Chocó

Cárcel para 14 presuntos integrantes de una estructura del ‘Clan de Golfo’ responsable de narcotráfico, extorsiones y otras conductas delictivas

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La Fiscalía General de la Nación, a través de la Delegada para la Seguridad Territorial, lideró un proceso investigativo que puso en evidencia a los integrantes de una red de la Subestructura Pacífico del ‘Clan del Golfo’, que sería la responsable de diferentes conductas delictivas en Bahía Solano y Nuquí (Chocó).

Este grupo ilegal, al parecer, garantizaba el transporte y la logística necesaria para sacar toneladas de clorhidrato de cocaína por las costas del Pacífico Colombiano. Abundante evidencia indica que, para sostener financieramente el aparato criminal y someter a la población, se valía de la venta de estupefacientes, la extorsión, la amenaza y los ataques armados contra comerciantes, operadores turísticos y personas que llegaban a conocer la región.

La organización estaría involucrada en el desplazamiento de 12 personas que abandonaron sus predios rurales, y buscaron protección en Quibdó (Chocó) y Medellín (Antioquia) ante el temor de ser asesinados por no poder cumplir con las exigencias de dinero.

De igual manera, se acreditó que hombres armados que harían parte de la red, presuntamente, atacaron a dos hermanos porque supuestamente eran colaboradores del ELN. Las victimas quedaron gravemente heridas y fueron trasladadas a un centro asistencial, al que intentaron ingresar los sicarios para asesinarlas. La oportuna intervención de las autoridades impidió el doble homicidio.

Captura y judicialización

En diligencias realizadas por el CTI y la Armada Nacional, 14 posibles integrantes de esta subestructura del ‘Clan del Golfo’ fueron capturados en Bahía Solano y Nuquí (Chocó).

La Fiscalía imputó a los detenidos, según el rol que ejercían, delitos como: concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, tentativa de homicidio, amenazas, extorsión; fabricación, tráfico o porte de armas de fuego; y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.

Ante la contundencia de los elementos de prueba obtenidos, un juez penal de control de garantías impuso a todos los procesados medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

Entre los afectados con la decisión está el señalado cabecilla, identificado como Luis Fernando Becerra, quien también sería el encargado de imponer las cuotas extorsivas a comerciantes, dueños hoteles y restaurantes; y Fauner Lerma Castillo, alias Alex, un guarda de seguridad señalado de alertar los movimientos de la fuerza pública y el traslado de tropa para facilitar la ejecución de actos delictivos. Los demás asegurados estarían dedicados a la venta de estupefacientes al menudeo, al contacto e intimidación a las víctimas de extorsión y a aspectos de logística criminal.

LA VÍA AL CHOCÓ CONTINÚA CERRADA

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Dos días completó cerrada la vía hacia el departamento del Chocó en inmediaciones del municipio de Pueblo Rico en Risaralda, generando traumatismos para los viajeros que se desplazan hacia esa zona del territorio nacional.

Según Héctor Fabio Artunduaga, gerente de la terminal terrestre de Pereira, se presenta un bloqueo de la vía por manifestantes en el municipio de Tadó, en el Chocó, quienes tomaron la decisión de cerrar la vía solicitando más apoyo de las autoridades de ese departamento.

Cerca de 14 vehículos viajan hacia el Chocó diariamente y han tenido que suspender sus rutas, afectando a cerca de 350 personas que se desplazan hacia esa zona.

Solo hay un bus que sale pero lo hace tomando la ruta alterna La Pintada – Bolombolo – Ciudad Bolívar – Quibdó – Condoto – Itsmina, generando un aumento de 12 horas en el recorrido, incrementando el valor del transporte y afectando a las empresas transportadoras y a los usuarios.

DATO DE INTERÉS

En 20 ocasiones en este año, se ha cerrado la vía hacia el Chocó generando demoras para los viajeros y afectaciones a las empresas transportadoras.

CONTINÚA CERRADO EL PASO VEHICULAR HACIA EL CHOCÓ

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Interrumpida se encuentra la vía que de Risaralda conduce al departamento el Chocó, a raíz de una protesta de campesinos que piden mayor atención de las autoridades chocoanas.

