Dosquebradas acoge la declaratoria de calamidad pública departamental por las emergencias invernales

La decisión adoptada por la Gobernación de Risaralda permitirá articular recursos entre el departamento, los municipios y el Gobierno Nacional para atender los puntos críticos generados por la temporada de lluvias. En este contexto, Dosquebradas, uno de los municipios más afectados, proyecta una inversión cercana a $8.947 millones para la atención de emergencias y la mitigación del riesgo.

Dosquebradas acoge la declaratoria de calamidad pública departamental como una decisión clave para avanzar en la atención de las emergencias que ha dejado la actual temporada de lluvias. La medida cobra especial relevancia para el municipio, que figura entre los más afectados del departamento junto con Pereira, ambos con 59 eventos reportados, según el balance presentado en el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo.

Durante este espacio, el municipio industrial expuso la situación que enfrenta actualmente, luego de haber declarado calamidad pública municipal el pasado 28 de febrero debido a las emergencias derivadas de la temporada invernal. Entre los casos priorizados se encuentra la situación del barrio Camilo Torres, sector Plan Tres zona siete, donde se identificaron 19 familias afectadas, equivalentes a 71 personas, así como 13 viviendas con algún tipo de afectación.

A este panorama se suman los deslizamientos registrados en la vereda Alto del Toro de Gaitán, así como las dificultades presentadas en el acueducto de Frailes, una situación que ha impactado a 1.050 familias. Asimismo, se reportaron eventos en sectores como Mirador de Santa Mónica, barrio Buenos Aires y Las Nedas, donde se han identificado movimientos en masa y otras afectaciones derivadas de las lluvias.

Frente a esta decisión, John Freddy Amaya Taborda, asesor privado del alcalde de Dosquebradas, destacó la importancia de que el municipio haga parte de esta declaratoria departamental: “Para el municipio de Dosquebradas es muy importante que el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo nos incluya dentro de la declaratoria de calamidad pública a nivel departamental, ya que esto nos permitirá acceder a recursos adicionales para intervenir los puntos críticos que hoy afectan a nuestras comunidades. La idea es poder articular los recursos del municipio con los del departamento y también gestionar apoyo ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, con el fin de consolidar una bolsa de recursos que permita atender de manera integral estas emergencias. De esta manera podremos avanzar en soluciones para sectores priorizados, especialmente en el caso del barrio Camilo Torres, donde actualmente se adelantan acciones para mitigar el riesgo y proteger a las familias afectadas”.

Cabe destacar que, en el marco de este proceso, Dosquebradas proyecta dentro de su Plan de Acción Específico (PAE) una inversión cercana a $8.947 millones, recursos orientados a la atención de emergencias, la recuperación de zonas afectadas y la ejecución de obras para la mitigación del riesgo.

Ahora bien, de acuerdo con el balance consolidado durante el encuentro, en Risaralda se han registrado 260 eventos relacionados con la temporada de lluvias, entre ellos movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales, vendavales y afectaciones estructurales.

Durante la jornada también se evidenció que el sector vial es uno de los más afectados, situación que ha generado dificultades de movilidad y conectividad en varias comunidades del departamento.

Con esta declaratoria, el departamento avanzará en la consolidación de los informes técnicos de cada municipio y en la formulación del Plan de Acción Departamental, que permitirá priorizar intervenciones, articular recursos y ejecutar obras que reduzcan el riesgo en las zonas afectadas.

Dato de interés

La declaratoria de calamidad pública departamental fue adoptada en sesión ampliada del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, convocada por la Gobernación de Risaralda, con la participación de los 14 municipios del departamento, algunos representados por sus alcaldes y otros por delegados de Gestión del Riesgo.

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