Dosquebradas avanza con una iniciativa para fortalecer a los vendedores formales e informales mediante tres ejes estratégicos: formalización progresiva, reducción de los conflictos asociados al ejercicio de la actividad comercial y fortalecimiento de la oferta institucional. La propuesta fue construida con 984 intervenciones ciudadanas y más de 1.600 aportes temáticos que recogen las principales necesidades del sector.
Dosquebradas avanza hacia una nueva manera de reconocer y fortalecer la economía popular. La Administración del alcalde Roberto Jiménez Naranjo consolidó la primera ‘Política Pública del Vendedor Formal e Informal’ del municipio, una herramienta de planificación que busca convertir las necesidades históricas del sector en acciones sostenibles, medibles y con proyección de largo plazo.
Luego de recibir el aval del Consejo Municipal de Política Social (COMPOS), el documento será socializado el próximo 29 de julio ante el Concejo Municipal. Su aprobación permitirá establecer una hoja de ruta que articule a las instituciones, defina responsabilidades y dé continuidad a los programas dirigidos a quienes encuentran en el comercio su principal fuente de ingresos.
La propuesta responde a un contexto económico en el que la informalidad debe abordarse también desde lo social. En Dosquebradas, el 58 % de la población está registrado en el Sisbén, más de 30.000 personas se encuentran en condición de vulnerabilidad, el Índice de Pobreza Multidimensional alcanza el 12,84 % y el desempleo se aproxima al 10 %. Estos indicadores evidencian la necesidad de construir alternativas que combinen acompañamiento social, fortalecimiento productivo y generación de oportunidades.
La secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, Tatiana Ocampo, explicó que la política busca acompañar al sector mediante soluciones graduales y ajustadas a su realidad: “Esta política pública reconoce que detrás de cada actividad comercial existe una familia, una historia de esfuerzo y una fuente de sustento. Nuestro propósito es acompañar a los vendedores con formación, acceso a la oferta institucional y una ruta progresiva que les permita fortalecer sus unidades productivas, crecer y avanzar hacia la formalidad. No se trata únicamente de establecer lineamientos, sino de crear oportunidades reales para dignificar su trabajo y consolidar la economía popular de Dosquebradas”.
Es de destacar que la formulación del documento estuvo precedida por un amplio proceso de participación desarrollado entre octubre de 2025 y junio de 2026. Mediante encuestas, mesas comunitarias y encuentros con vendedores, comerciantes, gremios, entidades y otros actores, se recogieron 984 intervenciones ciudadanas que posteriormente fueron sistematizadas en más de 1.600 aportes temáticos, organizados en 14 categorías.
Este ejercicio permitió identificar las prioridades expresadas directamente por el sector. La seguridad y la convivencia en las zonas comerciales concentraron el 17,2 % de las intervenciones; la asignación y organización de lugares adecuados para trabajar, el 16,3 %; la capacitación empresarial, el 14 %; y las rutas de formalización, el 9,7 %. También se plantearon necesidades relacionadas con acceso al crédito, protección social, servicios públicos, acompañamiento institucional y nuevos escenarios de comercialización.
A partir de este diagnóstico, la política se estructuró sobre tres ejes estratégicos. El primero plantea reducir la informalidad laboral mediante procesos progresivos y concertados; el segundo busca disminuir las situaciones de conflictividad relacionadas con el ejercicio de la actividad comercial; y el tercero propone ampliar la incidencia de los programas institucionales dirigidos a esta población, mediante una coordinación más efectiva entre las diferentes dependencias y entidades.
Uno de sus componentes centrales será la ‘Ruta Progresiva hacia la Formalidad’, concebida como un proceso voluntario y gradual que permitirá orientar a los vendedores según sus condiciones particulares. La estrategia incluirá formación, caracterización, fortalecimiento empresarial y acceso a programas institucionales, con un enfoque diferencial para adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres cabeza de hogar, víctimas del conflicto, jóvenes y otras poblaciones vulnerables.
Asimismo, el documento contempla la conformación de una mesa técnica encargada de acompañar su implementación, revisar el cumplimiento de las metas y evaluar los resultados alcanzados. Este mecanismo permitirá actualizar las acciones cuando cambien las dinámicas del sector y evitar que la política se convierta en un documento estático sin capacidad de respuesta.
La iniciativa también se articulará con los instrumentos normativos vigentes en el municipio, entre ellos el Decreto de Aprovechamiento Económico del Espacio Público y el Decreto de Áreas de Cesión, con el fin de consolidar una respuesta institucional coherente que conecte la planificación territorial con las estrategias de desarrollo económico y acompañamiento social.
Ahora bien, si recibe la aprobación del Concejo Municipal, Dosquebradas contará por primera vez con una política especializada para los vendedores formales e informales y se posicionará entre los municipios pioneros de Risaralda en reconocer la economía popular como un componente estratégico del desarrollo local.
Cabe anotar que, más que establecer lineamientos, esta política busca garantizar que las acciones dirigidas al sector tengan continuidad, presupuesto, responsables y mecanismos de evaluación. De esta manera, las necesidades recogidas durante el proceso participativo podrán traducirse en programas concretos de formación, formalización, protección social y fortalecimiento comercial, proyectando una economía local más incluyente, sostenible y capaz de generar mejores condiciones para miles de familias.
Dato de interés
Durante 2025, Dosquebradas registró 7.192 empresas, de las cuales el 93,7 % correspondía a microempresas. Esta composición evidencia el peso de los pequeños negocios y emprendimientos familiares en la economía local, y refuerza la importancia de contar con una política pública que promueva su sostenibilidad, crecimiento y transición progresiva hacia la formalidad.
