Fiscalía impactó a las redes de homicidios, secuestros y extorsiones de alias ‘Gentil Duarte’

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, logró la captura y judicialización de José Medardo Suárez Gaitán, alias Medardo; y Andrés Felipe González Santos, alias Cachirre, dos presuntos integrantes de las redes de homicidios, secuestros y extorsiones de alias Gentil Duarte, uno de los máximos cabecillas de las disidencias de las FARC en el oriente del país.

Estas dos personas fueron detenidas en procedimientos distintos realizados de manera articulada con el CTI, la Policía Nacional y el Ejercito Nacional en Puerto Concordia y Puerto Rico (Meta).

Alias Medardo estaría involucrado en el homicidio del teniente del Ejército Nacional Carlos Arturo Becerra Castellanos. El oficial fue reportado como desaparecido el 16 de octubre 2020 y su cuerpo fue encontrado el 22 de noviembre 2020, en la vereda Bajo Vergel de San José del Guaviare.

El material de prueba indica que el teniente habría sido llevado a una finca de la vereda La Jaula, en zona rural de Puerto Concordia (Meta), de propiedad de alias Medardo. En ese inmueble, al parecer, fue torturado, estuvo retenido y, posteriormente, fue asesinado. Por estos hechos y otros actos ilícitos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a José Medardo Suárez Gaitán los delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado.

Durante las diligencias de captura del procesado, los investigadores se incautaron de sustancias para la producción de estupefacientes y tres cuadernos con nombres de personas y empresas posiblemente extorsionadas.

De otra parte, Andrés Felipe González Santos, alias Cachirre, supuesto cabecilla de una comisión de finanzas de las disidencias del frente séptimo de las FARC, sería el responsable de homicidios, ataques contra la fuerza pública, y de hacer exigencias económicas a comerciantes y ganaderos de Puerto Rico (Meta).

Asimismo, hay indicios de que habría impuesto cobros de dinero por el procesamiento y salida de pasta base de coca en los municipios ubicados en el límite entre Meta y Guaviare.

‘Cachirre’, al parecer, planeó y ejecutó un ataque con arma de fuego contra un hombre que, presuntamente, ofreció un bien para que se instalara una subestación de la Policía Nacional en la inspección de Puerto Toledo, en Puerto Rico (Meta). La víctima sobrevivió.

En este sentido, la Fiscalía le imputó los delitos de: homicidio en grado de tentativa; concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

‘Medardo’ y ‘Cachirre’ recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

Fiscalía imputa a dueño de veterinaria señalado de albergar 44 perros en pésimas condiciones

El Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) presentó ante jueces de control de garantías a tres personas, que estarían involucradas en hechos distintos de maltrato animal en Bogotá, Manizales y Buga (Valle del Cauca). 

Imputado dueño de veterinaria en Usme  

Un fiscal Gelma imputó a José Segundo Gabriel Bermúdez Gutiérrez el delito de maltrato animal. Esta persona, propietaria de una veterinaria en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, habría acondicionado de manera ilegal un criadero de perros 

En inspección realizada al establecimiento, en diciembre de 2017, fueron encontrados 44 caninos de diferentes razas como west highland white terrier, yorkshire terrier, shih tzu, pomerania, pinscher y french poodle, cuyas edades oscilaban entre los 45 días y 10 años.  

Durante las verificaciones, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá detectó que los perros estaban en mal estado de salud, tenían baja condición corporal, problemas en la piel, signos de desnutrición, afectaciones en los ojos y dientes, entre otras condiciones.  

Sumado a esto, en el espacio donde permanecían sufrían de hacinamiento y no tenían a su disposición agua y comida.  

Ataque con arma blanca a ‘Deiker’ 

El pasado 18 de abril, en vía pública de Manizales (Caldas), Jorge Eduardo García Posada, al parecer, atacó con arma blanca a un perro llamado ‘Deiker’. La agresión, supuestamente, ocurrió porque el canino estaba involucrado en una pelea con otros perros.  

