Matar al mensajero (o no): de quién es la culpa de los bulos en la política

En un mes, entre abril y mayo, elegiremos a los representantes en las Cortes, de los que saldrá el Gobierno, a los alcaldes de todo el país, 13 presidentes autonómicos y a nuestros representantes en el Parlamento Europeo, en un momento de encrucijada política: multipartidismo, inestabilidad, crisis económica y social cuya fractura está sin cerrar, un conflicto divisivo en Cataluña y una Unión Europea en crisis con el Brexit y acuciada por un creciente populismo desintegrador.

En este escenario, el fenómeno de las noticias falsas impacta a todo el mundo y unos apuntan a la responsabilidad de los otros: los bulos no existirían si no los crearan los políticos, si los medios de comunicación hicieran bien su trabajo, si los ciudadanos estuvieran formados o si alguien se encargara de educar su criterio informativo y castigar al manipulador. ¿Qué parte de la responsabilidad corresponde a cada uno? Podemos intentar arrojar luz al debate.

Partidos políticos: ¿qué hacen con las redes?

Veinte de marzo, cuarenta días antes de las elecciones. El Partido Popular lanza una campaña, #VentealPP, para que los ciudadanos interesados en su mensaje se registren y reciban y envíen información a través de Whatsapp. Unos días antes, el candidato de Más Madrid a la Comunidad, Íñigo Errejón, puso en marcha una campaña telefónica, con decenas de miles de llamadas a contactos publicados en las páginas blancas, para pedir al ciudadano permiso para recibir una llamada posterior del propio Errejón o alguien de su equipo y conocer sus propuestas.

Los partidos intensifican sus estrategias en internet en estas plataformas de maneras no exploradas antes. La gran batalla electoral en redes sociales se desplazará de Facebook a Whatsapp, pero también a Instagram -las tres del mismo dueño, Mark Zuckerberg, el claro dominador de la conversación mundial en redes sociales- o a otros servicios de mensajería como Telegram.

Los anteriores son ejemplos legítimos y legales. Los partidos no hacen un uso de las redes diabólico por naturaleza. Fernando Nieto, consultor de Thinknet y profesor del Máster en Consultoría Política de la Universidad Camilo José Cela, defiende, a preguntas de RTVE.es, que «las redes sociales permiten segmentar a los potenciales votantes, conocer sus características e intereses y, bien empleadas, hacerles llegar información que tenga que ver con sus necesidades más directas, incluso diseñar políticas concretas en función de estas».

Ahora bien, «ese mismo conocimiento puede usarse para mandar información en una campaña negativa destinada a alentar los principales miedos que pueden afectarles e influir en sus votos», añade. Ahí entran en juego la manipulación, la propaganda falsa y los bulos, que encuentran un caldo de cultivo idóneo en un clima de tanta confrontación política como el actual.

Más allá de estas acciones correctoras, la experta en seguridad y privacidad en internet Marta Peirano cree que a los partidos políticos se les debe demandar «transparencia» hasta el punto de saber qué tipo de campañas contratan y generan exactamente y, «lo que es fundamental, exigir a las plataformas digitales que colaboren en las labores de vigilancia y limpieza, porque de momento no lo hacen».

Redes sociales: ¿nos protegen bien de los bulos?

Ante la alerta social que genera la difusión de bulos, las plataformas Facebook, Whatsapp, Google, YouTube y Twitter están tratando de mover pieza para frenar las manipulaciones en este período electoral. En especial Facebook, la gran señalada a partir del escándalo de Cambridge Analytica, cuya jefa de producto de las noticias en esta plataforma, Tessa Lyons, afirma a un equipo de Informe Semanalhaber hecho «grandes inversiones» y «grandes progresos» en los últimos tiempos contra la desinformación y la injerencia electoral extranjera.

Por otra parte, el contenido de las redes también está monitorizado por usuarios comprometidos y por medios especializados -en España, destacan Maldita.es y Newtral– que someten a un proceso de verificación las informaciones que corren por ellas-. Facebook anunció este mes una alianza con ambos medios y la agencia de noticias AFP para contrastar contenidos en español en su plataforma. Sin embargo, el hallazgo de un bulo con esta vigilancia no llevaría a borrarlo de su muro, sino a disminuir su visibilidad, en un porcentaje que la red social cifra en el 80%.

Marta Peirano critica el alcance real de estas iniciativas como «parches» «bienintencionados» pero que no atacan la raíz del problema. «Facebook contrata a Maldita.es y a Newtral como quien contrata a un portero para parar los goles que ya le han metido, con noticias que ya han circulado. Lo que tendría que hacer es frenar las estructuras de las que proceden estas noticias falsas», sostiene. Tessa Lyons afirma que en Facebook también están trabajando para «detectar en tiempo real cualquier tipo de amenaza o abuso».

Y es que la verificación no solo ha de aplicarse al mensaje, sino también al emisor. Twitter suspende cuentas cuando entiende que han infringido sus normas, pero aun así en su muro se cuelan prácticas como el astroturfing, que consiste en emplear cuentas con identidades falsas que, simulando ser usuarios reales, difunden un mensaje propagandístico que favorece a alguien, ataca a sus rivales o magnifica determinados puntos de vista, detrás de las cuales se esconden «granjas de bots», cuentas mercenarias o campañas opacas de un partido político.

