Dosquebradas lleva respuestas directas a las familias afectadas de Quintas del Jardín

Demoliciones sin costo para las familias, apoyos económicos, alternativas de alojamiento, acceso a salud y acompañamiento psicosocial concentraron la jornada institucional realizada en Quintas del Jardín, donde la Alcaldía de Dosquebradas trasladó su oferta directamente al conjunto para resolver las principales inquietudes que persisten después del terremoto.

La atención posterior al terremoto continúa llegando directamente a las comunidades afectadas. En Quintas del Jardín Colonial, donde varias estructuras presentan daños y algunas ya han requerido procesos de demolición, la Alcaldía reunió en un mismo espacio a las entidades responsables de los principales frentes de atención para entregar respuestas directamente a las familias.

La jornada articuló a la Dirección de Gestión del Riesgo (DIGER) y las secretarías de Obras Públicas, Salud y Desarrollo Social, evitando que los residentes tuvieran que buscar por separado información sobre los diferentes procesos que enfrentan después de la emergencia.

“Lo que hicimos en Quintas del Jardín fue llevar la institucionalidad directamente a la comunidad. Sabemos que después del terremoto hay familias que tienen inquietudes sobre su vivienda, las demoliciones, los apoyos o las rutas disponibles, y por eso articulamos las dependencias para que pudieran recibir respuestas directamente en su conjunto y de acuerdo con cada situación”, señaló Johan Carreño, director de la DIGER.

Uno de los asuntos centrales fue el proceso de demolición de las estructuras identificadas técnicamente para este tipo de intervención. Frente a las inquietudes de los propietarios, se aclaró que los costos de las demoliciones adelantadas por el municipio están siendo asumidos por la Alcaldía, por lo que estas intervenciones no representan un cobro para las familias. También se explicó cómo avanza la entrega de apoyos económicos para hogares afectados y los criterios utilizados para su priorización.

La jornada permitió, además, abordar necesidades que van más allá de la condición física de las viviendas, a raíz de esto, se orientó sobre acceso a servicios, trámites relacionados con el Sisbén, y rutas de atención en salud mental y apoyo psicológico; mientras Desarrollo Social presentó las alternativas disponibles para las familias que requieren alojamiento temporal, entre ellas la unificación en el Centro Vida Argemiro Cárdenas.

Para Sofía Roldán, integrante del consejo del conjunto residencial Quintas del Jardín, contar con las entidades directamente en el sector permitió aclarar situaciones que continuaban generando incertidumbre entre los residentes: “Para nosotros es muy importante que la Alcaldía se haya desplazado hasta el conjunto, porque pudimos expresar directamente nuestras dudas e inquietudes y recibir información clara sobre las diferentes situaciones que estamos viviendo. Agradecemos que hayan venido a escucharnos y orientarnos, porque para la comunidad es importante sentir ese respaldo y saber que están pendientes de nosotros”.

La atención en Quintas del Jardín responde así a una estrategia de llevar las respuestas hasta los sectores afectados, especialmente cuando una misma familia puede requerir simultáneamente orientación técnica sobre su vivienda, información sobre ayudas, atención social o acompañamiento en salud.

De esta manera, la respuesta institucional busca avanzar hacia una atención más cercana y articulada, en la que las comunidades puedan conocer directamente qué proceso aplica para su caso, qué entidad es responsable y qué ruta deben seguir, reduciendo incertidumbres mientras avanzan las diferentes etapas de recuperación después del terremoto.

Dato de interés

La Dirección de Gestión del Riesgo (DIGER) iniciará una campaña educativa en gestión del riesgo dirigida a las comunidades, con contenidos sobre prevención, preparación ante emergencias, identificación de riesgos y recomendaciones para actuar frente a eventos como sismos. La estrategia busca fortalecer la capacidad de respuesta de los ciudadanos desde sus hogares y conjuntos residenciales.

Fiscalía obtuvo sentencias condenatorias contra cuatro responsables de delitos contra la vida en Cali

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación en dos hechos independientes entre sí, permitieron que jueces de conocimiento de Cali (Valle del Cauca) condenaran a cuatro personas implicadas en homicidios.

