Las evidencias aportadas por la Fiscalía General de la Nación fueron determinantes para que un juez de conocimiento condenara a 7 años y 3 meses de prisión a Claudia Lorena Moscoso Gilón, responsable de participar en la exigencia de 25 millones de pesos como contraprestación por gestionar el archivo de una investigación.
La Fiscalía estableció que la procesada trabajaba como asesora externa en la oficina jurídica de una compañía transportadora con sede en Tuluá (Valle del Cauca), y que era investigada por posibles irregularidades.
Esta circunstancia fue aprovechada por la mujer para contactar a una empleada de la sociedad para ofrecerle su ayuda y lograr cerrar el caso. La sentenciada se comprometió a conseguir información; además de contar con una persona que ejerce funciones de policía judicial quien concretaría el pretendido archivo.
El pago inicial debía ser de un millón de pesos como anticipo, y así poder iniciar la búsqueda de la información del respectivo proceso. Posteriormente le exigieron una nueva suma de dinero para que el policía judicial lograra el archivo del proceso, dinero que fue recibido a través de Moscoso Gilón.
Por estos hechos y ante la carga probatoria aportada por la Fiscalía, el juez de conocimiento encontró a Claudia Lorena Moscoso Gilón responsable del delito de concusión en calidad de interviniente.
Actualmente, la sentenciada permanece recluida en un establecimiento penitenciario por su presunta participación en las amenazas de muerte de las que fueron víctimas jueces, fiscales, líderes políticos, periodistas, abogados e integrantes de la fuerza pública en Tuluá.
Las intimidaciones habrían sido adelantadas a través de panfletos y actos violentos, a nombre de la organización delincuencial que ella autodenominó ‘Los Cancerberos’.
