A la cárcel dos presuntos secuestradores de un repartidor de arepas

La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de  Johnnatan Alberto Ardila Álvarez, alias Tocayo, y Diego Alberto Gaviria Penagos, alias Sandro, presuntos responsables de secuestrar y extorsionar a un repartidor de arepas.

El pasado 1 de abril,  en el municipio de San Pedro de Los Milagros (Antioquia), los hoy procesados fueron capturados en flagrancia por servidores del CTI con el apoyo del Ejercito Nacional, cuando se disponían a recibir 2 millones de pesos, producto de la extorsión al comerciante.
Durante la diligencia judicial las autoridades incautaron un revolver calibre 38 con 6 cartuchos y 2 motocicletas, una de ellas con las placas modificadas.
De acuerdo con la investigación, el pasado 9 de abril la victima fue secuestrada  durante 5 horas por los dos sujetos, presuntos integrantes del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) Los Pachelly, porque se habría negado a pagar una extorsión para que lo dejaran trabajar.
Los investigadores establecieron que durante la retención los delincuentes habrían amenzado a la víctima con un arma de fuego y lo dejaron en libertad con el compromiso de pagar la exigencia económica.
Durante las diligencias preliminares alias Tocayo, presunto cabecilla de la organización criminal en San Pedro de los Milagros, y alias Sandro, no se allanaron a los cargos por secuestro extorsivo, extorsión agravada, porte ilegal de armas de fuego y falsedad en documento público.

Condenada mujer señalada de participar en el entramado de corrupción detectado en la contratación de las obras de remodelación de la villa olímpica

Luego de aceptar los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación y someterse a sentencia anticipada, Paula Marcela Moreno Martínez fue declarada responsable del delito de falsedad ideológica en documento privado, y condenada por participar en el entramado de corrupción detectado en el proceso de contratación de las obras de remodelación de la Villa Olímpica de Bucaramanaga (Santander).

La mujer, entre 2015 y 2016, fungió como representante legal suplente de la unión temporal favorecida con el contrato suscrito en 2015, por un valor total de 22.000 millones de pesos. En la investigación se constató que emitió 19 órdenes de pago en favor de subcontratistas para compra de materiales y otras actividades que nunca se ejecutaron, pero que sirvieron para sustentar el desembolso de un millonario anticipo.

El dinero autorizado para cubrir estas actividades ascendió a 4.312 millones de pesos, los cuales habrían sido utilizados por los integrantes de la unión temporal para el presunto pago de dádivas a funcionarios que direccionaron la contratación.

En ese sentido, un juez penal de conocimiento de Bucaramanga condenó a Paula Marcela Moreno Martínez a 38 meses de prisión pero con ocasión a su aceptación de cargos la pena es de 19 meses y le impuso una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la condena. Adicionalmente, le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la pena.