Fiscalía desarticuló una banda dedicada a la expedición de certificados de revisión técnico mecánica a vehículos que no cumplían requisitos

Por los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y obtención de documento público falso, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Caldas, judicializó a 10 personas capturadas por la Policía, entre ellas, empleados de dos Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) de Manizales. 

De acuerdo con el material probatorio recaudado, algunos de los hoy procesados tenían funciones como seleccionadores, quienes al parecer se encargaban de captar a las personas con fallas en sus vehículos y ofrecerles el certificado de revisión técnico mecánica a pesar de que no cumplieran con los requisitos de ley.

Luego, a través de Whatsapp, un empleado del CDA era contactado para recibir las indicaciones del cliente que llegaría y, dependiendo de las fallas que el vehículo presentara, cobraban entre $10.000 y $40.000. Al ingresar al centro de diagnóstico, llevaban los carros a la plataforma de revisión y luego les expedían su certificado.

De acuerdo con la investigación adelantada desde febrero de 2019, durante el tiempo que esta red de corrupción operó alcanzó a recaudar $3´810.000, producto de la actividad ilícita.

Mediante labores de policía judicial como vigilancias y seguimientos, y la interceptación de comunicaciones, se evidenció cómo los integrantes de la banda contactaban a los clientes y su modus operandi. 

Los procesados son: Juan Carlos García Cardona (presunto cabecilla), alias Juan K; Jhon Alexánder Torres Parrado, alias Queso; Kevin Andrés Marín Zapata, alias Camarín; Jesús María Cifuentes Arcila, alias Chucho; Federico López Ocampo, alias Fidodido; Jorge Julio Cardona Giraldo, alias El Mono; Jaime Márquez Herrera, alias Copito; Carlos Humberto Henao Henao, alias Don K; Fabián Serna Londoño, alias Mofle; y Diana Patricia Gil Ramírez, alias Enfermera. 

Durante las diligencias judiciales aceptaron cargos Henao Henao, López Ocampo, Serna Londoño y Márquez Herrera.

Al término de las audiencias, un juez de control de garantías les dictó medida no privativa de la libertad a los investigados, pero todos continúan vinculados al proceso.

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