Judicializados siete presuntos integrantes de una red encargada de comercializar estupefacientes

Con el fin de contrarrestar los delitos de afectan a niños, niñas y adolescentes en Manizales y Villamaría (Caldas), la Seccional Caldas de la Fiscalía judicializó a siete personas durante la Operación Totora dirigida a atacar las acciones de las redes dedicadas a la venta de estupefacientes.

Se trata Gloria Ubelsa Cardona Flores, alias La Mona; presunta cabecilla de la organización; Nasly Vanesa Díaz Cardona; William Andrés Gómez Arias, alias Santa; Adriana Carolina Montero Blanco, alias La Gorda; Alberto José Rojas Ochoa, alias Veneco; Héctor Germán Bedoya Muñoz; alias El Mono; y Olga Patricia González Castro.

Según la investigación los procesados serían responsables del comercio ilegal de bazuco y marihuana en los barrios Camilo Torres, Malhabar, Los Agustinos de Manizales del vecino municipio de Villamaría (Caldas).

Acciones de policía judicial como seguimiento a personas, interceptación de comunicaciones y labores de vigilancia evidenciaron cómo alias la Mona sería la encargada de conseguir las sustancias ilícitas que luego distribuiría entre los presuntos integrantes de del grupo delincuencial.

Los investigados serían encargados de vender al menudeo las sustancias ilegales en lugares cercanos a las viviendas donde eran almacenadas las drogas, en entornos escolares a estudiantes y a domicilios a donde eran enviados las dosis por las que cobraban entre 5.000 y 10.000 pesos. También fue posible establecer que el transporte de los alucinógenos se hacía en vehículos de servicio público con el fin de burlar la acción de las autoridades.

Según la investigación al interior de la organización los integrantes cumplían roles determinados para adelantar las acciones ilegales.

Durante las diligencias de registro y allanamiento fueron incautados 11 millones de pesos, bazuco, cocaína y marihuana, una moto, 10 celulares y 3 grameras.

Los siete detenidos aceptaron cargos por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y destinación ilícita de bien inmueble. Seis de los procesados fueron cobijados con medida de aseguramiento intramuros. A González Castro le fue concedido el beneficio de detención domiciliaria.

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