La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, obtuvo condenas ejemplares en contra de tres exintegrantes de la Policía Nacional que participaron en el secuestro, tortura y posterior asesinato de un hombre, en hechos ocurridos el 8 de enero de 2011, entre Manizales y Palestina (Caldas).
Ante la contundencia de las pruebas aportadas en juicio oral, un juez penal especializado de Manizales impuso 50 años de prisión a la teniente coronel en retiro Martha Emilia Gañán Rojas y al mayor en retiro Dillam Augusto Carrillo Cáceres, excomandantes del Gaula en Caldas y Risaralda, respectivamente. Asimismo, sentenció a 49 años de prisión al exsubintendente Jorge Iván Ladino Montoya, exjefe de logística del Gaula en Risaralda.
El fallo los declaró responsables de los delitos de secuestro extorsivo agravado y homicidio agravado. Además, les impuso multas que oscilan entre los 18.000 y 19.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas; y precisó que deberán cumplir las penas en establecimiento carcelario.
El crimen
En el curso de la investigación se conoció que la mañana del 8 de enero de 2011, el entonces capitán Cáceres Carrillo, en compañía una uniformada, se trasladó en un vehículo oficial desde Pereira (Risaralda) hasta un restaurante en Manizales (Caldas), un área fuera de su jurisdicción.
Sin que mediara orden judicial, el oficial retuvo a un hombre que departía con sus amigos. La víctima en el camino fue golpeada sistemáticamente, inmovilizada con un dispositivo eléctrico tipo taser y trasladada en diferentes carros. Finalmente, fue subida a un automotor que conducía el entonces subintendente Ladino Montoya, el cual fue incendiado y abandonado en la noche, en la vereda Las Palomas, entre Chinchiná y Palestina (Caldas).
Las autoridades que atendieron la conflagración encontraron al hombre muerto en el baúl del vehículo, con evidentes signos de tortura, con varias partes del cuerpo mutiladas y rastros de haber recibido, por lo menos, 26 choque eléctricos.
De otra parte, las evidencias recopiladas indican que, horas después del secuestro, la entonces mayor Gañán Rojas, en razón al cargo y las funciones como comandante del Gaula Caldas, concurrió en forma inmediata al lugar de los hechos en un vehículo asignado a su unidad, que tenía una placa que solo se diferenciaba en un número a la del carro usado por los uniformados que se llevaron a la víctima. Al percatarse de esto, ordenó cambiar las placas del automotor.
También se acreditó que la oficial no ejerció sus competencias legales y constitucionales para evitar o esclarecer lo ocurrido, por el contrario, dificultó el normal desarrollo de las
investigaciones. Asimismo, se conoció que sostuvo reuniones con el entonces capitán Carrillo Cáceres, antes y después del crimen.
En su momento, los familiares del hombre secuestrado y asesinado denunciaron que recibieron llamadas en la que les exigieron 80 millones de pesos por la supuesta liberación de su ser querido.
El fallo en contra de los policías en retiro es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
