Fiscalía imputó esteticista por homicidio culposo tras practicar una cirugía de «garaje»

Ante un juzgado con funciones de control de garantías de Florencia (Caquetá) un fiscal seccional presentó, el pasado 9 de febrero, a Libia Murcia Pinzón, presuntamente implicada en el delito de homicidio culposo, cargo que fue aceptado por la mujer. 

Los hechos que motivaron la investigación ocurrieron el 31 de mayo de 2019 cuando Murcia Pinzón llevó a cabo un procedimiento quirúrgico sin contar con los conocimientos, ni el equipo médico para el mismo.

Los hechos se presentaron en una casa del barrio Habbas Turbay de Florencia. Según el organismo acusador, la implicada no contó con las condiciones profesionales necesarias para realizar la intervención, pues ni era médico o cirujana plástica, y tampoco contaba con un anestesiólogo que la apoyara. 

Los elementos materiales probatorios y evidencia física recopiladas por la Policía Judicial señalan que Murcia Pinzón realizó una liposucción conocida como “suave brisa” a la joven Yuli Tatiana Murcia Tique quien murió ocho días después en una clínica de la capital caqueteña producto de una infección generalizada, según el dictamen de Medicina Legal.  

A Murcia Pinzón no le fue impuesta medida de aseguramiento, pero deberá seguir compareciendo al proceso el cual continuará con la audiencia de individualización de pena y sentencia para su posterior condena. 

Fiscalía imputó a exalcaldesa de Circasia por presuntos actos de corrupción

Patricia Mora Ocampo, quien se desempeñaba en 2011 como Alcaldesa del municipio de Circasia y Diego Alberto Londoño Echeverri fueron presentados ante el Juzgado 1 Promiscuo Municipal para que respondan, según sus responsabilidades individuales, por su presunta participación en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, uso de documento falso y peculado por apropiación.  Ninguno aceptó los cargos endilgados.

De acuerdo con la investigación, el 17 de junio de 2011 la entonces alcaldesa celebró el Convenio de Interés público número 005 con la Fundación Asesorías Integrales en Proyectos Productividad y Construcción Cooperativa Grupo APC, el cual tenía como objeto la adecuación y remodelación del Colegio Libre del Municipio de Circasia (Quindío). Según se precisó, el valor de lo contratado fue 986’618.349 de pesos. Tal actividad fue financiada por el Consejo Nacional del Regalías.

Según los argumentos del fiscal, al parecer, los estudios previos no presentaban la firma de la Secretaría de Infraestructura, además de haberse realizado una contratación directa, supuestamente, amparada en una unión de esfuerzos de entidades públicas, aunque se presume, que se trataba de un contrato de obra cuya modalidad de contratación debía ser la licitación. Por otro lado, al parecer, no se realizó una verdadera invitación a oferentes.

FISCALÍA: 46 IMPUTACIONES POR MALTRATO ANIMAL

En la lucha contra el maltrato animal la Fiscalía viene adelantando estrategias que le han permitido obtener resultados contundentes. En 2020, se lograron 46 imputaciones y 51 casos más fueron llevados a juicio por este delito.

Cundinamarca, Casanare, Antioquia, Valle y Tolima, así como los de la Costa Caribe son los departamentos en los que más denuncias se han recibido por maltrato animal. La Fiscalía invita a la ciudadanía a respetar todas las formas de vida y en este caso, las de los animales.

Fiscalía impactó redes de microtráfico de estupefacientes

La Seccional Cali de la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de unidades del Gaula Militar, intervino los barrios Lourdes y Camilo Torres, en las comunas 4 y 18 de esa ciudad, en desarrollo de un plan para impactar bandas dedicadas al expendio y comercialización de marihuana, bazuco y cocaína.  

En el primer sector, los servidores del grupo operativo de capturas del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron labores de registro y allanamiento a una vivienda, donde, según las investigaciones, la banda delincuencial Los Zorros traficaba estupefacientes en la modalidad de menudeo.  

De acuerdo con la información de inteligencia, al inmueble acudían personas que se movilizan en motocicletas para comprar bolsas de bazuco y cigarrillos de marihuana.  

En el sitio fueron incautadas 300 dosis de diversos estupefacientes, 18 bolsas con varias dosis de cocaína listas para la venta y $775.000, al parecer producto de la venta de drogas.   

Inquilinato  

Por su parte, otro grupo del CTI y soldados del Gaula Militar llegaron hasta un inquilinato de dos pisos ubicado en el barrio Camilo Torres, en el nororiente de la ciudad, donde presuntamente se expendía bazuco y marihuana.   