Los sentenciados fueron encontrados responsables de delitos como homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte de armas de fuego agravado y simple, según las responsabilidades individuales. Las penas impuestas se ubican entre 19 y 33 prisión.

Joan Sebastián Orobio Barón, Jefferson Andrés Riascos Camacho y Jhon Ever Dávila Palacios deberán cumplir una condena a 19 años y 5 meses de prisión. La Fiscalía estableció que el 17 de septiembre de 2025 ellos dispararon contra un vehículo en el que se desplazaban varias personas con quienes los atacantes negociaban la compra de oro. Los tres hombres aceptaron su responsabilidad en el hecho y suscribieron un preacuerdo que fue avalado por un juez.

De otra parte, Jaime Sánchez Pineda fue condenado a 33 años y 4 meses de prisión tras ser encontrado culpable del asesinato de un hombre. El crimen ocurrido el 16 de junio de 2019 en el barrio Alto Meléndez donde la víctima fue atacada con armas contundentes y cortocontundente que le provocaron la muerte.

Las penas impuestas deberán cumplirlas en centros carcelarios. A ninguno de los sentenciados les fue concedido beneficio alguno.

Judicializados presuntos responsables de porte ilegal de armas de uso restringido

La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres personas, entre ellas a dos menores de edad, quienes habrían sido capturados en flagrancia en una vivienda de Buenaventura (Valle del Cauca) donde almacenaban una subametralladora de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas con un proveedor para 30 cartuchos.

En ese sentido, fiscales de la Seccional Valle del Cauca le imputaron al adulto Julio César Riascos Quiñonez y a los dos adolescentes, el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Los cargos no fueron aceptados.

Estas personas fueron detenidas y aprehendidas durante una diligencia de allanamiento y registro a una vivienda. En el operativo, los uniformados detectaron movimientos inusuales en la parte posterior del inmueble, donde varios hombres trataron de ocultarse, encontrando a Julio César Riascos dentro de un baño y a los dos menores en un closet.

Posteriormente, al adelantar la verificación del lugar encontraron el armamento de uso restringido.

Por disposición judicial el adulto fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario y los dos menores de edad con medida de internamiento preventivo en un centro especializado.

Judicializados presuntos responsables de secuestro de conductor de plataforma de transporte

La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco personas, entre ellas a un menor de edad de 17 años, que estarían involucradas en el secuestro de un conductor de una plataforma digital en hechos ocurridos el pasado 3 de abril, en la localidad de Bosa en el sur de Bogotá.

Se trata de Juan David Morillo Beltrán, José David Cervantes Yances, Kevin Eduardo Cuadrado Díaz, José Rafael Herrera Cedeño y un adolescente de 17 años.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que estas personas habrían solicitado un servicio de transporte en una plataforma digital y en el trayecto intimidaron al conductor y le exigieron trasladarse al asiento trasero donde lo hirieron en una de sus piernas y lo llevaron a un inmueble en el barrio El Remanso.

En la vivienda presuntamente lo golpearon y amedrentaron para que realizara transferencias desde sus plataformas digitales bancarias. Asimismo, grabaron videos en los que amenazaban a la víctima con un arma cortopunzante que posteriormente fueron enviados a la familia para exigirle una suma de dinero por su liberación.

El automotor de la víctima fue localizado por uniformados de la Policía Nacional mediante GPS permitiendo rescatar al conductor que se encontraba atado de pies y manos en un baño de la casa. Además fueron detenidos y aprehendidos en flagrancia los cinco procesados e incautada, un arma de fuego, tres celulares y el vehículo hurtado.

Por estos hechos una fiscal Gaula de la Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales le imputó a los cuatro adultos los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado, las dos conductas agravadas.

Por su parte, una fiscal del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la Seccional Bogotá, le imputó al menor de edad los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado, las dos conductas agravadas, además de tortura y lesiones personales.

Los procesados no aceptaron cargos y por disposición judicial los cuatro adultos fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario y el menor de edad con medida de internamiento preventivo en centro especializado.

Confirmada condena contra responsables de atentar contra la vida de un cafetero

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva confirmara la condena proferida, en primera instancia, contra Sandra Milena Cañaveral Zapata y Didier Fernando Puentes Gómez, por el crimen de un comerciante de café en El Agrado (Huila).

