Fiscalía judicializó a 11 presuntos integrantes de la organización delincuencial Los Wawi, señalados de tortura y extorsión en una estación de policía

Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación judicializó a 11 presuntos integrantes del grupo delincuencial común organizado Los Wawi, por los delitos de concierto para delinquir agravado por darse para la extorsión y tortura, extorsión agravada, tortura y lesiones.

Tras un año de investigación, se evidenció que este grupo delincuencial torturaba y realizaba exigencias económicas a varios capturados de la estación de la Policía Nacional de Riohacha (La Guajira).

Asimismo, se estableció el rol que cumplía cada uno de los procesados, entre los que se encuentran ocho personas privadas de la libertad en establecimientos carcelarios de la Guajira y Sucre. Ellos, al parecer, eran los encargados de enviar mensajes de texto y realizar llamadas a los familiares de las víctimas, a quienes les pedían entre cincuenta y ciento cincuenta mil pesos, a cambio de no atentar contra la vida de los internos.

Se presume que, uno de los procesados que se encontraba recluido en la estación de policía vendía puestos al interior de las celdas para dormir, estupefacientes; además de ser el encargado de las agresiones a quienes se negaban al pago. Finalmente, otros dos hombres, al parecer, suministraban los alucinógenos y retiraban el dinero de las extorsiones.

En un trabajo coordinado entre la Fiscalía y la Policía Nacional fueron notificados en la cárcel de Rioacha: Richard Elías Brito Altamar, José Manuel Álvarez Uriana, Aldrin Manuel Arias Barros, Aldair José Ceballos Hincapié, Andrés David Cárdenas Fernández, Luis Mario Rafael Cotes Cuadrado y Osnaider Antonio Bautista De La Hoz; así como Yaniris Paola Peña Martínez en el centro penitenciario de Sincelejo.

Asimismo, fue notificado en la estación de policía de Riohacha, Carlos Andrés Cárdenas Fernández.

Mientras que, en vía pública de esa localidad fueron capturados Sergio Luis Otálora Rangél y Manuel Antonio Otálora Marín.

En audiencias concentradas el juez de control de garantías privó de la libertad a 10 de los procesados. Mientras que Otálora Marín fue asegurado en lugar de residencia.

Ninguno de los investigados aceptó su responsabilidad en los delitos imputados por la Fiscalía.

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