Durante el operativo fueron encontradas dosis personales de marihuana y recipientes que contenían bolsas de bazuco. También fue decomisado un revólver calibre 38 con varios cartuchos.   

Una persona fue detenida, ya que no contaba con los documentos que acreditaban el porte legal del arma.  

Tras ambos operativos, la Fiscalía abrió investigación por los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes y porte ilegal de armas, accesorios, partes y municiones  

La CARDER exaltó la labor conjunta con Fiscalía, Ejército y Policía en pro del medio ambiente

La Corporación Autónoma Regional de Risaralda rindió un sentido homenaje a los hombres y mujeres de la Fiscalía, el Ejército y la Policía que han trabajado de manera articulada con el Equipo de Denuncias Ambientales de la CARDER, con el objetivo de restablecer el ejercicio de la autoridad ambiental en el departamento durante este 2020.

La directora general (e) de la CARDER, Tatiana Margarita Martínez DíazGranados explicó “Todos nosotros como instituciones nos articulamos para proteger y cuidar los recursos naturales, cada uno en las funciones que le ha dado la Ley. Cuando las instituciones del Estado trabajamos de manera conjunta es posible dar resultados, por eso hoy Risaralda es un departamento con resultados positivos en materia ambiental”.

Por su parte, la directora seccional de Fiscalías de Risaralda se mostró muy complacida con el reconocimiento recibido y señaló que combatir los delitos ambientales es un eje priorizado desde el nivel central de su entidad.

“Este reconocimiento es la exaltación a nuestra labor en el cumplimiento del rol misional, la lucha contra cualquier acto que atente contra el medio ambiente requiere nuestro mejor esfuerzo, por eso nos hemos articulado con nuestras Policías judiciales y con la CARDER, con quienes venimos haciendo un excelente trabajo”, dijo Maritza Chavarro Anturi.

En su intervención, la directora general (e) de la CARDER, destacó que trabajar de la mano con estas entidades ha sido un significativo proceso de aprendizaje, cuyo fin último es proteger y conservar los recursos naturales de Risaralda para las futuras generaciones.

“Nosotros que estamos en el área rural tenemos la posibilidad de ver directamente los daños que se están causando y no estamos dispuestos a permitir que sigan explotando los recursos naturales de forma ilegal”, enfatizó  el teniente coronel, Carlos Mauricio Peña Jiménez, comandante del Batallón de Artillería N° 8 San Mateo.

Al cierre del encuentro, las instituciones se comprometieron a continuar colectivamente con la ardua lucha en contra de los delitos ambientales y el control al tráfico de flora y fauna silvestre en Risaralda.

Fiscalía logró judicialización de presunto responsable del crimen de una lideresa de la comunidad LGBTI

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) obtuvo medida de internamiento preventivo contra el presunto responsable del crimen de la lideresa LGBTI Juana Patricia Cuesta Blandón.

Los hechos materia de investigación ocurrieron el 2 de abril de 2018, en Apartadó (Antioquia).

El caso fue asumido con un enfoque de género diverso, que permitió establecer que la extrema situación de vulnerabilidad, exclusión y prejuicios por la identidad de la víctima habrían incidido en su muerte.

Cuesta Blandón defendía los derechos de las mujeres diversas en condición de trabajo sexual en el citado municipio antioqueño, y cumplía una labor activa para evitar agresiones transfóbicas contra esta población.

En ese sentido, la Fiscalía imputó al supuesto agresor el delito de feminicidio agravado (en razón a la identidad de género de la víctima).

Fiscalía desarticuló una banda dedicada a la expedición de certificados de revisión técnico mecánica a vehículos que no cumplían requisitos

Por los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y obtención de documento público falso, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Caldas, judicializó a 10 personas capturadas por la Policía, entre ellas, empleados de dos Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) de Manizales. 

De acuerdo con el material probatorio recaudado, algunos de los hoy procesados tenían funciones como seleccionadores, quienes al parecer se encargaban de captar a las personas con fallas en sus vehículos y ofrecerles el certificado de revisión técnico mecánica a pesar de que no cumplieran con los requisitos de ley.

Luego, a través de Whatsapp, un empleado del CDA era contactado para recibir las indicaciones del cliente que llegaría y, dependiendo de las fallas que el vehículo presentara, cobraban entre $10.000 y $40.000. Al ingresar al centro de diagnóstico, llevaban los carros a la plataforma de revisión y luego les expedían su certificado.

