Fiscalía impacta a red delincuencial señalada de alterar medicamentos para tratar el cáncer, el VIH, la artritis y las denominadas enfermedades raras o huérfanas

La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a una red que habría constituido un entramado ilegal para adquirir, alterar y comercializar medicamentos de uso institucional o los catalogados como vitales, que no están disponibles en el país y son utilizados para tratar enfermedades de alto costo o las denominadas ‘raras’ o ‘huérfanas’.

En diligencias de registro y allanamiento realizadas en Bogotá y Barranquilla (Atlántico) fueron capturados 13 de los posibles integrantes de la organización e incautados algo más de 800 kilogramos de medicamentos. Los procedimientos fueron realizados por personal del CTI, con apoyo del Gaula Militar, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y peritos especializados.

La estructura, al parecer, obtenía medicamentos vencidos y descompuestos que ingresaban ilegalmente al país, los trasladaba en precarias condiciones y como encomiendas a Bogotá; y les modificaban las fechas de caducidad, lotes de fabricación y registros para darles la apariencia de un producto auténtico para tratar enfermedades como el cáncer, el VIH, la artritis, entre otras. De esta manera, los comercializaba a clínicas, hospitales, hogares geriátricos y proveedores de Bogotá, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Caquetá.

Igualmente, se estableció que la red habría sustraído de varios centros asistenciales medicamentos oncológicos de uso institucional y conseguido que fueran reemplazados por las medicinas alteradas.

En algunas oportunidades, los articuladores de la red contactaban pacientes y los inducían a presentar tutelas para que les fuera reconocida la importación de medicamentos. Posteriormente, cuando los peticionarios recibían el fallo a favor, mediante intermediarios, lograban que les entregaran los productos en mal estado que habían sido modificados.

Judicialización

Fiscales del Grupo de Propiedad Intelectual de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentaron a los 13 capturados ante jueces de control de garantías y les imputaron los delitos de: concierto para delinquir, usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales; corrupción de alimentos, medicamentos o material profiláctico; y enajenación ilegal de alimentos. Cuatro de los procesados aceptaron cargos.

Los investigados son:

Diana Carolina Bernal Ferro y Luis Andrés Ramírez Villegas, representantes legales de dos farmacéuticas utilizadas para almacenar y vender los productos modificados.
Nidia Elena Parody Vásquez, coordinadora de una comercializadora de productos farmacéuticos.
Elma Johana Espinosa Narváez, gerente de compras de un Instituto Prestador de Salud señalada de vender e intercambiar los medicamentos. Tendría contactos con EPS y centros asistenciales.
Jaime Alirio Bernal Bautista, Emanuel Ramírez Correa, Elías Ignacio Cifuentes León, Néstor Javier Ruiz Correa, Edilberto Antonio Casadiego Ibarra, Alfonso Hernández Pinto, Álvaro Pedraza Jaimes, Carlos Armando Colorado Bermejo y Álvaro Vizcaino de la Hoz. Estas personas habrían participado en diferentes actividades como la obtención, transporte, alteración y almacenamiento de los medicamentos, además de otros aspectos logísticos y comerciales.
Diana Carolina Bernal Ferro y Jaime Alirio Bernal Bautista también estarían involucrados en el pago de dádivas para conseguir licencias y registros necesarios para importar tratamientos. En ese sentido, adicional a los delitos imputados a los demás señalados integrantes de la estructura, la Fiscalía les formuló el cargo de cohecho por dar u ofrecer.

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