Millones

A la cárcel 5 presuntos responsables de un millonario hurto en zona rural

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Por solicitud de la Fiscalía un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de cinco personas que habrían participado del hurto de 190 millones de pesos en una vivienda ubicada en la vereda Clavellinas, del municipio de Aratoca.

Los hechos ocurrieron el 28 de noviembre de 2022, cuando los asaltantes llegaron al inmueble con armas de fuego intimidando a los residentes de la finca a quienes encerraron en una habitación, mientras que ellos inspeccionaban el lugar apropiándose de la millonaria suma.

Ante la denuncia de la víctima se iniciaron labores de Policía Judicial que permitieron la identificación de los presuntos responsables, quienes fueron capturados por orden judicial por parte de la Fiscalía y la Policía Nacional, siendo presentados en audiencias concentradas en las que se les imputó cargos por el delito de hurto calificado y agravado.

Los asegurados son Elkin Mejía, Ronald Cárdenas, Samuel Fandiño, Natividad Berrio y Jesús Gregorio Morales.

Judicializadas 9 personas por presuntas transferencias ilegales en un CAMU por más de $500 millones

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Luego de la labor adelantada por un Fiscal Seccional de la Unidad de Estructura de Apoyo (EDA), nueve personas fueron imputadas por el delito de peculado por apropiación en concurso heterogéneo con transferencia no consentida de activos, en calidad de autores y cómplices, cada uno según su participación en el hecho ilícito.

De acuerdo con el ente investigador, en el Centro de Atención Médica de Urgencias (CAMU), San Rafael del municipio de Sahagún (Córdoba), habrían instalado en el computador de la tesorera, un programa para conectarse vía remota y así acceder a una cuenta corriente del CAMU.

De esta manera violentaron el sistema de seguridad y realizaron ocho transferencias virtuales a otras cuentas bancarias de personas que no tenían ningún vínculo con ese centro de salud. Las transferencias financieras ilegales tuvieron un valor de $515’000.000 millones.

La gerente encargada y representante del lugar fue quien instauró la correspondiente denuncia ante las autoridades por estos hechos ocurridos el 16 de mayo de 2022.

El 21 de junio en curso fueron realizadas las capturas de los imputados, simultáneamente, por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y el Gaula Militar en vías públicas de Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Medellín y Gamarra (Cesar).

Las personas señaladas de presuntamente participar en el hurto digital, denunciado el 18 de mayo del año anterior fueron identificadas como:

Manuel Antonio Rojas Miranda, Luis Miguel Pérez Barreto, Dante David Collante Saavedra, Carmen Julia Tipón Hurtado, Noris del Carmen Rocha Cabarcas, Armando Alfonso Aya Millán, Luis David Hernández Acosta, Diana Carolina Ayús Cervantes y José Gregorio Mercado Ochoa.

Tras las audiencias concentradas un juez promiscuo municipal con funciones de control de garantías de Sahagún, cobijó con detención preventiva en establecimiento de reclusión a Carmen Julia Tipón Hurtado, mientras que a Diana Carolina Ayús Cervantes y Noris del Carmen Rocha Cabarcas les impusieron medida de detención preventiva domiciliaria.

Los demás imputados fueron cobijados con medidas de aseguramiento no privativas de la libertad.

Fiscalía entrega al fondo para la reparación a las víctimas bienes avaluados en más de 20.830 millones de pesos que habrían pertenecido a las extintas AUC

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En cumplimiento de la segunda fase de entrega de bienes establecida entre el Fondo para la Reparación a las Víctimas y la Fiscalía General de la Nación se ha puesto a disposición de esa entidad 83 inmuebles vinculados a integrantes de los grupos armados ilegales de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las FARC, avaluados en más de 66.202 millones de pesos.

En las últimas dos semanas fueron entregados 10 predios ubicados en Antioquia, Bolívar, Cundinamarca y Tolima, que ascienden en valor a 20.830 millones de pesos.

