La Fiscalía logró que cuatro presuntas extorisionistas fueran judicializadas

Un fiscal adscrito a la Seccional Putumayo logró que un juez de control de garantías enviara a prisión a cuatro mujeres, presuntamente, implicadas en extorsiones ocurridas en Puerto Asís y Mocoa (Putumayo).

El primer caso involucraría a Tania Georgina Martínez Ordóñez, capturada en flagrancia cuando se disponía a recibir 150.000 pesos, presuntamente, producto de exigencias económicas ilícitas realizadas contra un hombre en Puerto Asís (Putumayo).

Los hechos investigados venían ocurriendo desde 2021 cuando a la víctima le eran enviados mensajes de texto en los que le exigían el pago de tres millones de pesos, so pena de atentar contra su vida y la de sus hijas.  Un operativo coordinado entre el CTI y el Gaula Militar permitió capturar a Martínez Ordóñez en el barrio Acevedo de Puerto Asís.

Extorsión realizada mediante llamada de falso policía 

En otra acción fueron judicializadas María Susana Medina Uribe y Jeimmy Viviana Parada Medina quienes, al parecer, retiraron 700.000 pesos de una empresa de giros, dinero presuntamente, producto de una extorsión a mujer en Mocoa (Putumayo).

Según la investigación, en agosto de 2020 la víctima recibió una llamada en la que le informaban que un conocido suyo había tenido un accidente que involucraba varias víctimas. Un supuesto policía afirmó que para evitar la judicialización del hombre debían transferirle 500.000 pesos; suma que fue girada por la víctima.

Las procesadas fueron capturadas por servidores del CTI y del Gaula Militar en Bogotá como las presuntas responsables de reclamar el dinero, producto de la extorsión, en una empresa de pagos y giros.

Exigencias económicas ilegales tras intercambio de fotos íntimas 

En otros hechos el Gaula de la Policía y el Ejército Nacional capturaron por orden judicial en la capital del país a Mayerlis Rocío Miranda Romero. Según se demostró, el 8 de junio de 2022 a través de un perfil falso en una red social la mujer contactó a un hombre con quien sostuvo conversaciones e intercambiaron fotografías íntimas.

Al día siguiente el hombre fue contactado telefónicamente por un presunto policía quien le manifestó que la mujer con la que había hablado era menor de edad y que sus padres lo denunciarían por delitos sexuales. Para evitar el proceso le exigió el pago 3 millones de pesos. La procesada fue la encargada de reclamar el dinero en una empresa de giros.

Por determinación de los jueces de control de garantías Martínez Ordóñez fue cobijada con medida de aseguramiento en un centro carcelario; mientras que Medina Uribe, Parada

Medina y Miranda Romero lo fueron con detención domiciliaria.

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