Fiscalía imputa al exgobernador Mauricio Aguilar, por posible direccionamiento de contratos en favor de aportantes a su campaña electoral

La Fiscalía General de la Nación imputó a exgobernador de #Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, por presuntamente direccionar en favor de conocidos suyos la subcontratación de dos convenios interadministrativos suscritos por la gobernación con un canal público de televisión de la región por valor de 8.593 millones de pesos.

Ante el Tribunal Superior de Bogotá se presentó el exgobernador de Santander Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado. Allí el exmandatario fue imputado por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, cargos no aceptados.

La investigación, adelantada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, recaudó elementos probatorios que demostrarían la presunta responsabilidad de Aguilar Hurtado en el direccionamiento de contratos en favor de terceros.

Se trataría de dos convenios interadministrativos suscritos por la gobernación con el canal público de televisión regional (TRO). El primero fue suscrito el 11 de septiembre de 2020; y el segundo, el 18 de mayo de 2021. El valor total sería de 8.593 millones de pesos y su objeto habría sido estipulado para posicionar la imagen institucional, “Siempre Santander”.

Según la investigación, en los procesos contractuales se habría incurrido en anomalías tales como la usencia de la necesidad para contratar, pues la iniciativa surgió de una propuesta hecha por el canal de televisión, no se contó con estudios de mercado en cuanto a los costos de cuñas, piezas y espacios publicitarios.

Tampoco se contó con plan de medios, ni se estableció el impacto a alcanzar, además se omitió la necesidad de publicación del trámite contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop). Asimismo, no se habría verificado la idoneidad, ni experiencia, entre otros.

De la misma manera, la fiscalía evidenció que para el momento de los hechos la gobernación contaba con numerosos profesionales en distintas disciplinas comunicativas y periodistas que estaban en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, sin contar también la página web, los comunicados de prensa y redes social para realizar la difusión institucional, sin acudir a terceros.

Las irregularidades detectadas causaron un detrimento patrimonial que alcanza los 3.644 millones de pesos.

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