Por solicitud de fiscales del Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional, las propiedades fueron afectadas previamente con medidas de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, las cuales fueron impuestas por magistrados de Justicia y Paz de distintos tribunales superiores del país.

Se destacan bienes que estarían relacionados con cuatro estructuras armadas ilegales así:

Finca La Piscina o Santa Ana, en Envigado (Antioquia), que haría parte del patrimonio ilícito de Carlos Mario Aguilar Echeverri, alias Rogelio, exjefe de la autodenominada ‘Oficina de Envigado’. Este inmueble, avaluado en 1.605 millones de pesos, estaba en manos de Jorge Mario Pérez Marín, alias Morro. En esta finca fueron asesinados cinco hombres y cuatro mujeres, el 31 de diciembre de 2013, entre ellos alias Morro y una reconocida modelo.
168 lotes en Ricaurte (Cundinamarca), ubicados en el condominio “Reservas Del Paguey”, que estarían a nombre de terceros que tendrían vínculos con José Miguel Arroyave Ruiz, alias Arcángel, excabecilla del Bloque Centauros. El valor de estos bienes supera los 10.440 millones de pesos.
Predio denominado el Mirador, localizado en Santa Rosa de Sur (Bolívar), cuyo avalúo supera los 3.552 millones de pesos. Este inmueble perteneció a Edwin Ferney Uribe Téllez, alias El Cabezón, excabecilla del Bloque Central Bolívar.
Hacienda Guamal, ubicada en la vereda El Salado, en San Luis (Tolima). El predio tiene una extensión total de 367 hectáreas y su valor se aproxima a los 2.500 millones de pesos. Los elementos de prueba indican que esta propiedad habría servido como centro de planeación de las actividades criminales del Bloque Tolima y como punto de acopio de armamento.
Predio Malokas, en zona rural de San Lucía (Tolima). Se trata de un globo de terreno conformado por tres bienes avaluados en más de 2.069 millones de pesos. Este lugar, al parecer, fue utilizado como asentamiento por varias estructuras armadas del Bloque Tolima y se usó para instalar antenas de comunicaciones.
Estos resultados son producto del trabajo coordinado de la Fiscalía General de la Nación, el CTI, la Policía Nacional y el Ejército Nacional.

En los últimos 40 meses, la Dirección de Justicia Transicional ha entregado al Fondo para la Reparación a la Víctimas, para su administración, 1.079 bienes que ascienden en valor a 854.805 millones de pesos.

Fiscalía acusa a exjuez que habría ordenado el pago irregular de más de 11.000 millones de pesos a docentes

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La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Wilson Escarria Camacho, un exjuez laboral de Buenaventura (Valle del Cauca) que habría fallado de manera irregular siete procesos en favor de un grupo de profesores que reclamaba el pago de los dineros que, supuestamente, les debía reconocer el empleador por retrasos en la consignación de las cesantías.

Los elementos de prueba indican que, en 2011, el entonces funcionario judicial, al parecer, desconoció varias normas legales para beneficiar a 800 docentes que demandaron al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

En ese sentido, se estableció que el entonces juez debía rechazar las pretensiones porque los peticionarios no anexaron el título ejecutivo que daba cuenta del posible incumplimiento por parte del empleador. Adicionalmente, se constató que asumió el estudio de hechos prescritos, y notificó sus decisiones a la Alcaldía de Buenaventura y no al fondo demandado.

También quedó en evidencia que fijó pagos para los docentes, más honorarios para los abogados que los representaron; y dispuso el embargo de cuentas bancarias que administraban recursos públicos para garantizar el desembolso de 11.281 millones de pesos para los profesores.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acusó al exjuez Escarria Camacho siete eventos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y 21 casos de prevaricato por acción. La etapa de juicio se realizará a instancia del Tribunal Superior de Bogotá.