‘Deiker’ murió por la gravedad de las heridas que recibió. En ese sentido, García Posada fue imputado por el delito de maltrato animal. 

Agresión mortal en Buga  

Los elementos de prueba obtenidos por una fiscal Gelma dan cuenta de que Juan Carlos González Guzmán sería el responsable de causar la muerte a un perro, en hechos ocurridos en julio de 2016, en un parque de Buga (Valle del Cauca). 

Unidades de la Policía Nacional detuvieron al hombre luego de que la comunidad denunciara que, presuntamente, golpeaba desesperadamente al canino. El señalado agresor fue imputado por el delito de maltrato animal.  

Fiscalía desarticuló la organización Camaleón, presunta responsable de comercializar especies exóticas

En el marco de la estrategia institucional para garantizar la protección de la fauna silvestre y de los recursos naturales propios del habitat y del paisaje cafetero, la Seccional Risaralda imputó cargos a siete personas, al parecer, integrantes de la hoy desarticulada organización Camaleón. Además, fue aprehendido un menor de edad quien también sería parte de esta red ilegal.

Los procesados serían responsables del delito de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables y manejo ilícito de especies exóticas, cargos que ninguno aceptó.

De acuerdo con la investigación, iniciada en los primeros meses de este año, en Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal (Risaralda); lo mismo que en Manizales (Caldas), un grupo de personas usaba viviendas para mantener cautivas especies consideradas como exóticas, las cuales habrían sido comercializadas a través de redes sociales.  Se presume que los implicados conseguían encargos especiales para sus clientes.

El trabajo articulado entre servidores del CTI, la Policía Nacional y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), permitió que el pasado 17 de junio se cumplieran varias diligencias de allanamiento y registro a una vivienda del barrio América de la ciudad de Manizales (Caldas) donde fueron capturados los siete implicados logrando además la incautación de varias especies exóticas que los implicados mantenían en cajas.

Una acción similar se cumplió en Puerto Caldas (Risaralda) donde fue aprehendido un menor de edad, en cuyo poder había iguanas y serpientes.

En estos operativos fueron halladas varias serpientes como una Falsa Coral, Boa Constrictor, Boa Imperator y Falsa Coral. Además, fueron encontradas cuatro iguanas, un Gecko Leopardo, dos erizos africanos y dos tortugas Morrocoy.

Los animales quedaron en custodia de la CARDER que los llevará a un hogar de paso mientras se recuperan y se determina el impacto del cautiverio en cada uno de ellos.

Los procesados: 

  1. Jhon Jairo Sánchez Osorio, alias ‘El tío’
  2. José Luis Sánchez González, alias ‘El Sobrino’
  3. Víctor Fabián Gutiérrez Bolaños, alias ‘El Veterinario’
  4. Yibet Liliana Ospina Mateus, alias ‘Yibet’
  5. Brandon David Téllez Mateus, alias ‘Brandon’
  6. Pablo Emilio Aguirre Carmona
  7. Jorge Enrique pulido Rueda

Por determinación del juez de control de garantías que conoció el caso, los imputados fueron dejados en libertad, pero seguirán vinculados a la investigación penal.   El adolescente aprehendido fue entregado a su madre e ingresará a un programa del Instituto Colombiano del Bienestar familiar.

Acciones judiciales de la Fiscalía por muerte masiva de garzas

Las verificaciones realizadas por el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) permitieron identificar la presunta causa de la muerte de, por lo menos, 22 garzas, entre polluelos y aves maduras, en Túquerres (Nariño).

Los elementos de prueba indican que la poda de una cantidad importante de árboles en inmediaciones de un parque infantil, con el aparente incumplimiento de las medidas ambientales de conservación y seguridad, habría sido un atentado contra la vida de las especies porque las dejó sin su hábitat natural y las expuso a condiciones extremas de riesgo. 