De acuerdo con la investigación adelantada desde febrero de 2019, durante el tiempo que esta red de corrupción operó alcanzó a recaudar $3´810.000, producto de la actividad ilícita.

Mediante labores de policía judicial como vigilancias y seguimientos, y la interceptación de comunicaciones, se evidenció cómo los integrantes de la banda contactaban a los clientes y su modus operandi. 

Los procesados son: Juan Carlos García Cardona (presunto cabecilla), alias Juan K; Jhon Alexánder Torres Parrado, alias Queso; Kevin Andrés Marín Zapata, alias Camarín; Jesús María Cifuentes Arcila, alias Chucho; Federico López Ocampo, alias Fidodido; Jorge Julio Cardona Giraldo, alias El Mono; Jaime Márquez Herrera, alias Copito; Carlos Humberto Henao Henao, alias Don K; Fabián Serna Londoño, alias Mofle; y Diana Patricia Gil Ramírez, alias Enfermera. 

Durante las diligencias judiciales aceptaron cargos Henao Henao, López Ocampo, Serna Londoño y Márquez Herrera.

Al término de las audiencias, un juez de control de garantías les dictó medida no privativa de la libertad a los investigados, pero todos continúan vinculados al proceso.

Fiscalía destruyó 2.5 toneladas de cocaína de la guerrilla del ELN

Durante 48 horas, servidores del Grupo de Investigaciones Especiales del CTI con apoyo del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea se internaron en zona rural montañosa del municipio de Cumbitara (Nariño) para ubicar, allanar y destruir un laboratorio para el procesamiento de cocaína perteneciente a una columna móvil del ELN, al mando alias Fercho, quien al parecer trafica narcóticos para carteles mexicanos.

La investigación coordinada por un fiscal destacado ante el CTI, con base en información de la DEA (en inglés, Drug Enforcement Administration), permitió establecer que el complejo cocalero tenía un valor de cuatro millones de dólares, por la droga, insumos y equipos incautados.

El laboratorio estaba conformado por ocho edificaciones artesanales acondicionadas para que al menos 50 personas realizaran una producción mensual de 5 toneladas de cocaína.

Durante el allanamiento, las autoridades hallaron 2.5 toneladas de cocaína lista para ser embalada, media tonelada de pasta base de coca, 2.831 galones de químicos, 1.345 kilos de insumos, 324 kilos de alimentos y víveres, y un centenar de máquinas y materiales requeridos para producir la droga que sería comercializada en Centroamérica y en Estados Unidos.

El operativo

Los investigadores de la Fiscalía y uniformados de las Fuerzas Militares llegaron en helicópteros y aterrizaron en el filo de una montaña en condiciones extremas. El recorrido de los hombres era de menos de un kilómetro, pero tardaron cerca de cuatro horas para poder llegar al sitio, en medio de la maleza y por una trocha inestable llena de lodo y barrancos.

Dos unidades caninas que acompañaron la operación los pusieron a salvo, dado el peligro existente por las minas antipersonales ubicadas para proteger el complejo.

Los ocho ranchos del laboratorio (dormitorio, cocina, baterías de baños, cuarto de plantas eléctricas, cristalizadero, área de secado, entable para compresores y grandes máquinas) estaban empotrados en la montaña, rodeados de árboles pequeños y una quebrada.

Además, se evidenció un impacto ambiental negativo por el vertimiento de desechos tóxicos residuales producto de la fabricación de la cocaína a la cuenca hídrica del río Mira.

Fiscalía judicializó a 27 personas, presuntamente, implicadas en delitos sexuales

La Seccional Caquetá de la Fiscalía General judicializó, entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre pasados a 27 personas presuntamente implicadas en delitos sexuales cometidos, en su mayoría, contra menores de edad y adolescentes. Muchos de los casos se presentaron en Florencia y varios municipios de Caquetá en el marco de una jornada nacional adelantada contra este tipo de hechos. 

El ente acusador investigó a lo largo de esta jornada delitos por actos sexuales con menor de 14 años, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, acto sexual violento y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con de 18 años, esto según las responsabilidades individuales de los implicados. 

De los 27 judicializados, 5 fueron citados a imputación de cargos, y los 22 restantes, detenidos mediante orden judicial. Las capturas hicieron parte miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y en coordinación con la Sijín de la Policía Nacional. 

El material probatorio recopilado y presentado por la Fiscalía permitió que los jueces cobijaran con medidas privativas de la libertad en centro de reclusión en cinco casos, esto debido a la gravedad y modalidad de las conductas cometidas. 

