Rosero
“Las cárceles deben ser productivas”: alcalde Mauricio Salazar
El mandatario de los pereiranos agradeció la disposición de la entidad nacional para hacer realidad esta iniciativa, y en especial al capitán Mauricio Andrés Erazo Rosero, director de la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad de Pereira La 40, así como del teniente coronel Óscar Leonel Ochoa Sánchez, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Pereira, para acompañar la realización de cada una de estas actividades con los reclusos.
“Las cárceles deben ser productivas, cada privado de la libertad nos cuesta aproximadamente dos millones quinientos mil pesos mensuales, por eso desde hoy empezamos en Pereira trabajos de mantenimiento de vías, rocería y pintura de puentes con privados de la libertad de la Cárcel La 40. El sostenimiento de los reclusos tiene un alto costo para la sociedad, pero hoy empiezan a retribuir y hacer de la cárcel un sitio productivo”, afirmó el alcalde Mauricio Salazar.
Fue enfático el alcalde Mauricio Salazar en reiterar que se busca hacer de la cárcel un sitio productivo para la ciudad, además de instar al gremio empresarial para que se sume a esta iniciativa, pensando en que también se enseñe a los privados de la libertad a cultivar sus propios alimentos o hacer su vestuario y zapatos, amortiguando el gasto que implica el sostenimiento de estas personas mientras se cumple su condena.
Por su parte el capitán Mauricio Andrés Erazo, indicó que “este es un mensaje a la sociedad de que sí se pueden resocializar si les ofrece una segunda oportunidad para enmendar sus errores. Queremos contribuir con la Alcaldía de Pereira en estas actividades, para mejorar el ornato de la ciudad”.
Fiscalía solicita medida privativa de la libertad contra exdirectivos y empresario involucrados en la defraudación de la UNGRD
Al revelar la gravedad y gran parte de los alcances de la organización criminal de la que habrían sido protagonistas, la Fiscalía General de la Nación sustentó ante el Juez 35 con Función de Control Garantías de Bogotá la urgencia y necesidad de imponer una medida privativa de la libertad en centro de reclusión, contra los tres primeros judicializados por el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
La petición, formulada por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, afecta al exdirector de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez; al exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y el contratista Luis Eduardo López Rosero.
“La solicitud no se basa en simples sospechas carentes de respaldo. Por el contrario, existen suficientes elementos de juicio que, sometidos al criterio de la razonabilidad, sirven al propósito de fundamentar la medida de aseguramiento solicitada” aseguró la fiscal del caso.
Durante la audiencia, el grupo de fiscales a cargo de la investigación presentó los elementos probatorios que respaldan la medida de aseguramiento, de acuerdo al rol y grado de participación en el entramado delincuencial, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
“En lo relativo al elemento subjetivo dolo de las conductas punibles endilgadas a Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero, se tiene que dichos ciudadanos conocían que estaban conectándose, a través de una clara división de roles y funciones para cometer delitos contra la administración pública” afirmó la Fiscalía.
“Los imputados tenían pleno conocimiento del comportamiento exigible a aquellos quienes manejan recursos públicos, contratación pública y a quienes el Estado les ha confiado la ejecución de obras, de suministros, de servicios, mucho más aquellos dirigidos a la protección de la población en condiciones de vulnerabilidad”, agregó la Fiscal.
La bancada de la Fiscalía dejó claro que pese a que se pueda aplicar un principio de oportunidad o preacuerdo, es necesario que se dicte una medida privativa de la libertad.
“(…) Ante el supuesto de no concederse el principio de oportunidad, o de no lograrse un preacuerdo, los procesados al verse compelidos a afrontar plenamente su responsabilidad en los delitos imputados y las elevadas penas que para los mismos se consagran, podrían intentar destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar la evidencia física o los elementos materiales probatorios”.
La investigación desarrollada en una primera fase advierte cómo se creó una banda delincuencial que, se habría apoderado de los contratos de la UNGRD para ser direccionados a contratistas específicos que adquirían el compromiso de entregar a cambio millonarias coimas. Los judicializados López Martínez y Pinilla Álvarez, al parecer, direccionaron 21 órdenes de contratación por valor de 228.884 millones de pesos.
La contratación, presuntamente amañada, se ejecutó en tres grandes eventos. El primero consta del acuerdo entre los exfuncionarios y el contratista López Rosero para recibir 6 contratos. Uno de ellos firmado el 12 de octubre de 2023 para la compra de 40 carrotanques por valor de 46.800 millones de pesos, vehículos en los que se llevaría agua potable a las comunidades indígenas vulnerables en la Alta Guajira. Según la investigación, en este contrato se presentó una defraudación de 14.163 millones de pesos.
En un segundo evento se habrían entregado contratos a unos amigos de Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, por 24.238 millones de pesos, suscritos entre el 5 y el 23 de febrero de 2024. En un tercer evento se trasladaron 100 mil millones de pesos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a la UNGRD para ejecutar siete contratos.
Mientras continúa el avance de esta y otras líneas de investigación de la Fiscalía General de la Nación dirigidas a desarticular la “organización criminal” que se habría apoderado de la contratación en la UNGRD, el Juzgado 35 con Función de Control Garantías de Bogotá adoptará la decisión que corresponda ante la solicitud de medida de aseguramiento formulada contra los imputados López Martínez, Pinilla Álvarez y López Rosero.
La audiencia iniciada este miércoles fue suspendida y continuará el próximo sábado 31 de agosto.
Asegurado un hombre que habría participado en el secuestro de una familia
Un fiscal adscrito a la Seccional Putumayo presentó ante un juez de control de garantías de Mocoa (Putumayo) a Roldan Yersenton Araujo Rosero, presuntamente implicado en el secuestro de una familia a la que le estarían exigiendo el pago de 100 millones de pesos.
Según la investigación, el pasado 16 de febrero el procesado; junto con otras personas, al parecer, llegaron a una vivienda ubicada en la vereda Las Planadas de Mocoa. Con la excusa de contratar al padre de familia para una obra construcción, ingresaron al lugar e intimidaron a los residentes con un arma de fuego.
Labores de policía judicial evidenciaron que el hombre y su familia fueron sometidos a malos tratos; además de haber sido amenazados de muerte en caso de no revelar el lugar donde supuestamente tenía guardaos 100 millones de pesos, producto de la venta de una casa. También, habrían encerrado a un menor de edad en una habitación a manera de presión.
Del lugar fueron hurtadas joyas, dinero en efectivo y un celular; elementos avaluados en cerca de 20 millones de pesos. Los procesados abandonaron la vivienda y dejaron a las personas amordazadas.
Por estos hechos, Araujo Rosero fue judicializado por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado. Ninguno de los cargos fue aceptado.