Cañaveral Zapata fue condenada a la pena de 26 años y 7 meses de prisión, mientras que Puentes Gómez recibió una condena de 38 años y 7 meses, por su responsabilidad en los delitos de homicidio en grado de tentativa; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios o municiones; ambas conductas agravadas.

La investigación adelantada por una fiscal de la Seccional Huila demostró que en diciembre de 2017, en la vía que comunica a El Agrado con Garzón (Huila), estas personas, que se movilizaban en una motocicleta, abordaron a la víctima luego de que esta realizara unas diligencias comerciales relacionadas con la compraventa de café.

En ese momento, Cañaveral Zapata, quien iba como parrillera, le disparó en varias ocasiones al ciudadano, causándole graves heridas. La víctima fue trasladada a un centro médico, donde fue intervenida quirúrgicamente. Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar.

El juzgado libró orden de captura contra Cañaveral Zapata y Puentes Gómez para que cumplan la condena en centro penitenciario.

Judicializados presuntos responsables de asesinar y despojar de sus pertenencias a un contador en Risaralda

La Fiscalía General de la Nación judicializó a René Antonio Márquez Pérez y a Carlos Mario Zúñiga Rivas por su presunta responsabilidad en el crimen de un contador, en hechos perpetrados el 24 de octubre de 2024 en Dosquebradas (Risaralda).

De acuerdo con los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía, Márquez Pérez, al parecer, se encontró con la víctima y se desplazaron a un hotel ubicado en la vía que conduce de Pereira a Dosquebradas, en donde le disparó.

Posteriormente, Márquez habría salido del lugar a bordo de la camioneta de la víctima y junto a Zúñiga Rivas se desplazaron hacía Valle del Cauca, llevando el cuerpo sin vida del hombre en el vehículo. En el camino lo habrían lanzado al río Cauca.

De acuerdo con la investigación, los dos procesados al parecer, vendieron el celular y los objetos personales de la víctima, además de utilizar en nueve oportunidades las tarjetas bancarias para hacer compras en diferentes establecimientos. El cuerpo del contador fue hallado dos días después a la altura de La Victoria (Valle del Cauca).

Funcionarios adscritos al GAULA de la Policía Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron a los investigados en Dosquebradas (Risaralda) y Zarzal (Valle del Cauca).

Un fiscal de la Seccional Risaralda les imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas; además de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Zúñiga Rivas aceptó los cargos.

Los dos procesados fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Judicializados presuntos responsables de alterar registros de motocicletas

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra de Diego Alexander Aránzazu, Eduardo Bambague Mesa, Cristian Andrés Betancourt Echeverry y Edwin Alexander Bernal Dávalos, presuntos responsables de alterar registros numéricos de identificación de motocicletas.

Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Quindío les imputó los delitos de receptación, falsedad marcaría y falsedad material en documento público. Los cargos no fueron aceptados por los procesados.

Durante el desarrollo de una diligencia de allanamiento y registro, realizada por la Policía Nacional, en un inmueble ubicado en el barrio Bosques de la Cecilia de Armenia (Quindío), se capturaron en flagrancia a estos cuatro hombres.

En el lugar se encontraron una motocicleta, que había sido reportada como hurtada, además de licencias de tránsito falsas a nombre de tres supuestos propietarios de motos.

Por otra parte, se hallaron frascos con sustancias para realizar la regrabación de la identificación de los vehículos y herramientas para desarmar las mismas.

Judicializados presuntos responsables de ocultar cocaína en contenedores refrigerados

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, presentó ante un juez de control de garantías a Rafael José De La Cruz Álvarez, alias Luxury; y a Jaime Llerena Gutiérrez, alias El Gordo, dos presuntos integrantes de una red criminal señalada de alterar contenedores refrigerados para cargarlos con clorhidrato de cocaína y garantizar su salida por el puerto de Barranquilla (Atlántico) rumbo a España y Países Bajos.

