Judicializado gobernador de Putumayo por presuntas irregularidades en contrato de ambulancias suscrito al amparo de la emergencia por el Covid-19

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización del gobernador de Putumayo, Buanerges Florencio Rosero Peña, como presunto responsable de irregularidades y sobrecostos detectados en un contrato del 1º de abril de 2020 para la compra de 10 ambulancias medicalizadas para el departamento, por $3.460.634.610 para atender la pandemia por el Covid-19.

En las audiencias iniciales se demostró que el decreto de calamidad pública, que serviría como fundamento en la contratación, expedido por la Gobernación de Putumayo (Decreto 111 del 13 de marzo de 2020), se profirió antes de la declaratoria de la Emergencia Económica Social y Ecológica en todo el territorio nacional por parte del Gobierno Nacional (Decreto 417 del 17 de marzo de 2020).

Por tal razón, una fiscal de la Delegada Ante la Corte Suprema de Justicia imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público en contra del mandatario departamental, y solicitó medida de aseguramiento de detención preventiva consistente en detención domiciliaria.

La investigación evidenciaría un presunto direccionamiento del contrato hacia un único proponente, Carrocería Innovas SAS, con un supuesto sobrecosto por $1.064.626.310 el cual se reflejaría en el valor de las ambulancias, conforme a los criterios de especificidad, tiempo y calidad.

Adicionalmente, se demostraría que el contratista, a pesar de su idoneidad, no tendría los vehículos disponibles para la fecha y plazo del contrato, pero sí habría recibido el pago del 50% del valor del mismo como anticipo, contrario a las normas de contratación vigentes.

Respecto al cargo por presunta falsedad en documento público, al parecer, los documentos contractuales previos para sustentar la compra habrían sido elaborados en mayo 22 de 2020, es decir, serían posteriores al trámite del contrato.

El direccionamiento estratégico del Fiscal General, Francisco Barbosa Delgado, ha permitido avanzar en la lucha contra la corrupción por las presuntas irregularidades en la destinación de los dineros públicos en todo el territorio nacional.

Otros investigados

Por los mismos hechos, la Dirección Especializada contra la Corrupción imputaría los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público en contra de cuatro funcionarios de la Gobernación y un particular.

Los afectados serían el actual secretario de Salud, Jorge Alberto Molina Giraldo, quien sería el que suscribió el contrato; el jefe de la Oficina de Contratación de la Gobernación, Julián Mauricio Moreno Gómez; las supervisoras del contrato, adscritas a la Oficina de Prestación y Desarrollo de Servicios de la Secretaría de Salud Departamental, Gloria Fanny Chávez Cadena y Alexandra Benavidez González; y el representante legal de Carrocerías Innova SAS, Rubén Darío Suárez Saavedra.

Ante la contundencia del material probatorio presentado por la Fiscalía, el despacho judicial acogió la solicitud, avaló la imputación e impuso la medida solicitada.

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