Gobernación de Risaralda lidera diálogo con secretarios de gobierno sobre plan alimentario en centros transitorios

La Secretaría de Gobierno Departamental, siguiendo directrices del gobernador Juan Diego Patiño Ochoa, se reunió con los secretarios de gobierno de los 14 municipios de Risaralda y la Policía Nacional.

En el encuentro, se socializó el más reciente comunicado del Ministerio de Justicia sobre el plan de alimentación en centros de atención transitoria, además de abordar la preocupante situación de hacinamiento en estas instalaciones.

El Ministerio de Justicia informó que, a partir del 1 de julio de 2025, las entidades territoriales deberán asumir la responsabilidad plena del servicio de alimentación en estos centros, en cumplimiento de la Sentencia SU-12 de 2022 de la Corte Constitucional, que exige garantizar condiciones dignas para las personas en detención transitoria.

El secretario de Gobierno, Israel Londoño, manifestó su preocupación por la situación de los municipios de sexta categoría, que carecen de los recursos necesarios para asumir esta obligación. «El hacinamiento en estaciones de policía y URIs ha crecido significativamente, y ahora las entidades territoriales deben garantizar la alimentación de los detenidos, tal como lo indica la sentencia», señaló.

Para enfrentar este reto, la Gobernación propone un modelo similar al implementado con los jóvenes del programa Creeme, donde cada municipio aporta recursos. «Estamos buscando un sitio que pueda albergar a los detenidos de los municipios del occidente de Risaralda, mientras Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa ya cuentan con infraestructuras propias», explicó Londoño.

Conforme a la Ley 2346 de 2024, las entidades territoriales tienen hasta el 31 de diciembre de 2024 para presentar al Ministerio de Justicia su plan de implementación del servicio de alimentación. Este plan será clave para asegurar la correcta prestación del servicio, evitando que la responsabilidad recaiga solo en el Gobierno Nacional.

La Gobernación de Risaralda hizo un llamado a los municipios para que se comprometan a diseñar y presentar el plan dentro del plazo estipulado, asegurando los recursos necesarios para cumplir con esta obligación legal y mejorar las condiciones de los centros de atención transitoria.

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