Así lo confirmó el gerente de la Terminal de Transportes de Pereira, Héctor Fabio Artunduga, quien señaló que el paso de vehículos hacia el Chocó está restringido a la altura del corregimiento de El Tabor, en el municipio de Tadó.

Esta situación de orden público ha dificultado el paso de 18 buses que salen de Pereira hacia el Chocó y que transportan cerca de 180 pasajeros diariamente. Estos vehículos sólo llegan hasta el corregimiento de Santa Cecilia, en Pueblo Rico Risaralda.

Los manifestantes piden la presencia del gobernador del Chocó y del alcalde de Tadó, para que escuchen sus reclamaciones y poder dar vía lo más pronto posible hacia territorio chocoano.

DATO DE INTERÉS

Las empresas que viajan hacia el Chocó y que han visto afectadas sus operaciones son Flota Occidental y Empresa Arauca.

Tras contaminación generada por minería en el río Las Ánimas (Chocó), autoridades deberán restablecer el equilibrio ambiental

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El Consejo de Estado confirmó la condena de reparación de perjuicios que el Tribunal Administrativo del Chocó le impuso a entidades departamentales, municipales y nacionales, para recuperar el equilibrio ambiental en las zonas afectadas por la minería intensiva que se adelanta en el río Las Ánimas, en el Chocó.

Esta determinación obliga al diseño de un plan de manejo ambiental y los recursos para su financiación, en el que deberán participar la Agencia Nacional de Minería (Anla), la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó), el municipio de Unión Paramericana (Chocó), el departamento del Chocó y los ministerios de Minas y Energía y el de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Estas entidades, en conjunto con las comunidades, tendrán que diseñar y poner en marcha un plan para descontaminar la fuente hídrica, sus afluentes y las zonas ribereñas de ellas. Deberá restablecerse el cause del río Las Ánimas, eliminar los bancos formados por la minería y reforestar las zonas afectadas en un plazo de un año, a partir de la notificación de esta sentencia.

La decisión obedece a que grupos de pobladores del municipio interpusieron demandas, en ejercicio de la acción de grupo, con el fin de que se les resarcieran los perjuicios. Relataron que el ejercicio de la minería ha provocado la contaminación de la fuente hídrica y ha alterado su curso. Según ellos, no solo ha afectado la actividad piscícola y la navegabilidad, sino que ha afectado cultivos de yuca, plátano y otros productos. Además, dicen, ha dado lugar a la proliferación de enfermedades y a que las zonas donde habitan los demandantes hayan sido identificadas como de alto riesgo.

A pesar de que no concedió ninguna medida de reparación económica individual a los demandantes, por falta de pruebas sobre su residencia en Unión Panamericana, el Tribunal Administrativo del Chocó estableció que sí existía un daño que debía ser resarcido por los gobiernos nacional, departamental y municipal, así como por la Anla y Codechocó. De ahí que la corporación judicial les impusiera una serie de obligaciones, para recuperar el entorno natural afectado. Contra esta decisión, los accionantes interpusieron recurso de apelación, con el fin de obtener una reparación económica de grupo por estos hechos.

El Consejo de Estado ratificó que no había lugar a reconocer pago individual a los demandantes, por no haber demostrado pertenecer al grupo afectado por los daños que generaron las actividades mineras. Sin embargo, dado que no se cuestionó la ocurrencia de los perjuicios y la responsabilidad de las autoridades condenadas, la corporación judicial dejó en firme la sentencia del Tribunal, que le impuso a las entidades el deber de adelantar varias medidas restaurativas, en pro de la recuperación del equilibrio ambiental en las áreas afectadas.

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POR FALSEDADES EN CONTRATO DETENIDO GOBERNADOR DEL CHOCÓ

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Un juez del Tribunal de Bogotá dictó captura inmediata y medida de aseguramiento en detención domiciliaria contra el gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón. El funcionario fue señalado por la Fiscalía de prevaricato, omisión y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por su supuesta responsabilidad en las irregularidades de un contrato firmado por 220 millones de pesos para atender el covid – 19 en la región.

