Judicializados tres hombres por estafa agravada por hechos aislados

Jesús Andrés Torrado Arévalo, Oswaldo Ortiz Valencia y John Sebastián Ruíz López, fueron judicializados por la Fiscalía General de la Nación por el delito de estafa agravada, que habrían cometido en hechos aislados contra ciudadanos que engañarían bajo diferentes modalidades, comprometiéndose con entregarles a cambio dinero o automotores, lo cual jamás sucedió.

Sus capturas se hicieron efectivas por investigadores del CTI del Grupo EDA de la Seccional Tolima, con el apoyo de la Policía Nacional y el Ejército en diferentes puntos de Ibagué.

Los casos

A Jesús Andrés Torrado Arévalo, de 34 años de edad, le fueron imputados hechos ocurridos en octubre de 2022 en la capital tolimense, cuando mediante engaños, habría obtenido para su provecho un vehículo particular tras hacer una permuta con un joven de 25 años de edad a quien le entregó otro vehículo, el cual contaba con una orden de inmovilización a causa de un embargo.

Posteriormente, desaparecería con el automotor de la víctima e igualmente lo habría comercializado. Por estos hechos le fue impuesta medida de aseguramiento domiciliaria.

Por su parte, Oswaldo Ortiz Valencia, está siendo investigado por presuntamente ofertar mediante redes sociales vehículos, los cuales, al parecer, comercializaba de manera irregular rodantes que no eran de su propiedad, y se presentaría con diferentes nombres ante las víctimas.

Con posterioridad lo rodantes transados eran incautados a sus víctimas, acumulando bajo este modus operandi cinco casos donde resultarían afectados igual número de ciudadanos.

Debido a la gravedad de la conducta cometida le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario, de manera preventiva.

Finalmente, la Fiscalía presentó ante un juez con funciones de control de garantías a John Sebastián Ruíz López, de 28 años de edad, por presuntamente comercializar vehículos con pendientes judiciales.

Algunos de ellos estaban pignorados a nombre de entidades bancarias; otros les pertenecerían a empresas dedicadas a rentarlos, que finalmente eran comercializados en la capital Tolimense. Finalmente les eran incautados a las víctimas por órdenes de inmovilización de diferentes autoridades, afectando así el patrimonio de por lo menos 7 personas.

Una de ellas fue un hombre residente en otra ciudad quien habría entregado al investigado la suma de $ 29.000.000 en agosto del año 2022.

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