Judicializadas 9 personas por presuntas transferencias ilegales en un CAMU por más de $500 millones

Luego de la labor adelantada por un Fiscal Seccional de la Unidad de Estructura de Apoyo (EDA), nueve personas fueron imputadas por el delito de peculado por apropiación en concurso heterogéneo con transferencia no consentida de activos, en calidad de autores y cómplices, cada uno según su participación en el hecho ilícito.

De acuerdo con el ente investigador, en el Centro de Atención Médica de Urgencias (CAMU), San Rafael del municipio de Sahagún (Córdoba), habrían instalado en el computador de la tesorera, un programa para conectarse vía remota y así acceder a una cuenta corriente del CAMU.

De esta manera violentaron el sistema de seguridad y realizaron ocho transferencias virtuales a otras cuentas bancarias de personas que no tenían ningún vínculo con ese centro de salud. Las transferencias financieras ilegales tuvieron un valor de $515’000.000 millones.

La gerente encargada y representante del lugar fue quien instauró la correspondiente denuncia ante las autoridades por estos hechos ocurridos el 16 de mayo de 2022.

El 21 de junio en curso fueron realizadas las capturas de los imputados, simultáneamente, por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y el Gaula Militar en vías públicas de Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Medellín y Gamarra (Cesar).

Las personas señaladas de presuntamente participar en el hurto digital, denunciado el 18 de mayo del año anterior fueron identificadas como:

Manuel Antonio Rojas Miranda, Luis Miguel Pérez Barreto, Dante David Collante Saavedra, Carmen Julia Tipón Hurtado, Noris del Carmen Rocha Cabarcas, Armando Alfonso Aya Millán, Luis David Hernández Acosta, Diana Carolina Ayús Cervantes y José Gregorio Mercado Ochoa.

Tras las audiencias concentradas un juez promiscuo municipal con funciones de control de garantías de Sahagún, cobijó con detención preventiva en establecimiento de reclusión a Carmen Julia Tipón Hurtado, mientras que a Diana Carolina Ayús Cervantes y Noris del Carmen Rocha Cabarcas les impusieron medida de detención preventiva domiciliaria.

Los demás imputados fueron cobijados con medidas de aseguramiento no privativas de la libertad.

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