Dosquebradas aprueba Plan de Contingencia para atender la población víctima del conflicto

Uno de los principales resultados del balance entregado en el Comité de Justicia Transicional fue la aprobación del plan de contingencia, una herramienta clave para activar de manera oportuna ayudas humanitarias inmediatas, y con la cual se brindó atención a 187 personas en 2025. Además, se emitió un concepto favorable en materia de seguridad y se socializó la caracterización de 700 víctimas del conflicto a través de la Oficina de Víctimas.

La Alcaldía de Dosquebradas, a través de la Secretaría de Gobierno, desarrolló el primer Comité de Justicia Transicional del año, un espacio estratégico para coordinar acciones institucionales a favor de la población víctima del conflicto armado y hacer seguimiento a las condiciones de atención, protección y garantía de derechos en el municipio.

Durante la jornada, las autoridades informaron que actualmente no existen reportes sobre presencia de grupos al margen de la ley dentro del territorio. De igual forma, la Policía Nacional y el Ejército emitieron un concepto favorable en materia de seguridad, lo que permite avanzar en procesos de reubicación para personas afectadas por desplazamiento forzado, bajo condiciones que ofrezcan mayores garantías de protección.

En este contexto, Dosquebradas sigue siendo un municipio receptor de población víctima, con un registro cercano a las 17 mil personas. La mayoría de quienes llegan en busca de apoyo provienen de departamentos como Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, lo que exige una respuesta institucional constante y articulada frente a sus necesidades más urgentes.

Sobre este proceso, Genny Pérez, coordinadora del programa de Víctimas de la Secretaría de Gobierno, explicó: “El municipio viene llevando a cabo la atención inmediata, en cumplimiento del marco normativo, para atender las familias que llegan remitidas por parte del Ministerio Público, y la Administración hace esa activación, una parte psicosocial y otra en recurso económico”.

Esa atención ha significado resultados concretos durante la presente vigencia. En 2025 se invirtieron $65 millones en ayuda humanitaria inmediata, beneficiando a 187 personas pertenecientes a más de 70 hogares. A ello se suma la atención reciente en 2026 brindada a 15 hogares, equivalentes a 38 personas, reafirmando la capacidad de respuesta frente a situaciones que requieren acompañamiento urgente.

Además de la atención inmediata, durante el comité también se dio a conocer que programas sociales de Prosperidad Social, como Colombia Mayor, se vienen pagando de manera oportuna, y que el municipio ha recibido cerca de $3.000 mil millones dirigidos a procesos de indemnización para víctimas, una cifra que representa un avance importante en materia de reparación.

Otro de los puntos destacados fue el trabajo de caracterización adelantado a través de la Oficina de Víctimas. Solo el año anterior fueron registradas más de 700 personas, un ejercicio que resulta fundamental para mejorar la focalización de la oferta institucional y responder con mayor precisión a las realidades de esta población.

Cabe destacar que la sesión contó con la participación de autoridades civiles, organismos de control, fuerza pública y entidades comprometidas con la garantía de derechos, así como de la Mesa Municipal de Víctimas, instancia que cumple un papel fundamental en el seguimiento, vigilancia y cumplimiento de las acciones dirigidas a esta población.

Finalmente, con este comité, el municipio reafirma una línea de trabajo que no solo se centra en la atención inmediata, sino también en la articulación institucional necesaria para responder de manera más efectiva a una población que sigue enfrentando profundas afectaciones. La justicia transicional, en este sentido, no se limita a una instancia técnica, sino que se convierte en una herramienta para coordinar esfuerzos, fortalecer rutas de atención y dignificar la vida de quienes han sido golpeados por el conflicto.

Dato de interés

Para la vigencia actual, se cuenta con un presupuesto cercano a los $80 millones destinados a la atención inmediata de la población víctima del conflicto armado.

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