Los dos hombres fueron imputados por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. El cargo no fue aceptado.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios los conteiner eran llevados a inmuebles ubicados por fuera del perímetro portuario, modificados para adaptarles caletas en las que la organización ilegal ocultaba diversas cantidades de cocaína y posteriormente retornados a la terminal marítima para coordinar su salida a Europa.

En ese sentido, ‘Luxury’ sería el responsable de todo el componente logístico y el administrador de una bodega dispuesta para realizar el proceso de contaminación de los contenedores. Registros de cámaras de seguridad lo ubican de manera permanente en ese lugar. Por otra parte, ‘El Gordo’ estaría implicado en el traslado de los conteiner.

En el curso de la investigación le fueron incautados 365 kilogramos de clorhidrato de cocaína a esta estructura, en dos procedimientos realizados en Málaga (España) y Róterdam (Países Bajos).

Tirar basura cuando y donde no debe, le puede salir muy caro

El operativo comenzó en la carrera 6ta. con calle 15, a las 7:00 de la noche donde se encontraron basuras tiradas en las calles. Además, casi todos los establecimientos comerciales estaban incumpliendo los horarios establecidos para sacar la basura, lo que genera que tanto animales como personas en situación de calle, escarben y rieguen los residuos, afectando la limpieza de la ciudad.

Paola Andrea Grisales, gerente de la Empresa de Aseo, explicó que «el objetivo de este operativo es claro: queremos una ciudad más limpia y ordenada. Estamos haciendo un esfuerzo conjunto con la Alcaldía, el operador Atesa y la Gobernación para que los comerciantes comprendan la importancia de respetar los horarios de recolección. Cada infracción representa un daño para la ciudad, no solo porque la basura se acumula en las calles, sino porque también afecta el bienestar de toda la comunidad. Como ciudadanos debemos ser responsables y demostrar que Pereira puede ser un ejemplo de limpieza y civismo. Si todos cumplimos con las normas, veremos una ciudad más limpia y agradable para todos».

Al respecto Alejandro Trujillo Mejía, gerente de Atesa de Occidente, indicó que “hoy estuvimos acompañando a la Policía Nacional, Alcaldía Nocturna, Secretaría de Gobierno y la Empresa de Aseo de Pereira, verificando las rutas de recolección en el Centro y socializando con los comerciantes sobre cómo deben manejar sus residuos. Contamos con el apoyo de la comunidad y los comerciantes para mantener la ciudad limpia”.

Por su parte, Mauricio Alberto Vega, líder de la estrategia Alcaldía Nocturna, explicó que “en el operativo de hoy, logramos un trabajo responsable de cultura ciudadana, pero lamentablemente hay quienes aún no tienen conciencia, lo que llevó a que se impusieran 6 comparendos».

La campaña sigue buscando la concientización de todos para mantener la ciudad limpia, respetando los horarios de recolección y evitando el desorden causado por la basura mal ubicada. Se reitera que los operativos continuarán, y se multará a aquellos que no respeten las normativas establecidas para mantener el orden y la limpieza en Pereira.

Instituto de Movilidad de Pereira y Agencia Nacional de Seguridad Vial, se unen por la seguridad de los motociclistas en Pereira

Durante la campaña, que incluyó charlas informativas, actividades educativas y demostraciones de conducción segura, se hizo énfasis en la importancia del respeto por las normas de tránsito, el uso adecuado de los elementos de seguridad como el casco, y la necesidad de adoptar prácticas responsables para evitar accidentes.

La temporada de fin de año, caracterizada por un incremento en la movilidad y las celebraciones, representa un periodo de mayor riesgo para los motociclistas, por lo que la campaña busca promover una cultura de seguridad vial que permita reducir los siniestros viales y proteger tanto a los conductores de motocicletas como a los demás actores viales.

“El compromiso con la seguridad vial es fundamental, y esta campaña refuerza la necesidad de que los motociclistas asuman un rol activo en la protección de su vida y la de los demás. La participación de los ciudadanos en estas iniciativas es clave para lograr una movilidad más segura para todos”, expresó Alejandra López, educadora vial del Instituto de Movilidad de Pereira.

Asimismo, representantes del programa ‘Motodestrezas’ de la ANSV destacaron que la educación vial, es la principal herramienta para cambiar hábitos en los motociclistas y reducir la siniestralidad.

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