Judicializado exgobernador por las irregularidades detectadas en un contrato que buscaba mejorar el clima laboral en los colegios

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, con función de control de garantías, al exgobernador de Vaupés, Roberto Jaramillo García; y le imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros.

Los hechos investigados están relacionados con un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, suscrito el 14 de diciembre de 2015, con el objeto de mejorar la convivencia, el compañerismos y la armonía laboral entre docentes, directivos y personal administrativo de los colegios del departamento.

Los elementos de prueba obtenidos por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia indican que, antes de iniciar el proceso contractual, el exmandatario presuntamente ordenó que el contrato quedara en manos de un amigo suyo. Esta disposición, al parecer, desencadenó múltiples anomalías en los estudios previos, los cuales no describieron la necesidad a satisfacer ni los costos, tampoco brindaron la posibilidad de escoger una opción más favorable.

Adicionalmente, los estudios impusieron una modalidad de contratación directa, descartando la participación de otros oferentes; y fijaron el valor general en casi 120 millones de pesos, sin que existiera la disponibilidad presupuestal para cubrir ese rubro. En ese sentido, para reunir la suma indicada se tomaron dineros que estaban dispersos en la Secretaría de Educación.

En la fase preliminar se definió que las actividades que servirían para mejorar el clima laboral se realizarían entre el 21 y el 31 de diciembre de 2015, y beneficiarían a 382 docentes y 168 trabajadores del área administrativa. Sin embargo, no se contempló que esos días correspondían al periodo de vacaciones y el personal no iba a estar disponible.

De otra parte, el contratista no habría acreditado la experiencia y capacidad técnica para ejecutar lo previsto, ni aportado los documentos exigidos por la ley para soportar la celebración del contrato.

Finalmente, la evidencia indica que el objeto definido no se cumplió. Para simular la asistencia masiva a supuestas capacitaciones y charlas de convivencia y fortalecimiento del clima laboral, al parecer, se presentaron planillas con los nombres y firmas de los integrantes del magisterio que participaron a un evento deportivo, realizado con anterioridad.

En medio de estas y otras irregularidades detectadas, fueron desembolsados un poco más de 103 millones de pesos al contratista, generando un detrimento patrimonial para el departamento.