MANCUSO PIDE AUDIENCIA PÚBLICA

«A propósito del proyecto de Ley de Sometimiento presentado por el Gobierno Nacional para trámite parlamentario y, en general, sobre el carácter y las rutas para lograr lo que el gobierno denomina “paz total”, solicito muy respetuosamente a los 16 representantes a la cámara escogidos para liderar la agenda de paz y de víctimas que, en el marco de sus competencias y compromiso con la paz de Colombia, convoquen a una audiencia pública en el Congreso de la República para que quienes participamos en negociaciones con el Estado con ocasión del conflicto armado y político colombiano, con el fin de formular nuestras reflexiones, sugerencias y perspectivas, para que conozcan de los aciertos y fracasos en los procesos de paz que han llevado a la prolongación y persistencia de la violencia, a fin de contribuir con esa tarea colosal de la paz total. Tarea que no puede quedar alojada en las manos exclusivas del Alto Comisionado para la Paz. Ese es un desafío de país, que nos demanda la participación de todos, pero especialmente, de quienes participamos como responsables o como víctimas en este conflicto armado.

Sobre esta petición quiero compartir con ustedes mis motivaciones y preocupaciones para solicitarla.

Hace un par de días el Alto Comisionado para la Paz, señor Danilo Rueda, concedió una entrevista a un medio de comunicación en la cual hizo referencia a su política de paz total. En ella planteó y corroboró gran parte de estas preocupaciones que sé, no son exclusivamente mías. Son tres aspectos que quiero compartir con ustedes como punto de partida de este diálogo que creo, con absoluta certeza, ustedes deberían liderar:

1. El gobierno nacional, dice su Alto Comisionado, está haciendo lo mismo que hicieron gobiernos anteriores y puso de ejemplo mi intervención en el Congreso de la República en el año 2004, indicando que las suspensiones de órdenes de captura de aquel entonces aplican de la misma manera para la figura de gestor de paz o facilitador. Si es lo mismo entonces estamos frente a un entrampamiento, porque eso fue lo que ocurrió con el gobierno de Álvaro Uribe. Con mentiras, como lo ha hecho el Estado en  todas sus negociaciones de paz, desmovilizan las organizaciones armadas para luego dejarlas a merced de la inseguridad jurídica y física, la extradición y el gatillo de los enemigos y verdugos de la paz. Es urgente que hablemos de manera pública, responsable y clara sobre las condiciones que se requieren para lograr una desmovilización con garantías de reincorporación integral y efectiva a la sociedad, que elimine los factores de persistencia que avocan a la reincidencia y el rearme y que salvaguarde la soberanía nacional. Esto significa hablar de la extradición con el mismo entusiasmo con el que hablaron cuando no querían que extraditaran a Jesús Santrich.

2. El Comisionado de paz define su estrategia de paz total sobre la base de la implementación del Acuerdo del Teatro Colón con las FARC exclusivamente. Craso error que denota una actitud ideologizada, un deseo de resolverle la situación a Ivan Márquez y del ELN –haciéndole recuperar el carácter político que se le diluyó cuando entró de lleno en el negocio del narcotráfico– pero desconociendo que en este siglo se firmaron dos grandes acuerdos que han configurado el escenario de paz y conflicto en Colombia; el de Ralito con las AUC y el de La Habana con las FARC. Los dos aún sin implementar totalmente.

Esa omisión consciente del Comisionado, tiene que ver con la incomodidad que les produce reconocer que aquí hubo otro actor armado de carácter político que fueron las AUC y que el Estado suscribió un acuerdo del cual hice parte y que se incumplió casi en su totalidad. Que el estrepitoso fracaso de ese acuerdo propició el surgimiento del Clan de Golfo y otras organizaciones que operan en todo el territorio nacional. Desconocer eso es desconocer a quienes tienen hoy las armas, su historia y su carácter político. Porque si hay disidencias en el lado de la insurgencia, también hay disidencias por el lado de las Autodefensas, y todas ellas comparten como mínimo dos elementos. Uno, que tienen control territorial real y suplantan al Estado en muchos lugares del país, es decir, son un actor político en esas regiones. Dos, que son el resultado de acuerdos incumplidos y falta de garantías.

3. En ese sentido, el tercer elemento que me parece debe ser controvertido en el marco de la discusión sobre la Ley de sujeción, es la asimetría con la cual pretenden tratar a los grupos armados. La misma con la que quisieron en su momento desvirtuar la negociación entre el Gobierno de Uribe y las AUC. Despojar a las Autodefensas de su carácter político fue el mayor error que pudieron cometer y que nos tiene de vuelta inmersos en este conflicto. La diferencia es tan tendenciosa que se cae de su propio peso.

