Fiscalía interviene dos complejos ilegales dedicados al sacrificio de ganado vacuno y porcino

Como parte de las acciones investigativas definidas por la Fiscalía General de la Nación en defensa de los recursos naturales, se conoció información sobre el funcionamiento de mataderos clandestinos en el Magdalena Medio donde se obtenía y coordinaba la distribución de carne de res y de cerdo a distintas entidades y organizaciones de Antioquia y Santander.

Un equipo especializado conformado por peritos y unidades de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional se trasladó a las veredas La Cóndor y Limoncito, en Yondó (Antioquia), y constató la existencia de dos complejos ilegales donde era sacrificado ganado vacuno y porcino a gran escala sin los permisos de ley, y en medio de precarias condiciones de salubridad.

En las verificaciones fueron encontrados en corrales 44 cerdos, 24 vacas y un búfalo; y se incautaron cerca de tres toneladas de carne. De igual manera, se estableció que la actividad ilegal afectó el suelo, y aceleró un proceso de perdida de vegetación y erosión por el abandono indiscriminado de pieles, cascos y otras partes de los animales.

De igual manera, se evidenció que en los dos predios no había tratamiento de aguas residuales y las fuentes hídricas recibieron una carga contaminante producto del vertimiento de líquidos. A esto se suma la presencia se aves de carroña, insectos y malos olores.

La Fiscalía estableció que estos centros de sacrificio operaban sobre un corredor ecológico para especies silvestres, como el manatí; y estaban ubicados en una Zona de Reserva Campesina, donde no se pueden desarrollar labores industriales.

Por estos hechos, fueron capturadas en situación de flagrancia nueve personas, entre ellos Juan Carlos León Cuellar y Luis Alfredo Melgarejo Blanco, los propietarios de los mataderos; y Lino José Hernández Páez, administrador de uno de los inmuebles.

Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de contaminación ambiental; y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.

Las investigaciones continúan para establecer las redes de distribución ilegal de la carne y tener claridad sobre la entidades u organizaciones que compraban el producto.

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