El contrato en mención es el N°003, suscrito el 3 de abril de 2020 por la compra de elementos de bioseguridad para prevenir el virus. Según la Fiscalía General de la Nación la anomalías del documento son la ausencia de motivación y descripción de la necesidad, cantidad, tipo y destinación de los artículos, presuntas falsedades en la etapa precontractual y falta de idoneidad del contratista.

Además el gobernador, no habría verificado el cumplimiento de requisitos esenciales entre estos, el de publicar el contrato en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) dentro de los tres días después de la celebración, pues se hizo tres meses después de lo que dice la ley. Los delitos que le fueron imputados a Palacios Calderón son los de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por omisión.

Otra de las decisiones adoptadas por los magistrados del tribunal en contra del gobernador fue separarlo del cargo en el que se desempeña. Es importante rescatar que en abril de 2020, el entonces procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, lo suspendió por 3 meses al mismo tiempo que ordenó abrirle una investigación por un contrato por más de 2.000 millones de pesos, considerado como “altamente inconveniente” durante la pandemia del Covid-19.

El otro lío judicial que lo rodea inició en marzo de 2021, cuando la Fiscalía radicó un escrito de acusación ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia en contra del mandatario por presuntas irregularidades en la contratación de actividades educativas y publicitarias que no cumplían con los requerimientos necesarios, para poder mitigar la propagación de la pandemia en Chocó.

De acuerdo con el delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes Durán, los hechos investigados tienen relación con el “contrato de prestación de servicios No. 198 del 15 de abril de 2020, suscrito de manera directa con la Fundación Chocó Saludable, para realizar jornadas de salud y mitigar el impacto de la pandemia en 27 municipios”.

La Procuraduría le había solicitó un informe sobre las acciones de la Gobernación frente al desplazamiento

El pasado 17 de enero la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo Final de Paz pidió al entonces gobernador del Chocó, Ariel Palacios, un informe sobre las acciones realizadas en relación a los desplazamientos forzados masivos ocurridos en el Medio San Juan, con el fin de brindar asistencia humanitaria y garantizar la protección de la política pública de víctimas.

En la visita a la capital del Chocó, el Ministerio Público se reunió con líderes y lideresas sociales para escucharlos y conocer sus problemáticas, las dificultades que están viviendo en sus comunidades por cuenta de la violencia y ofrecer el apoyo institucional para encontrar soluciones articuladas, según informó la entidad.

Durante los encuentros, se enfatizó en que se requiere realizar seguimiento a los indicadores de gestión de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana y darlos a conocer públicamente de manera oportuna y participativa.

FISCALÍA IMPUTA AL GOBERNADOR DEL CHOCO POR PRESUNTAS FALSEDADES Y FALTA DE IDONEIDAD DEL CONTRATISTA

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Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputará al Gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por omisión.

Los hechos investigados están relacionados con el contrato N°003, suscrito el 3 de abril de 2020, que tenía por objeto garantizar el suministro de elementos de bioseguridad en atención a la pandemia por el COVID – 19.

Las evidencias dan cuenta de que el mandatario celebró el citado contrato, cuyo valor superó los $220’000.000, de manera directa y en medio de varias posibles anomalías como: ausencia de motivación y descripción de la necesidad, cantidad, tipo y destinación de los artículos; presuntas falsedades en la etapa precontractual y falta de idoneidad del contratista.

El gobernador no habría verificado el cumplimiento de requisitos esenciales, entre estos el de publicar el contrato en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) dentro de los tres días después de la celebración. El material de prueba indica que esto, al parecer, se hizo tres meses después.

EMPRESAS QUE VIAJAN HACIA EL CHOCÓ, SUSPENDEN OPERACIONES POR PARO ARMADO

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Las empresas de transporte de pasajeros Flota Occidental y Arauca, tomaron la decisión de no desplazar vehículos hacia el departamento del Chocó y el sur del país, en vista del paro armado anunciado por un grupo al margen de la ley.

Así lo confirmó Héctor Fabio Artunduaga, gerente del Terminal de Transportes de Pereira, quien aseguró que los buses solo están llegando hasta el corregimiento de Santa Cecilia en Pueblo Rico, Risaralda, en límites con el Chocó y hasta Cali.

