Dos personas fueron enviadas a la cárcel por presunta extorsión

Dos personas fueron privadas de la libertad en centro carcelario, por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada bajo la modalidad de falso servicio, del que fueron víctimas 8 personas en Valle del Guaumez, Puerto Asís y Orito (Putumayo).

Los detenidos en un trabajo conjunto entre servidores del CTI componente Gaula Militar y la Policía fueron Luz Mariela Avendaño Amaya, de 49 años de edad y David Alexánder Ramos Ortegón, de 22 años de edad, en Soacha (Cundinamarca) y Bogotá, respectivamente.

Así mismo fueron imputados Jaime Rey Moreno quien se encuentra detenido en la cárcel de Sogamoso (Boyacá) y Viviana Paola Rodríguez, detenida en la cárcel Buen Pastor de Barranquilla, (Atlántico) por otros hechos.

Las cuatro personas habrían reclamado entre sí más de $34.000.000 de las víctimas en mención, quienes se encuentran referenciadas en seis noticias criminales que fueron conexadas al encontrar la similitud en los hechos y la mención de los procesados por las víctimas en todos estos hechos ocurridos en enero del año 2022.

Así operaban

Según el despacho especializado de la Seccional Putumayo que los investiga, su modus operandi consistiría en usar la modalidad de falso servicio contactando a una empresa determinada con el fin de solicitar el transporte, en su mayoría de ingenieros o de víveres a zonas alejadas como veredas de Puerto Asís o el bajo Putumayo donde hay pozos petroleros.

Una vez la víctima llegaba al lugar indicado y que los falsos clientes estuvieran seguros que se encontraban en la zona, recibía la llamada de un sujeto que se identificaba como el comandante Antonio de las disidencias de la Farc, quien le cuestionaba por su presencia en la zona, le pedía el permiso de movilidad y los datos de la empresa y de la familia para corroborar la información que le había dado.

Y es así como presionaban a sus víctimas exigiéndoles sumas cercanas a los $18.000.000 a cambio de no atentar contra su vida, incendiar el camión o secuestrarlos sacándolos del país hacia Ecuador.

El caso matriz del cual se desprendió esta investigación fue denunciado por un ciudadano quien indicó que el 7 de enero del año pasado, un hombre que se identificaba como comandante Antonio le llamó a celular exigiéndole una gruesa suma de dinero como multa porque uno de sus trabajadores que había ido a recoger a un supuesto ingeniero, ingresó a la zona y comenzó a tomar fotos donde había personal armado, echando a perder una reunión que llevaba cuatro meses planeando con una petrolera.

Por tanto, para recuperarlo a él y a la camioneta que conducía debía pagarle consignando a nombre de Rey Moreno. La víctima envió mediante una empresa de giros la suma de $7.600.000.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos enrostrados por el delegado fiscal.

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