Las motivaciones de los bulos que estos u otros agentes hacen circular por las redes sociales son de todo tipo. Clara Jiménez, cofundadora de Maldita.es, las enumera a Informe Semanal: «Hay bulos que se hacen por hacer el mal, simplemente para ver hasta dónde puede llegar algo que ponemos en circulación; otros que se hacen por dinero, que se gana a base de clics y páginas vistas. Y luego hay bulos que son ideológicos, que intentan manipular nuestra percepción de la realidad para crear un estado de opinión».

Redes como Facebook tienen una gran responsabilidad por la capacidad de influir sobre sus 2.200 millones de usuarios, pero su misma magnitud hace imposible que todo esté bajo control. Como señala a TVE David Varona, profesor de Comunicación en la Universidad Loyola Andalucía, «Facebook recibe al día cientos de millones de mensajes. Moderar y controlar eso es una tarea carísima, complicada de verdad, estresante al extremo y muy difícil. Le estamos pidiendo que haga algo que ni los medios ni la sociedad somos capaces de hacer».

La ley y las instituciones: ¿ayudan?

En diciembre, a las puertas de un año 2019 con elecciones a todo, se modificó la ley orgánica del Régimen Electoral General para incorporar un artículo que permite a los partidos políticos rastrear internet y las redes sociales para recabar datos y opiniones políticas de los ciudadanos y dirigirles así campañas segmentadas por su ideología, aun sin que lo solicitaran. Algunas personas ya han denunciado haber recibido propaganda política no demandada, incluso en el caso de menores, y el Defensor del Pueblo ha recurrido esta reforma ante el Tribunal Constitucional.

Organizaciones supranacionales como la UE o la Unesco construyen alianzas de «alfabetización mediática y digital» para perseguir los bulos en campaña electoral, proponen la educación de la ciudadanía para que aprenda a identificar las fuentes y la fiabilidad de las informaciones y a no difundir las que sean falsas.

«Nos enfrentamos a grupos bien financiados, vinculados a instituciones muy poderosas, incluidos gobiernos», afirma Marta Peirano en referencia a los grupos organizados que crean perfiles para intoxicar de forma masiva un proceso electoral, como ocurre desde Rusia, el caso más significativo para Raúl Magallón, profesor en el Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid.

«Rusia entiende que estamos en un escenario de guerra fría y que puede ejercer su influencia desde distintos mecanismos como bots, trolls, etc, como herramientas de propaganda para ejercer esa influencia a nivel internacional», explica Magallón en declaraciones a Informe Semanal, a lo que se unen determinados actores políticos que «consideran que las noticias falsas pueden ser una herramienta para desacreditar al enemigo o adversario».

Precisamente para aumentar la transparencia y evitar injerencias extranjeras, Facebook ha anunciado esta semana que obligará a registrarse a los partidos y candidatos que se presenten a las elecciones del 28 de abril y que quieran usar la red como plataforma para publicitarse; si no lo hacen, bloqueará sus anuncios.

Medios de comunicación: ¿qué papel juegan?

Los medios de comunicación observan cómo las redes sociales son el instrumento por el que políticos, deportistas y famosos conectan directamente con los ciudadanos saltándose su función tradicional de intermediarios. Pese a ello, los medios convencionales contribuyen -contribuimos- a diario a amplificar contenidos propagandísticos sacándolos del relativo anonimato de las redes al conjunto de la esfera pública, y marcando así la agenda del debate político.

Y también difundiendo noticias falsas de forma apresurada y sin contrastar, como la información que esta semana afirmaba que vecinos de Madrid retiraron de los árboles cintas adhesivas contra orugas pensando que se trataba de lazos amarillos independentistas, algo que el Ayuntamiento tuvo que desmentir.

El periodista Eduardo Suárez, creador del proyecto de información política Politibot, remarca en una reflexión vía Twitter el poder de los medios en la difusión de “ocurrencias dañinas” y “propuestas excéntricas”.

«Esas ocurrencias, trufadas de cifras falsas o detalles fuera de contexto, crean ficciones envolventes (la cobertura europea en los diarios británicos, la obsesión de Trump por las minas de carbón). Esas ficciones empujan a las sociedades a perder el sentido de la realidad«, razona.

Pese a lo anterior, el periodista y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona Gabriel Jaraba advierte al mismo tiempo sobre la trampa de «presentar las fake news como un problema periodístico, informativo y comunicacional, cuando no es sino un problema político”. «La tarea de educar al público al respecto se le endosa a comunicadores y educadores, pero no son ellos los responsables, simplemente van a ir ahí a reparar los estropicios causados por otros», alega.

Es fácil tratar de matar al mensajero, quien quiera que consideremos como tal. En cualquier caso, el objetivo es común: defender el derecho constitucional a «comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión» y asumir la responsabilidad de no difundir noticias falsas. Harán falta políticos, medios, instituciones y ciudadanos honestos.