Surtiviveres Comercializadora y Distribuidora SAS y Abastos y Fruver El Paraíso SAS respectivamente.

Cada uno de estos contratos tiene el mismo valor ($1.999 millones -el cual fue ajustado mediante otrosíes a la suma de $1.769.489.095, como consecuencia de la modificación de la prestación de transporte puerta a puerta por transporte a un punto de acopio).

Y los dos contratos tienen idéntico objetivo: suministrar (en cada caso) 13.333 kits con alimentos no perecederos para población vulnerable del municipio.

Estos contratos se suscribieron en el marco de una declaratoria de urgencia manifiesta, por lo que el proceso de selección fue el de contratación directa y no se contó con estudios previos.

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