A la cárcel patrulleros de la Policía Nacional que habría retenido a un menor de edad en contra de su voluntad

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Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Medellín impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de los patrulleros de le policía Luis Carlos Jaimes Contreras, Óscar Eduardo Rodríguez Bedoya, Rubén Darío Romero Mosquera y Jader Mosquera Guerrero, como presuntos responsables de peculado por apropiación, concusión y privación ilegal de la libertad.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, los hechos habrían ocurrido en el barrio Sevilla de Medellín (Antioquia), la noche del 20 de agosto de 2022, cuando los uniformados, al parecer, retuvieron a un joven de 17 años y le exigieron la suma de 4 millones de pesos, a cambio de no judicializarlo por el supuesto hurto de la motocicleta en la que se movilizaba.

Los elementos materiales de prueba permitieron establecer que el menor fue conducido hasta la estación de policía del barrio Aranjuez y no a la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes (URPA), como establecen los protocolos para los menores aprehendidos.

Se evidenció además que, ante la negativa del adolescente de entregar el dinero, los policiales lo dejaron en libertad con el compromiso de traer la suma exigida. Para garantizar el pago de exigencia ilícita, los patrulleros lo habrían despojado de la moto, un celular y un reloj, todos los elementos valorados en la suma de $ 21 350 000.

Los defensores de Rodríguez Bedoya y Mosquera Guerrero apelaron la decisión ante la segunda instancia.

Privado de la libertad alias Costeño como presunto autor del crimen de una mujer adulta mayor y el robo de $60 millones

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Un fiscal de la Unidad de Vida de Pasto logró que un juez penal con control de garantías dictara medida de aseguramiento contra José María de la Hoz Aguado, alias Costeño, consistente en detención carcelaria.

Alias Costeño fue imputado con cargos como presunto autor material de los delitos de homicidio agravado en concurso con hurto calificado.

El hombre es judicializado por hechos ocurridos el 5 de octubre de 2022, en el barrio El Jardín del corregimiento de Madrigales, zona rural de Policarpa (Nariño), cuando valiéndose de la amistad y confianza de la víctima de 85 años, ingresó a una vivienda con el propósito presuntamente de apoderarse de $60.000.000.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, De la Hoz Aguado habría atacado a la mujer con un cuchillo, propinándole cuatro heridas graves, que le causaron la muerte. Cometido el crimen, el hombre se apoderó de la millonaria suma, salió del inmueble, y emprendió la fuga.

Iniciadas las indagaciones e individualización del presunto autor del homicidio, la Fiscalía logró establecer que el hombre habría viajado a la Costa Atlántica, huyendo de las autoridades.

Al avalar las evidencias recaudadas por investigadores de Policía Judicial, un juez penal Promiscuo de Policarpa emitiera una orden de captura contra alias Costeño, quien fue detenido por agentes de vigilancia de la Policía Nacional en el municipio de Monte Líbano (Córdoba), durante operativos de registro y verificación de antecedentes.

Durante las audiencias concentradas, José María de la Hoz Aguado no aceptó los cargos imputados por lo que la medida de privación de la libertad en centro carcelario quedó en firme.

Condenadas dos mujeres que estafaron con inexistentes proyectos de viviendas de interés social en el país

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La Fiscalía General de la Nación logró que un juez condenara en Casanare a ocho años y un mes de prisión a Norma Constanza Mejía Galeano y Olga Ximena del Pilar Herrera Villarraga, como responsables del delito de estafa agravada.

A través de la empresa ‘Promoviendo Tu Futuro’, 151 personas de bajos recursos de Yopal, Paz de Ariporo y Hato Corozal (Casanare), pagaron cuotas de inscripción, derecho a planos y otros supuestos trámites y permisos para la supuesta construcción de viviendas por valor de $ 107.7 millones de pesos, los cuales eran entregados a un líder comunitario o girados a través de empresas de envíos a las falsas contratistas.

Al comprobar que los días pasaban sin iniciar trabajos, el líder, a quien contrataron para promover el supuesto proyecto, busco a las mujeres en Ibagué (Tolima) dónde las conoció, sin obtener respuesta, por lo cual denunció los hechos.