Con la poda masiva, realizada el 24 de agosto de 2020, varios polluelos cayeron de los nidos y murieron. De otra parte, 18 garzas extraídas del lugar, al parecer, fueron encerradas en cajas de icopor para ser trasladadas a un centro de rehabilitación animal; sin embargo, murieron asfixiadas.  

Por estos hechos, la Fiscalía imputó el delito de maltrato animal a la ex secretaria de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Túquerres (Nariño), Rosa Aydé Arroyo Pantoja; y al contratista Franklin Chalacán Chalacán. 

La investigación da cuenta, de que la entonces funcionaria, contrató la poda de los árboles, supuestamente, sin exigir las previsiones de rigor. Por su parte, el procedimiento lo cumplió el operador seleccionado, quien no habría tenido en cuenta los requerimientos de la Corporación Autónoma de Nariño (Corponariño), lo que causó la muerte cruel de las aves.  

Fiscalía imputa a presuntos responsables de tráfico de fauna silvestre

La labor investigativa de la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (DIPRO) permitió identificar un inmueble en Medellín (Antioquia), en el que supuestamente se comercializaban especies silvestre.

En diligencia de allanamiento y registro fueron rescatados 46 animales que estaban en cautiverio, entre estos, aves de especial protección como espigueros negriblancos, jilgueros ventriamarillos, espigueros capuchino, picogrueso negriazul, pericos cascabelitos, cardenal guajiro, tangara cabeciazul, arrocero buchi castaño, arrocero pico grueso, tangaras reales y canarios silvestres.

En el procedimiento fue capturada una persona. Una fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) le imputó los delitos de ilícito aprovechamiento de recursos naturales renovables y maltrato animal.

Las aves quedaron a disposición del Centro de Atención y Valoración del Área Metropolitana del Valle de Aburrá para su atención integral y posterior regreso al medio silvestre. En las primeras verificaciones se constató que los cardenales guajiros rescatados son especies en vía de extinción. Uno de estos animales tenía laceraciones en el cráneo, falta de plumaje y pérdida del globo ocular.

Imputados por tráfico de fauna silvestre 

En otra diligencia, una fiscal Gelma presentó ante juez de control de garantías a Juan Carlos Arango Cardona y Edwin Alberto Arango Cardona, por su presunta responsabilidad en el tráfico de animales silvestres en Envigado (Antioquia).  

Los hechos por los que son investigados ocurrieron en mayo de 2020. En un allanamiento adelantado a un inmueble les encontraron diversas especies en cautiverio como sinsontes, turpiales, tangaras y canarios. En ese sentido, fueron imputados por el delito de ilícito aprovechamiento de recursos naturales renovables.

El fiscal coordinador de Gelma, Alejandro Gaviria, hizo un llamado a la ciudadanía para que no capture, transporte, venda y compre fauna silvestre. Además, recordó que extraer estas especies de su hábitat les genera graves afectaciones y en circunstancias extremas podrían morir.  

Fiscalía Seccional Risaralda desmanteló nueve organizaciones de microtráfico en tres meses

En su acción contra el microtráfico, la Seccional Risaralda desarticuló, entre marzo, abril y mayo pasados, nueve organizaciones dedicadas a comercializar marihuana, bazuco, cocaína y drogas sintéticas en este departamento.

Gracias a las labores de policía judicial adelantadas fue posible capturar 68 personas quienes, al parecer, harían parte de estas organizaciones de crimen organizado que habían ubicado sus centros de expendio en entornos escolares, parques, vías públicas y fiestas privadas, atentando contra la seguridad ciudadana.

La contundencia del material probatorio y la evidencia recaudada por investigadores destacados para esos casos permitieron que jueces de control de garantías impusieran medidas de aseguramiento restrictivas de la libertan para 59 de los capturados, los otros nueve continuarán vinculados penalmente a la investigación.

