Fiscalía ocupa con fines de extinción de dominio bienes avaluados en más de 12.250 millones de pesos que pertenecerían a integrantes de grupos narcotraficantes

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, lideró una ofensiva en contra del patrimonio de varios integrantes de estructuras dedicadas al tráfico trasnacional de estupefacientes.

En ese sentido, se impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 149 bienes ubicados en Bogotá; Pradera y Cali (Valle del Cauca); Barranquilla (Atlántico); Paratebueno (Cundinamarca); Monterrey (Casanare); San José del Guaviare (Guaviare); y Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, San Gil y Cabrera (Santander).

Las propiedades afectadas superan en valor los 12.250 millones de pesos; y están representadas en 21 inmuebles rurales, 22 predios urbanos, 22 vehículos, 3 establecimientos de comercio, 1 sociedad y 80 semovientes.

Algunos de los activos pertenecerían a Diego Alberto Varona Aragón quien hizo parte del extinto ‘Cartel de Cali’, y en la década de los noventa fue considerado como uno de los socios principales de Juan Carlos Rodríguez Abadía, alias Chupeta y a José Ignacio Cardona, alias Nicki.

También figuran bienes a nombre de familiares y personas cercanas a Héctor Fabio García Bengoechea, alias La Gatia; Miguel Villareal Archila, alias Salomón; y Manuel Enrique Torregrosa Castro, alias Chang, capturados con fines de extradición en julio de 2007, por cargos relacionados con narcotráfico.

En el curso de la investigación se acreditó que los titulares de los inmuebles no tenían el poder económico ni registraban una actividad económica estable que les permitiera sustentar la adquisición de predios avaluados en 6.250 millones de pesos. Los elementos de prueba dan cuenta de que los compraron con dineros producto del envío de toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Finalmente, fueron impactadas las finanzas de Carlos Yesid Gómez, Luis Marino Medina Martínez, Jefferson Adolfo Segura Alfonso, Erick Leandro Calderón Soler y Omaira Ospina Ramírez, señalados integrantes de una red narcotraficante a la que se le atribuye el transporte de cargamentos de estupefacientes desde Cauca a las costas de Magdalena, donde se coordinaba su salida por vía marítima a Estados Unidos.

Con los recursos obtenidos por esta actividad ilegal, la organización criminal habría adquirido 14 vehículos, 21 inmuebles, 40 semovientes y constituyó una empresa para intentar justificar su origen ilícito.

Los procedimientos de ocupación fueron realizados de manera articulada por el CTI de la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, en cumplimiento de la estrategia ‘Argenta’, dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para golpear el patrimonio de la criminalidad organizada, el narcotráfico y la delincuencia.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de los bienes afectados con fines de extinción de dominio.

Cae red de cibercriminales que estaría involucrada en el hurto de más de 1.200 millones de pesos a una alcaldía

La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a una red criminal que habría vulnerado los sistemas de la Alcaldía de Machetá (Cundinamarca), obtenido información reservada y accedido a la cuenta bancaria oficial para desviar 1’202.185.920 de pesos, que correspondían a dineros públicos.

Los elementos de prueba dan cuenta de que, del 7 al 19 de abril de 2021, los cibercriminales realizaron 92 trasferencias electrónicas a 42 cuentas bancarias, que fueron abiertas a nombre de distintas personas un día antes de iniciar el robo virtual.

Los dineros habrían sido retirados por varios de los señalados integrantes de la estructura, y utilizados para hacer compras y cubrir otras actividades comerciales

Por estos hechos, investigadores del CTI, con apoyo del Ejército Nacional, capturaron a seis hombres y a cuatro mujeres, en Cúcuta (Norte de Santander) y San Gil (Santander). Se trata de José León Vera Pedraza, José Andrés Luna Pacheco, Ricardo Bernal Peñaranda, Diana Carolina Sierra Peñaranda, Yasmín Alba Sánchez, Claudia Tatiana Fuentes Rodríguez, Escarleth Simoned Rincón Mendieta, Humberto Rondón Gómez, Wilmer Andrés Cabarico Rodríguez y Édgar Pinto Castellanos.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos les imputó los delitos de acceso abusivo a un sistema informático agravado, y hurto por medios informáticos y semejantes agravado. Por disposición del juez de control de garantías, seis de los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que los demás deberán permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia.

Fiscalía ocupa con fines de extinción de dominio bienes que pertenecerían al cabecilla de una red criminal señalada de sacar cargamentos de cocaína

La Fiscalía General de la Nación identificó la maniobra ilícita a la que habría recurrido Ángel Javier Varón Castro, el extraditado cabecilla de una red narcotraficante, para ocultar 319 bienes obtenidos con los dineros producto del envío de cargamentos de clorhidrato de cocaína por la San Andrés Islas rumbo a países de Centroamérica.

Los elementos de prueba obtenidos por una fiscal de la Dirección Especializada del Derecho de Extinción de Dominio dan cuenta de que las propiedades estaban a nombre de terceras personas, que fungían como testaferros y dificultaban el rastreo. En ese sentido, fueron afectadas con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión.

