Privado de la libertad representante legal de empresas por presuntas irregularidades en cobros de incapacidades laborales

La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías enviara a la cárcel a Mauricio Hoyos Ortiz, representante y dueño de empresas dedicadas a obras civiles por supuestos cobros irregulares de incapacidades producto de accidentes laborales de sus trabajadores, en Cali, Valle del Cauca.

De acuerdo con la investigación, coordinada por un fiscal de la Seccional y con apoyo de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el hoy imputado, desde el año 2019, al parecer, venía creando empresas, con nombres similares y con la misma dirección empresarial para desarrollar obras civiles de construcción, a través de las cuales vinculaba a trabajadores con el salario mínimo legal vigente.

El material probatorio y evidencia física recaudada por los investigadores del CTI dan cuenta de que Hoyos Ortiz, habría aprovechado los accidentes laborales de nueve trabajadores para el cobro indebido por incapacidades que superan los 500 millones de pesos, en los últimos dos años.

Según la Fiscalía, cuando ocurría el accidente laboral, se habría incrementado injustificadamente los salarios de dichos trabajadores hasta en 1.800%. Una vez recibido el dinero, producto de las incapacidades, por parte de la ARL, el empresario sólo le habría pagado a sus empleados sobre la base del salario mínimo.

En uno de los casos, por ejemplo, el trabajador ganaba $1.600.000, se accidentó y el reporte del salario de este, a la ARL, fue de de $21.600.000, valor que finalmente fue el que transfirió la ARL por concepto de la incapacidad.

Asimismo, en algunos casos, ante la negativa de pago por parte de la ARL Hoyos Ortiz, al parecer, interpuso tutelas, haciendo incurrir en error a los jueces para que fallaran a su favor.

El CTI, con apoyo de la Policía Nacional Mecal, capturó a Hoyos Ortiz, con orden judicial, el pasado 28 de noviembre, en el sector de Ciudad Pacífico, sur de la capital vallecaucana. La Fiscalía le imputó al capturado los delitos de estafa agravada, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares y omisión de agente retenedor o recaudador.

Por decisión del juez, el presunto implicado, quien no aceptó los cargos, debe cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario.

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