Las organizaciones impactadas son:

Atenas: Tenía injerencia en Santa Rosa de Cabal. Al parecer, comercializaba estupefacientes a domicilio.  A los tres capturados se les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Malaya: Se presume que comercializaba marihuana, bazuco y perico en la comuna Villa Santana (Pereira).  Para los 15 capturados se ordenó medida privativa de la libertad.

Special K: Presuntamente comercializaba drogas sintéticas en Pereira y Dosquebradas. A cuatro de los cinco capturados se les privo de la libertad. Uno sigue vinculado al proceso.

Fragata: Al parecer comercializaba marihuana, base de coca y bazuco en Pereira.  Los nueve integrantes fueron privados de la libertad.  Esta acción permitió esclarecer dos homicidios y una tentativa de homicidio.

Venecia: Al parecer dosificaban y distribuir marihuana y bazuco en barrios de Dosquebradas.  Sus ocho integrantes fueron privados de la libertad.

Olimpo: Vendía estupefacientes a domicilio y en cercanías del hospital local, zonas urbanas y sitios turísticos de Santa Rosa de Cabal. Los nueve detenidos fueron privados de la libertad.

Xixaraca: Presuntamente se dedicada al expendio de estupefacientes a domicilio en Quinchía. Sus ocho integrantes continuarán vinculados a la investigación.

Los Chivos: Al parecer, traficaba estupefacientes en Santa Rosa de Cabal. Sus cinco integrantes fueron privados de la libertad.

Orión: Se dedicaría a comercializar estupefacientes en espacio público del municipio de Santuario. Sus seis integrantes fueron privados de la libertad.

Fiscalía imputa a funcionario del CTI y a su esposa por presuntamente extraer ilegalmente información reservada de los sistemas de la entidad

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Edilberto Suárez Cepeda, funcionario del CTI, y a su esposa Luz Emilia Chávez Chiriví, pensionada de la misma entidad, como presuntos responsables de extraer de manera ilegal información reservada del sistema SPOA, que registra todas las actuaciones judiciales de la Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio.

En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a la pareja el delito de violación de datos personales agravado. El cargo no fue aceptado.

De acuerdo con el material de prueba, Suárez Cepeda habría ingresado en 39 ocasiones, sin autorización u orden judicial, al sistema SPOA y obtuvo datos privilegiados sobre el estado de las indagaciones o investigaciones contra personas denunciadas por diferentes conductas delictivas.

El funcionario, al parecer, entregaba la información a su esposa, quien sería la encargada de compartirla a familiares, amigos o terceros que la contactaban para conocer detalles sobre los procesos en su contra.

Estas irregularidades, supuestamente, ocurrieron entre noviembre de 2017 y julio de 2018. Adicionalmente, hay indicios de posibles accesos ilícitos a la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Por la venta, alteración o eliminación de información contenida en el SPOA son investigadas otras siete personas, entre ellas, funcionarios y particulares. De igual manera, la Fiscalía obtuvo una condena vía preacuerdo.

La Fiscalía imputará cargos al exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de sustitución de deuda, suscrito el 5 de diciembre de 2013, entre el departamento de Antioquia y el Banco Corpbanca S.A.

La Fiscalía General de la Nación anunció en la mañana de este miércoles que le imputará cargos al exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de sustitución de deuda, el cual fue suscrito el 5 de diciembre de 2013, entre el departamento de Antioquia y el Banco Corpbanca S.A.

El contrato objeto de investigación fue celebrado durante el periodo en el que Sergio Fajardo Valderrama se desempeñó como gobernador de Antioquia. El exgobernador Fajardo, además de jefe de la administración departamental, fue el ordenador del gasto, firmó el contrato y el pagaré que garantizaba el empréstito. Del mismo modo tenía responsabilidad y posición de garante en las decisiones administrativas relacionadas con este contrato. Dicho contrato implicó el desembolso de setenta y siete millones de dólares (USD $77.000.000) para realizar sustitución de deudas con otros bancos.