Entre los presuntos responsables de los hechos investigados hay ocho padrastros, dos progenitores, y dos tíos. También están siendo investigados tres vecinos y tres amigos de las víctimas o de sus familiares o progenitores. De la misma manera, se cuenta con investigaciones contra otras personas que no tenían parentesco alguno con las afectadas. 

Padrastros 

  • Entre los casos investigados se encuentra el de un hombre que, al parecer, abusaba de la hija de su compañera sentimental en los momentos en que lograba quedarse a solas con la menor. La víctima fue valorada en un centro asistencial de Florencia donde además de evidenciarse el abuso sexual, se comprobó que la menor padecía una grave enfermedad, aparentemente transmitida por el imputado. El implicado en este caso fue enviado a prisión, como medida preventiva. Le fue imputado el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. 
  • Otro caso tiene que ver con un hombre, garante ante la menor de edad, quien aparentemente aprovechó la soledad de la casa donde vivía con la víctima y su madre para abusar sexualmente de la niña de 11 años de edad. En este caso el padrastro fue judicializado por el delito de actos sexuales con menor de 14 años, en concurso con utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales. Este último delito tendría sustento en que, al parecer, el hombre le decía a la niña que tras desnudarse le mandara las imágenes a su celular, para luego abusarla. El delito fue denunciado por la madre de la víctima luego de que ésta le contó lo sucedido.

Abusó de dos vecinitas 

  • En zona rural de Florencia un hombre, al parecer, abusó de dos menores de 8 y 9 años de edad, vecinas suyas. El acceso carnal abusivo supuestamente venía ocurriendo desde el año 2019.
     
    El hombre, al parecer, ingresaba a casa de las víctimas donde las abusaba y le ofrecería dinero a cambio de dejarse tocar, y también para que no divulgaran lo sucedido. Análisis médicos permitieron establecer que una de ellas menores tenía una enfermedad de transmisión sexual. Debido a la gravedad de la conducta el implicado fue enviado a prisión, preventivamente.El colegio denunció 

    En Puerto Rico (Caquetá) un hombre, presuntamente, abusó de su sobrina. Por este hecho fue judicializado como supuesto responsable del delito de actos sexuales con menor de 14 años. Su captura se llevó a cabo en la vereda Maracaibo, corregimiento Rio Negro de Puerto Rico. 

    La denuncia de este caso fue instaurada por el director de una institución educativa, quien dio a conocer como una estudiante de sexto grado estaba siendo abusada sexualmente por un tío suyo. Por estos hechos el implicado fue capturado y cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Fiscalía desarticuló banda ‘Los Detoditos’ dedicada al hurto de viviendas y comercios

La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario contra Hugo Armando Ruiz Dueñas, alias ‘Huguito’, Pedro Nel Hernández Mejía, alias ‘Chibolo’,Jhon Edison Castaño Yañez, alias ‘Jhon’, Arnold de Jesús Ruiz Morales, alias ‘Árbol’, Joan Andrés Gómez López, alias ‘Loco’y Luis Fernando Campo Vergara, alias ‘Electricaribe’, como presuntos responsables de concierto para delinquir agravado y hurto calificado en concurso homogéneo y sucesivo.  

Asimismo, en lugar de domicilio fueron asegurados Naren Enrique Durango Méndez, alias ‘Naren’, Eduin Daniel Barrios Morelos, alias ‘Tabaco’ y Alirio José Sibaja Coronado, alias ‘Zuleta’.

Y, con medida no privativa de la libertad fue cobijado Luis Antonio Martínez Martínez.

Los investigados fueron capturados el pasado 3 de noviembre en un operativo conjunto realizado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, en los Municipios de Montería y San Antero (Córdoba).

En 16 allanamientos realizados por la Policía judicial se logró la incautación de dinero en efectivo, celulares y gafas de alta gama.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Córdoba, al parecer, la banda criminal denominada ‘Los de Toditos’ habría iniciado su accionar delictivo en marzo de 2019 y se dedicaba al hurto de personas, viviendas y establecimientos de comercio con el uso de motocicletas y armas de fuego.  

Además, se estableció que, los presuntos delincuentes hurtaban frecuentemente dinero en efectivo, joyas y celulares.

Ninguno de los procesados se allanó a los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación.

Estos resultados responden a la estrategia investigativa para contrarrestar los fenómenos delictivos que afectan la seguridad ciudadana, desarrollada bajo los lineamientos trazados por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.