Los demás destinos a los diferentes lugares del territorio nacional están funcionando de manera normal y sin ninguna interrupción.

Hasta el momento no se han registrado alteraciones de orden público en las carreteras de Risaralda, que puedan dificultar el normal desplazamiento de vehículos de carga y pasajeros.

La CARDER capacita los madereros sobre estrategias para el aprovechamiento sostenible

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Enmarcado en el proyecto ejecutado por la CARDER y cofinanciado por el programa FAO – UE #FLEGT, para el desarrollo de un Modelo de Negocio Forestal para la región Chocó y Risaralda’; se realizó en Santa Cecilia corregimiento de Pueblo Rico, una jornada de capacitación orientada a identificar la participación de las comunidades en el manejo sostenible de los bosques.

Condena contra exgobernador del Chocó Julio Ibargüen Mosquera

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La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia declaró penalmente responsable a Julio Ibargüen Mosquera, gobernador del departamento del Chocó en el periodo 2004 a 2007, como autor del concurso homogéneo y heterogéneo de los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor a terceros.

Los hechos objeto de investigación y posterior juzgamiento se circunscriben a la expedición de las resoluciones 0451 y 0452 del 27 de marzo de 2007 y 0725 del 30 de abril de ese mismo año, actos administrativos que desconocieron el ordenamiento jurídico, con los cuales autorizó el giro de avances a nombre del, en ese entonces, secretario de Hacienda del departamento, Roger Pastor Mosquera Lozano, permitiendo así la apropiación de la suma de $114.093.630, en detrimento de los caudales del ente territorial.

Por lo tanto, lo condenó en primer grado a la pena principal de 80 meses de prisión, multa equivalente a 319 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena aflictiva de la libertad, sin concederle la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la prisión domiciliaria, supeditando la orden de hacer efectiva la prisión cuando adquiera firmeza la sentencia, ya que procede el recurso de apelación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Capturados presuntos secuestradores de un rapimotero de Chocó

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Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Segundo Penal Ambulante de Quibdó, con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Yosuar Esneider Córdoba Rentería, alias Chespy;  Mario Andrés Cuesta Copete, alias Soldado; Keison Martínez Palacios, alias Cell, y Heiler Antonio Mena Córdoba, alias Heiler, por su presunta responsabilidad en el secuestro de un hombre en la capital chocoana.

Los investigados, presuntos integrante de Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, no aceptaron los cargos imputados por los delitos de secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego de defensa personal y uso de menores para la comisión de delitos.

Los hechos se registraron el 23 de enero reciente, en el barrio Los Álamos de Quibdó, donde la víctima, rapimotero de ocupación, luego de llevar a un pasajero, al parecer fue abordado por varios hombres que, portando palos y machetes le habrían hurtado su motocicleta, y llevado en contra de su voluntad hasta una vivienda abandonada.

Se presume que los investigados lo señalaron de ser integrante de la banda los Mexicanos y, supuestamente le exigieron que debía ayudarlos a encontrar a algunos miembros de la mencionada estructura delincuencial para asesinarlos; el hombre les manifestó que no tenía ninguna relación con dicha organización criminal.

De acuerdo con la denuncia instaurada por la víctima, durante la retención los procesados lo habrían amenazado con armas de fuego, golpeado, y exigido la suma de 10 millones de pesos, a cambio de su liberación.  

Horas después, el Gaula de la Policía desplegó un operativo para lograr la liberación del hombre. Cuando llegaron al lugar escucharon voces de auxilio, entraron a una vivienda donde lo encontraron amarrado de pies y manos, y lograron la captura de los cuatro procesados y la aprehensión de un menor de edad.

Durante el operativo se incautaron varias armas de fuego de defensa personal, que al parecer eran usadas para custodiarlo.

El menor de edad fue puesto a disposición de un Juez de infancia y adolescencia.

Córdoba Rentería, presunto jefe de sicarios del Clan del Golfo, de 21 años ; Cuesta Copete, de 23 años; Martínez Palacios, de 24 años y Mena Córdoba de 34 años, presentan anotaciones judiciales por delitos como, homicidio, extorsión, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y hurto.