Ni las organizaciones post paramilitares son un grupo de bandidos sin más, ni las disidencias incluidas el ELN son organizaciones político militares como se conocieron antaño. Todas tienen control territorial, todas suplantan al Estado en algunos territorios del país, todas ejercen control social y político y todas, sin excepción, se financian del narcotráfico. Definir con precisión y equilibrio su carácter político con el nivel de degradación de los conflictos armados territoriales es un imposible. Pero definirlos por un criterio exclusivamente ideológico una temeridad. Justificar el delito político dependiendo de si el actor es de izquierda o de derecha, desconoce el papel político de quien lo enfrenta, y de paso exacerba y legitima la violencia. Con un marco jurídico incluso más garantista por lo menos en papel– es que la desmovilización de las AUC se convirtió en un proyecto frustrado, así las cosas, no quiero pensar que puede pasar con esta Ley de sometimiento que lo único que le garantiza a los rearmados es cárcel, extradición o muerte.

Al señor presidente de la República le expresé todo nuestro interés de acompañar ese proceso y recibí de manera pública su beneplácito. Sin embargo, en la práctica todo se ha quedado frenado en el ensimismamiento del Comisionado de Paz, que las únicas voces que escucha son las de los asesores de las FARC y al parecer desconoce que los rearmados de las autodefensas, hoy generan más del doble de la violencia que las disidencias de las FARC y el ELN juntos. Sin todas las voces, sin todas las experiencias, será muy difícil que puedan construir una ruta realista, ponderada, viable para la desmovilización de las organizaciones armadas y para resolver las causas que las promueven. En tal sentido, y tratando de avanzar en un diálogo constructivo, quiero proponerles tanto al Congreso de la República como al Gobierno Nacional, una conferencia regional inicialmente – con los países Latinoamericanos sobre cultivos ilícitos y narcotráfico donde podamos participar, aportar y proponer alternativas quienes nos servimos de esas economías ilegales para financiar la guerra.

En cualquier caso, mi llamado es a que nos escuchen, a que reconozcan que tenemos una experiencia valiosa que sería útil compartir, que nuestra entrada al conflicto no fue un capricho, que estamos hace años en la tarea de resarcir pero que ese proceso debe estar acompañado de un lugar en la sociedad. Ese lugar señores congresistas y señor Presidente, empieza por un diálogo político para terminar con esta confrontación armada.

Señor presidente, Congresistas, la historia no miente, los hechos hablan por sí solos. El Estado al día de hoy no ha sido capaz de ejercer control territorial en aquellos territorios donde operan los grupos armados, sean unos u otros. Ese control territorial implica que tales organizaciones suplantan y asumen las funciones del Estado, ese sólo elemento les debería indicar que reduciéndolos a bandidos o criminales no van a promover desmovilizaciones masivas ni definitivas. Invariablemente después de cada uno de los procesos de paz adelantados con guerrillas y autodefensas, en todos sin excepción, los territorios que estos actores dominaron quedaron en manos y bajo control de las disidencias y rearmados de esas mismas organizaciones ilegales y no del Estado. Todo este esfuerzo, sin correcciones ni amplitud de miras, darles un trato preferente a unos y discriminatorio a otros, es la crónica de una paz fracasada. es el preludio de lo sucedido en Ralito y un llamado a incitar la violencia que finalmente se convierte en el azote de las poblaciones por parte de los actores excluidos.

El incumplimiento de lo pactado en Ralito, la obsesión con la extradición y recibir un trato desigual condujo a todo este conflicto, al rearme y la retoma de territorios y poblaciones que entregamos al Estado quienes nos desmovilizamos.

Señor presidente de la República, Señores Representantes a la Cámara por las curules de paz, señores presidentes de Senado y Cámara, mi esperanza de un cambio real e incluyente pasa por que garanticen un debate constructivo, responsable y serio sobre la búsqueda de la paz, que tenga en cuenta todas y cada una de las causas que mantienen vigente el conflicto armado, debate que si no es del gusto del Alto Comisionado, espero lo asuma el Congreso de la República en cabeza de las y los Representantes de las curules para la paz. A todos ustedes, todas mis consideraciones.

Con respeto, Salvatore Mancuso G.», manifestó el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

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