El presidente de la República Iván Duque y el ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz, firmaron un decreto 1058 del 7 de septiembre de 2020, que determina que las personas que se encuentran privadas de su libertad deberán pagar por su mecanismo de vigilancia electrónica.

En el decreto se lee que «cualquier persona que sea beneficiaria del mecanismo de vigilancia electrónica, estará obligada de acuerdo con su capacidad económica a cancelar la tarifa establecida por el Gobierno nacional para su asignación y uso».

No obstante, hace la salvedad respecto a la capacidad de pago del mismo. «Sin embargo, la imposibilidad de pagar la totalidad o una parte de la tarifa de asignación y uso no impedirá el acceso al mecanismo de vigilancia electrónica o la elegibilidad para su otorgamiento, en cuyo caso estará a cargo del Gobierno nacional».

Los brazaletes actualmente tienen un precio de 700 mil pesos, pero que reduciría sus costos con los nuevos equipos.

Por su parte, el mayor general Mariano Botero, director general del Inpec, añadió que “este brazalete se le entrega a personas que están próximas a cumplir su condena, estamos hablando de 3/5 partes de sus delitos y haya tenido un buen comportamiento, aquí se le entrega el dispositivo que va unido en sus extremidades inferiores”.

El ministro de Justicia explicó que el costo que asumirán los internos solo es por la asignación y uso de los sistemas de vigilancia electrónica, más no se estarían vendiendo estos dispositivos a las personas privadas de la libertad.