Dentro de las pruebas aportadas por la Fiscalía se encuentran otras 12 denuncias contra las mujeres de 63 y 40 años por presunta estafa en varias regiones del país.

Ante la negativa del juzgado de otorgar subrogados a Mejia Galeano y Herrera Villarraga, éstas deberán cumplir la pena en centro carcelario.

Fiscalía entrega al fondo para la reparación a las víctimas bienes avaluados en más de 10.600 millones de pesos que pertenecerían a las extintas Farc y AUC

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La Fiscalía General de la Nación entregó al Fondo para la Reparación a las Víctimas 25 bienes avaluados en más de 10.608 millones de pesos, que harían parte del patrimonio ilícito obtenido por estructuras de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las Farc.

Las actividades investigativas dan cuenta de que las propiedades habrían sido adquiridas con dineros producto de las actividades ilegales. En ese sentido, fiscales de la Dirección de Justicia Transicional acudieron ante distintos tribunales de Justicia y Paz y obtuvieron medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo.

Entre los inmuebles afectados sobresalen:

  • Finca ‘La Serrana Barcelona’, ubicada en zona rural de San José (Caldas). El bien, que asciende en valor a 2.316 millones de pesos, estaría relacionado con el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco.
  • Finca ‘La Alhambra’, localizada en Alcalá (Valle del Cauca). Este terreno, avaluado preliminarmente en 1.300 millones de pesos, estaría asociado al denominado Comando Conjunto de Occidente de las Farc y, presuntamente, fue utilizado para ejercer la ganadería y planear actos violentos para intimidar a la población civil.
  • Hacienda ‘La Bonita’, en Morelia (Caquetá). El bien está conformado por seis predios que superan en valor los 1.214 millones de pesos. En las investigaciones se estableció que estuvieron al servicio del Frente Sur de los Andaquíes del Bloque Central Bolívar de las AUC, y en su momento fueron dispuestos como centro de concentración y coordinación de homicidios, secuestros, entre otras conductas criminales.

Este resultado fue posible gracias al trabajo coordinado del Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional, el CTI la Policía Nacional y el Ejército Nacional.

En los últimos 39 meses, la Fiscalía General de la Nación ha entregado al Fondo para la Reparación a la Víctimas, para su administración, 1.062 inmuebles avaluados en más de 845.864 millones de pesos.

Cárcel para hombre que transportaba 725 millones de pesos en vías

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Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad a Rodrigo Gualdrón Bolívar, quien fue capturado en situación de flagrancia mientras transportaba 725 millones de pesos.

El procesado fue interceptado por unidades de la Policía Nacional en el kilómetro 42 de la vía Cimitarra – Puerto Araújo, en Santander. Durante la inspección al vehículo en el que se movilizaba fueron encontrados ocultos varios fajos de billetes, sobre los cuales no había documento que soportara el origen y la destinación.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializado contra el Lavado de Activos imputó a Gualdrón Bolívar el delito de lavado de activos. El cargo no fue aceptado.

Fiscalía judicializa a un hombre que transportaba más de mil millones de pesos en carreteras

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La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Yeison David Arias López, quien fue capturado en situación de flagrancia mientras transportaba algo más de 1.044 millones de pesos en una vía de la vereda El Cedro del corregimiento Brúcelas, en Pitalito (Huila).

El procesado, de 28 años, se movilizaba en un vehículo particular de color gris. Personal del CTI y unidades del Batallón de Infantería Magdalena del Ejército Nacional lo interceptaron e inspeccionaron el automotor. En los guardabarros delanteros encontraron ocultos 88 paquetes de billetes, en denominaciones de 100.000 y 50.000 pesos.

Durante el procedimiento el poseedor de la suma no aportó soportes que justificaran su origen o destinación. En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos le imputó los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Los cargos no fueron aceptados por el procesado, que deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

El material de prueba obtenido hasta el momento indica que el dinero, al parecer, iba a ser utilizado para adquirir estupefacientes en Putumayo. Las investigaciones continúan.