Un mayor y tres sargentos del Ejército enviados a la cárcel por posibles actos de corrupción
- editora
- agosto 30, 2024
- Generales, Nacionales
- ACPM, Actos, Álvaro Restrepo Arenas, Apolonides, Bolívar, Carcel, Corrupción, Ejército, Gasolina, Millones, posibles, procesados, Residencia, SUMINISTRO
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Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Valle judicializó a cuatro militares del Batallón Vencedores del Ejército Nacional con sede en Cartago (Valle del Cauca). Los procesados serían responsables de delitos de peculado por apropiación, peculado por apropiación en concurso con falsedad ideológica en documento público agravada y falsedad ideológica en documento privado.
Se trata del mayor César Augusto Gaitán Losada, quien para la época de los hechos se desempeñaba como segundo comandante del Batallón Vencedores. Además de los sargentos Édison Aurelio Rodríguez Niño, suboficial de Planeamiento Logístico; Apolonides Córdoba Cuesta, jefe de Transportes del Batallón para el año 2021, y Jesús Alexander Cabanillas Salinas.
Según la investigación, los uniformados habrían incurrido en hechos de corrupción relacionados con un contrato que por 38 millones de pesos suscribió en 2021 la alcaldía de Cartago y una estación de gasolina local, y cuyo objeto era proveer de ACPM y gasolina los vehículos de la guarnición militar.
La fiscalía evidenció que los uniformados habrían certificado tanqueos de combustibles respecto de vehículos oficiales que estaban fuera de servicio. Se presume también que hicieron constar valores superiores a los que realmente debían ser cancelados por el suministro de ACPM y gasolina, entre otros aditamentos.
Estas acciones habrían significado una afectación en los recursos de Fondo de Seguridad Territorial (Fonset), que se cree rondan los 32 millones de pesos.
Uniformados de la Policía Nacional, apoyados por soldados del Ejército fueron los encargados de materializar las capturas de los investigados en Caquetá, Boyacá, Córdoba y Bolívar.
Por decisión del juez el mayor y los sargentos fueron afectados con detención preventiva en su lugar de residencia.