Impactada organización Los Robles con la captura de ocho personas por hurto a través de medios informáticos

Por los delitos de concierto para delinquir, hurto por medios informáticos y semejantes y acceso abusivo a un sistema informático la Fiscalía General de la Nación logró en el Tolima la judicialización de ocho personas señaladas de pertenecer a un grupo de delincuencia organizada conocido como Los Robles a quienes se les atribuye el hurto de más de $600 millones.

Ellos son: Jairo Alonso Vélez Carmona, de 32 años; señalado como el líder del grupo delictivo; Yerson Javid Bonilla Trilloz, de 25 años; Mildre María Miranda Blanquicett, de 30 años; Rufino Gómez Alvarado, de 83 años; Briceida de Jesús Ramírez Escorcia, de 47 años; Candelaria del Carmen Benavides Aguas, de 40 años, Jenifer Jiménez Bonilla, de 30 años de edad y César Augusto Estrada Ramírez, de 31 años de edad.

Al primero le fue impuesta medida de aseguramiento intramuros mientras que al resto de sus compañeros domiciliaria mientras avanza la investigación en su contra.

La Fiscalía cuenta con elementos materiales probatorios suficientes para demostrar la culpabilidad de los procesados que, haciéndose pasar por personal de soporte técnico de una reconocida empresa de mensajería y encomiendas con presencia nacional, engañaban a sus víctimas para ingresar de manera abusiva a sus computadores y así a sus cuentas extrayendo millonarias sumas de dinero que posteriormente eran repartidas en diferentes cuentas a nombre de terceros.

El ente acusador a través de un despacho de la Estructura de Apoyo de la Seccional Tolima tiene documentadas ocho noticias criminales las cuales fueron conexadas al identificar el mismo modus operandi entre el año 2017 al año 2022 en El Espinal e Ibagué, Tolima; Pradera, Valle del Cauca; Villa de Leyva, Boyacá; Bogotá y Tena, Cundinamarca y Neiva, Huila.

Cada uno de sus integrantes desempeñaría un rol específico destacándose entre ellos el presunto líder quien sería el encargado de acceder abusivamente al sistema a través de una herramienta de acceso remoto desde donde procedía a crear remitentes con datos inexistentes y se dispersaría el dinero.

Igualmente haría uso de un corresponsal bancario para transferir dinero sin dejar trazabilidad, actividad ampliamente demostrada en los elementos materiales de prueba y evidencia física recaudada por la policía judicial del CTI.

Otros se desempeñarían como ‘pitufos o drops’, encargados de abrir cuentas para recibir el dinero producto del ilícito, actividad en la que se tienen identificadas cerca de 20 personas situadas en su mayoría en la Costa Atlántica.

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