Emergencia

Invima autorizó uso de emergencia de vacuna de Pfizer en Colombia, anunció Duque

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Como “otro paso muy relevante para avanzar en el tema de vacunación contra el covid-19”, calificó el Presidente Iván Duque la autorización que dio el Invima al uso de emergencia en Colombia de la vacuna de la farmacéutica Pfizer.

“Este fue un proceso que se adelantó en tiempo récord y, como se lo veníamos anunciando a los colombianos, no solamente se expidió el decreto que permitía ya la autorización. Llegó la solicitud de Pfizer y básicamente en un periodo muy corto, un periodo récord, se analizó por parte de todo el equipo técnico más de 22 mil folios y hoy se da ya esa autorización para el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer en Colombia”, precisó el Mandatario.

“Este es un paso muy importante, y así seguiremos avanzando con AstraZeneca y estaremos avanzando también con Janssen y, por supuesto, con todas las facilidades dentro de la estrategia Covax”, agregó.

Por su parte, el Director del Instituto del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), Julio César Aldana, consideró que esta es una gran noticia en el marco de la pandemia por covid-19.

Recalcó que luego de evaluar toda la información por parte de la comisión de expertos que hace parte de la Sala Especializada de Medicamentos, el Invima ha entregado la autorización sanitaria para el uso de emergencia, puntualmente para la vacuna de la empresa farmacéutica Pfizer.

“Esto ha sido posible gracias a un diálogo muy temprano que se ha establecido; una comunicación muy amplia, transparente, que se ha establecido con la empresa farmacéutica con Pfizer y, además, con todas las agencias regulatorias homólogas, particularmente de las agencias de referencia a nivel a mundial, como la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA)”, explicó.

Reiteró que el pasado 31 de diciembre, hacia las 12:00 del día, Pfizer radicó la solicitud, la aplicación para la autorización sanitaria del uso de emergencia, y hoy, 5 de enero, dos días hábiles después, ya Pfizer cuenta con su autorización para el ingreso de la vacuna al país.

Subrayó que esto va a permitir que el plan de vacunación que el Ministerio de Salud “trazó de manera muy cuidadosa y juiciosa, de manera temprana y ambiciosa, además, pueda comenzar en las primeras semanas de este año 2021”.

Alcaldía de Dosquebradas atiende emergencia en el sector de Pedregales

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El pasado domingo en horas de la noche, funcionarios de la Alcaldía de Dosquebradas acudieron al llamado de la comunidad por el deslizamiento de tierra y piedras sobre la vía que de Pereira conduce a La Badea, exactamente en el sector de Pedregales. Allí, personal de la Secretaría de Obras Públicas procedió de manera preventiva al cierre inmediato de la vía y en el día de ayer fue superada la emergencia.

Según informó el titular del despacho, José Jair Serna Mendoza, “el domingo tipo 12:00 a.m. se presentó un deslizamientos en este sector, lo que obligó a la Secretaría de Obras Públicas a cerrar la vía. En el día de ayer muy temprano llegamos con la maquinaria y se determinó derrumbar de manera controlada unas rocas que ponían en peligro no sólo a quienes transitan por ésta vía tan concurrida, sino también, a los vecinos del sector, dejando un parte de tranquilidad a la comunidad”.

Serna Mendoza dijo que esta no es una situación propia del invierno, ya que después de analizar el terreno se dedujo que dicho deslizamiento es producto del cambio del uso del suelo, por cuanto quitaron toda la vegetación que había antes allí reemplazandola por un cultivo, lo que muy posiblemente generó lentamente la sedimentación del terreno. El funcionario aseguró que se seguirá haciendo un estudio detallado en busca de una solución para evitar que se pueda presentar alguna tragedia en el futuro.

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Judicializado gobernador de Putumayo por presuntas irregularidades en contrato de ambulancias suscrito al amparo de la emergencia por el Covid-19

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La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización del gobernador de Putumayo, Buanerges Florencio Rosero Peña, como presunto responsable de irregularidades y sobrecostos detectados en un contrato del 1º de abril de 2020 para la compra de 10 ambulancias medicalizadas para el departamento, por $3.460.634.610 para atender la pandemia por el Covid-19.

En las audiencias iniciales se demostró que el decreto de calamidad pública, que serviría como fundamento en la contratación, expedido por la Gobernación de Putumayo (Decreto 111 del 13 de marzo de 2020), se profirió antes de la declaratoria de la Emergencia Económica Social y Ecológica en todo el territorio nacional por parte del Gobierno Nacional (Decreto 417 del 17 de marzo de 2020).

Por tal razón, una fiscal de la Delegada Ante la Corte Suprema de Justicia imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público en contra del mandatario departamental, y solicitó medida de aseguramiento de detención preventiva consistente en detención domiciliaria.

La investigación evidenciaría un presunto direccionamiento del contrato hacia un único proponente, Carrocería Innovas SAS, con un supuesto sobrecosto por $1.064.626.310 el cual se reflejaría en el valor de las ambulancias, conforme a los criterios de especificidad, tiempo y calidad.

Adicionalmente, se demostraría que el contratista, a pesar de su idoneidad, no tendría los vehículos disponibles para la fecha y plazo del contrato, pero sí habría recibido el pago del 50% del valor del mismo como anticipo, contrario a las normas de contratación vigentes.

Respecto al cargo por presunta falsedad en documento público, al parecer, los documentos contractuales previos para sustentar la compra habrían sido elaborados en mayo 22 de 2020, es decir, serían posteriores al trámite del contrato.

El direccionamiento estratégico del Fiscal General, Francisco Barbosa Delgado, ha permitido avanzar en la lucha contra la corrupción por las presuntas irregularidades en la destinación de los dineros públicos en todo el territorio nacional.

Otros investigados

Por los mismos hechos, la Dirección Especializada contra la Corrupción imputaría los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público en contra de cuatro funcionarios de la Gobernación y un particular.

Los afectados serían el actual secretario de Salud, Jorge Alberto Molina Giraldo, quien sería el que suscribió el contrato; el jefe de la Oficina de Contratación de la Gobernación, Julián Mauricio Moreno Gómez; las supervisoras del contrato, adscritas a la Oficina de Prestación y Desarrollo de Servicios de la Secretaría de Salud Departamental, Gloria Fanny Chávez Cadena y Alexandra Benavidez González; y el representante legal de Carrocerías Innova SAS, Rubén Darío Suárez Saavedra.

Ante la contundencia del material probatorio presentado por la Fiscalía, el despacho judicial acogió la solicitud, avaló la imputación e impuso la medida solicitada.