Ofensiva contra la criminalidad en Risaralda permitió la judicialización de 27 personas

La Fiscalía General de la Nación lideró una ofensiva contra la criminalidad y el delito en Risaralda. Esto permitió judicializar a 27 personas que estarían involucradas en diferentes acciones delincuenciales en 10 municipios.

En un trabajo articulado con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Sijín de la Policía Metropolitana, la Policía de Risaralda y el Ejército Nacional se adelantaron 25 diligencias de registro y allanamiento donde fueron incautados 90 kilos de marihuana, 72 kilos de clorhidrato de cocaína, 1.5 kilos de base de coca, 10 frascos de ketamina, 87 pastillas de éxtasis y 4.275 dosis de bazuco. Adicionalmente, se incautaron 8 armas de fuego, munición de diferente calibre y 12 celulares, entre otros.

La ofensiva judicial permitió que 15 de las personas judicializadas recibieran medidas privativas de la libertad por parte de los jueces de control de garantías.

Las personas procesadas fueron imputadas, de acuerdo con su eventual participación en los hechos, con delitos como: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; homicidio, extorsión, uso de menores para la comisión de delitos y hurto calificado.

Los municipios en los cuales se enfocó la ofensiva fueron: Pereira, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, Marsella, Apía, Quinchía, Pueblo Rico, La Virginia, Belén de Umbría y Santuario.

La Dirección Seccional de Risaralda destacó 11 fiscales para adelantar estas investigaciones, donde se implementaron modelos diferenciados de lucha contra la criminalidad según las regiones, zonas rurales y ciudades, de acuerdo al fenómeno criminal que los afecta.

Entre los resultados de la ofensiva se encuentran:

En Santa Rosa de Cabal (Risaralda) fueron judicializadas cuatro personas por su presunta responsabilidad en la comercialización de estupefacientes en los barrios El Palmar y la Trinidad.

En Marsella (Risaralda) fueron judicializadas tres personas que, al parecer, comercializaban sustancias ilícitas en la zona rural y urbana del municipio, afectando entornos escolares.