Los bienes fueron ocupados en diligencias realizadas por el CTI en Pueblorrico, Sopetrán, Bello, Envigado, Fredonia y Medellín (Antioquia); y Pácora (Caldas). Se trata de 18 predios rurales, entre fincas de descanso y haciendas ganaderas; 8 viviendas urbanas, 25 vehículos, una sociedad y 267 cabezas de ganado, que superan en valor los 16.166 millones de pesos.

Este resultado hace parte de la estrategia ‘Argenta’, dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para afectar las finanzas y el patrimonio de la criminalidad organizada, los grupos narcotraficantes y las estructuras delincuenciales.

Las propiedades afectadas quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.

Resultados de la Fiscalía contra redes dedicadas al contrabando y particulares que habrían omitido su obligación de consignar al Estado los dineros recaudados por cobro de IVA

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, obtuvo importantes resultados investigativos y judiciales en contra de dos de las conductas delictivas que más afectan el patrimonio del Estado.

Inicialmente, fueron judicializados tres ciudadanos ecuatorianos que transportaban en una lancha 30 canecas que contenían 1.530 galones de hidrocarburos, los cuales habían ingresado al país de manera ilegal.

La embarcación fue interceptada por unidades de Armada Nacional en inmediaciones de Tumaco (Nariño). En las verificaciones se constató que los tripulantes no tenían documentos que soportaran el origen y destino de la cantidad de combustible que movilizaban, por lo que fueron capturados en situación de flagrancia.

La Fiscalía imputó a los detenidos el delito de contrabando de hidrocarburos. Los tres no aceptaron los cargos y recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario. Los afectados con la decisión son: Lester Leoncio Sánchez Cetré, Ángel Vicente Gutiérrez y Mario Cesar Nieves Hurtado.

Judicializados por posible omisión de agente retenedor

Fiscales de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales imputaron a cuatro personas el delito de omisión de agente retenedor. Los elementos de prueba dan cuenta de que habrían omitido su obligación de reportar y consignar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) los dineros que percibieron por el cobro del Impuesto de Valor Agregado (IVA). Los procesados son:

Juan Vicente Azuero Guerrero, representante de una empresa cementera, quien es señalado de desatender su obligación de transferir 346 millones de pesos entre 2015 y 2016.

Jorge Segura Arenas, directivo de una cooperativa de trabajo. Habría omitido consignar 150 millones entre 2011 y 2012.

Juan Manuel Pinilla Corredor. Presunto responsable de no transferir al Estado 256 millones de pesos entre 2011 y 2013.

Jhony Fernando López Torres. Al parecer, desconoció la obligación de consignar 138 millones de pesos a la DIAN entre 2015 y 2016

Fiscalía acusa a exjuez que habría ordenado el pago irregular de más de 11.000 millones de pesos a docentes

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Wilson Escarria Camacho, un exjuez laboral de Buenaventura (Valle del Cauca) que habría fallado de manera irregular siete procesos en favor de un grupo de profesores que reclamaba el pago de los dineros que, supuestamente, les debía reconocer el empleador por retrasos en la consignación de las cesantías.

Los elementos de prueba indican que, en 2011, el entonces funcionario judicial, al parecer, desconoció varias normas legales para beneficiar a 800 docentes que demandaron al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

En ese sentido, se estableció que el entonces juez debía rechazar las pretensiones porque los peticionarios no anexaron el título ejecutivo que daba cuenta del posible incumplimiento por parte del empleador. Adicionalmente, se constató que asumió el estudio de hechos prescritos, y notificó sus decisiones a la Alcaldía de Buenaventura y no al fondo demandado.

También quedó en evidencia que fijó pagos para los docentes, más honorarios para los abogados que los representaron; y dispuso el embargo de cuentas bancarias que administraban recursos públicos para garantizar el desembolso de 11.281 millones de pesos para los profesores.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acusó al exjuez Escarria Camacho siete eventos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y 21 casos de prevaricato por acción. La etapa de juicio se realizará a instancia del Tribunal Superior de Bogotá.

Condenado taxista que sirvió de intermediario a una comercializadora internacional de banano para hacerle llegar dineros a los grupos paramilitares

La Fiscalía General de la Nación obtuvo sentencia condenatoria contra Luis Alberto Agudelo Jiménez, un taxista que sirvió de intermediario de una comercializadora internacional de banano para hacerle llegar dineros a las extintas Autodefensa Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), entre 1996 y 1999. 

En el curso de la investigación, dirigida por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se obtuvieron soportes contables, recibos o comprobantes de pago, solicitudes de desembolso, copias de cheques y de extractos bancarios, que dan cuenta de diversas sumas que recibió el transportador de la empresa extranjera por supuestas operaciones comerciales sin sustento. 

Asimismo, se estableció que este hombre hacía los respectivos retiros y entregaba periódicamente los recursos en Medellín y Apartadó (Antioquia) a enviados del entonces frente Arlex Hurtado de las ACCU, una estructura responsable de homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, tráfico de estupefacientes y de armas, entre otras conductas criminales. 

Ante las pruebas obtenidas, Agudelo Jiménez, de manera libre y voluntaria, aceptó durante una diligencia de indagatoria su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen y se sometió a sentencia anticipada, en atención a los parámetros definidos en la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal). 

En ese sentido, un juez penal especializado de Antioquia lo condenó a tres años de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado y al pago de una multa equivalente a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

La decisión es de primera instancia y contra esta proceden los recursos de ley.