Los análisis técnicos, financieros y jurídicos de la policía judicial evidenciaron que no se habría realizado un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato de empréstito en moneda extranjera. Tampoco existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario.

Al momento del desembolso, en 2013, el dólar costaba 1.926 pesos. En 2015, su valor superaba los 3.140 pesos. En ese sentido, la obligación interna contraída en dólares originó un presunto detrimento fiscal por la devaluación del peso que, a corte de 2020, ascendió a un monto estimado de 320.000 millones de pesos. Esta situación se vio reflejada en el aumento de la deuda general del departamento de Antioquia que, en su momento, pasó de 600.000 millones de pesos a cerca de 1.2 billones de pesos colombianos.

Por estos hechos, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputará al exgobernador Sergio Fajardo Valderrama los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Asimismo, compulsará copias a la Dirección Especializada contra la Corrupción para que sean indagadas las actuaciones de otros funcionarios no aforados o particulares en la celebración del mencionado contrato.

Esta investigación se inició en el 2015. Por los delitos imputados no se solicitará medida de aseguramiento.

La CARDER, la Policía y el CTI de la Fiscalía fortalecen alianza contra los delitos ambientales

Tatiana Margarita Martínez Díaz Granados, directora general (e) de la CARDER, lideró el primer encuentro de este año para articulación interinstitucional con el CTI de la Fiscalía y la Policía, con el objetivo de establecer los protocolos de acción conjunta para la atención de denuncias ambientales y acciones para la protección de la flora y la fauna del departamento; labor en la cual se cuenta también con el apoyo permanente de Ejército Nacional.

“Es muy importante para la Corporación este trabajo articulado que se hace con la Policía Judicial, hoy nos reunimos para seguir afinando nuestros procedimientos de atención de denuncias ambientales, que se hacen 24/7, porque si bien la CARDER es la autoridad ambiental en materia administrativa, también trabaja de la mano con las autoridades judiciales para detener los daños a los recursos naturales”, explicó Martínez Díaz Granados.

En el marco de esta reunión, la directora destacó el operativo realizado durante el fin de semana en la Hacienda Corozal, localizada en el sector Pueblito Cafetero; donde la Patrulla Ambiental de la CARDER en compañía de la Policía de Carabineros, detuvieron el aprovechamiento ilícito de material forestal de rastrojo alto, árboles de niguitos, yarumos blancos y negros, y cañabrava, además de la disposición de material sobrante sobre la ladera de protección de varias corrientes hídricas.

En el lugar, los funcionarios de la CARDER decomisaron tres retroexcavadoras y los efectivos de la Policía capturaron a siete personas que estaban realizando los daños ambientales. “Esto fue posible gracias a una denuncia ciudadana, por lo cual nuestra invitación a los risaraldenses es a seguir denunciando, porque en el trabajo conjunto con las autoridades estamos respondiendo en tiempo real para evitar los delitos ambientales”, puntualizó Tatiana Margarita Martínez Díaz Granados.

Fiscalía, Armada y Policía incautan embarcación con cocaína y marihuana en aguas del Golfo de Urabá

Bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, servidores de la Armada Nacional con el apoyo de la Policía Nacional incautaron 95 kilos de cocaína y 5 kilos de marihuana en jurisdicción del municipio de Necoclí (Antioquia).

La droga era transportada en una lancha pesquera a 19 millas náuticas del sitio Punta Arenas, en aguas del Golfo de Urabá.  Al notar la presencia de la guardia costera, los tripulantes de la motonave arrojaron al mar cuatro costales y una bolsa negra y se dieron a la fuga.

Según la información obtenida por personal de la Operación Agamenón II, la cocaína sería trasladada a costas panameñas y luego a los Estados Unidos.

Desde el 15 de enero a la fecha, el trabajo articulado de la Fiscalía, la Policía, el Ejército y la Armada Nacional ha permitido la incautación de 1.800 kilos de cocaína en zona bananera y se han capturado cuatro ciudadanos panameños y 3 colombianos.