Fiscalía imputa a teniente coronel en retiro que habría amenazado a Lucas Villa y al movimiento estudiantil de Pereira

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al teniente coronel en retiro Hesnard Eduardo Ramírez Rojas, como presunto responsable de emitir mensajes amenazantes en contra del líder estudiantil Lucas Villa Vásquez y los integrantes de los movimientos universitarios de Pereira (Risaralda) que participaban en las movilizaciones sociales de 2021.

Los elementos de prueba indican que el exoficial hizo una publicación en WhatsApp y redes sociales en la que habría descalificado la labor que ejercía Villa Vásquez y justificado el ataque armado del que fue víctima el 5 de mayo de 2021, en el viaducto César Gaviria Trujillo; adicionalmente, anticipaba posibles acciones violentas en contra de la comunidad universitaria que organizaba marchas y concentraciones.

En el curso de la investigación se estableció que el mensaje se divulgó el 6 de mayo de 2021, mientras Lucas Villa permanecía en un hospital con diagnóstico de salud reservado, y se difundió desde el teléfono celular que el entonces teniente coronel tenía asignado por ser el comandante de un batallón del Ejército Nacional con sede en Pereira.

Para la Fiscalía, esta acción generó zozobra y miedo, y representó riesgo para la integridad y la vida de los universitarios que un día antes habían sido testigos de la agresión armada en contra de Lucas Villa. En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó al teniente coronel (r) Hesnard Eduardo Ramírez Rojas los delitos de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, y amenazas.

Los cargos no fueron aceptados por el procesado.

Risaralda, con medidas de seguridad para garantizar la protesta pacífica

El gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar Osorio, destacó el trabajo que se ha realizado con organismos de seguridad, alcaldes y organizaciones de derechos humanos, indígenas y sindicales para tomar todas las medidas preventivas tendientes a garantizar la seguridad en el departamento, durante las marchas convocadas para este jueves 21 de noviembre.

Al concluir el Consejo Departamental de Seguridad, el mandatario reiteró que la protesta pacífica es un derecho constitucional y al cual en Risaralda está todo dispuesto “para darle todas las garantías en materia de seguridad a los marchantes, pero también a quienes no participen en estas marchas”.

Agregó que “es un deber del Estado garantizar los derechos de los ciudadanos; se darán garantías para la protesta pacífica, pero seremos implacables con quienes quieran generar violencia y aprovecharse de la expresión pacífica de la protesta social para salir a ejercer vandalismo».

Salazar Osorio recordó que el Gobierno nacional, a través del Decreto 2087 de noviembre de 2019, faculta a los alcaldes y alcaldes para tomar medidas para la conservación del orden público, con el fin de garantizar y respetar “el derecho a la manifestación pública, pacífica y sin armas”.

“Dosquebradas, Pereira y La Virginia son algunos de los municipios donde los alcaldes han decidido tomar diferentes medidas de seguridad autónomas para garantizar tanto los derechos de quienes protestan como de quienes han decidido no hacerlo”, puntualizó el mandatario en el Consejo de Seguridad realizado en la sala de juntas de su despacho.

Durante el Consejo de Seguridad, el subcomandante del Departamento de Policía Risaralda, teniente coronel Andrés Fernando Serna Bustamante, explicó que tanto en el departamento como en el área metropolitana se instala un puesto de mando unificado que estará a cargo de velar por la tranquilidad de la ciudadanía y se encuentra ubicado en el comando de la Policía Metropolitana de Pereira.